JUSTICIA

El apoyo de una vocal al indulto a Griñán, nuevo motivo de choque en el CGPJ

  • Siete vocales del sector conservador manifiestan públicamente su desacuerdo con el apoyo de la progresista Pilar Sepúlveda a la petición de la familia.

  • La vocal replica que se trata de una firma de apoyo a título "estrictamente personal a una iniciativa humanitaria, y perfectamente legal".

  • La Audiencia de Sevilla recibe la sentencia del Supremo e inicia la ejecución de la sentencia de los ERE, pero no hay plazo para ordenar prisiones.

José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta de Andaluc

José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta de Andaluc / María José López/ Europa Press

4
Se lee en minutos

El desencuentro entre los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está impidiendo el consenso necesario para que este órgano nombre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), cuenta desde este lunes con un nuevo punto de fricción. Siete de los vocales designados a propuesta del PP han hecho pública una nota en la que muestran su desacuerdo con el apoyo que una de las progresistas, la abogada Pilar Sepúlveda, ha mostrado al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, al aparecer en la lista de personalidades que apoyan que sea indultado por el Gobierno.

Este posicionamiento encona aún más las posturas de cara a la reunión que está convocada este miércoles entre los interlocutores de ambos grupos para tratar de avanzar en los nombramientos. Concretamente, los firmantes del comunicado muestran su "total desacuerdo con la participación de la firmante de la petición de indulto y la aparente intromisión que ello puede suponer en asuntos que penden ante los tribunales".

"Ignoramos si en la firma del documento se hace constar o no la condición de vocal, pero en cualquier caso consideramos irrelevante tal circunstancia, ya que la pertenencia de la señora Sepúlveda al órgano de gobierno del Poder Judicial, además de notoria, se resalta en la difusión que los medios de comunicación están haciendo de su adhesión", añade la nota. Sepúlveda, abogada sevillana, fue una de las vocales designadas a propuesta del PSOE.

Tras conocer el comunicado, Sepúlveda ha señalado a este diario que la suya ha sido "una firma de apoyo a título estrictamente personal a una iniciativa humanitaria, y perfectamente legal". Además, únicamente figura su nombre, no su cargo en el Consejo ni ninguna otra manifestación.

NEUTRALIDAD DEL CGPJ, COMPROMETIDA

Según los vocales que censuran este apoyo, "aún tratándose de una posición personal y particular que no refleja la posición del CGPJ", consideran que la imagen de "necesaria neutralidad" del órgano de gobierno de los jueces puede quedar "seriamente comprometida" ante la opinión pública. "Podría entenderse como una intromisión en las competencias de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo que ha de emitir un preceptivo informe y, en su caso, de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del alto tribunal llamada a una hipotética revisión del indulto".

Añaden que la firma de la petición de indulto "entraña un plus" respecto de lo que podría ser una manifestación personal, una opinión sobre la oportunidad o conveniencia de otorgar el indulto. "La adhesión mediante la firma del escrito dirigido al presidente del Gobierno de España supone un papel activo y relevante, con una difusión aumentada por el carácter de autoridad del gobierno judicial, que colisiona con los referidos deberes de prudencia y neutralidad que deben guiar la actuación del Consejo General del Poder Judicial", concluyen.

La nota está firmada por los vocales Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual (ambos interlocutores para intentar el consenso respecto a la renovación del TC), además de por Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño y María Ángeles Carmona Vergara

Vocales progresistas consultados por EL PERÓDICO DE ESPAÑA señalan la redacción de esta nota evidencia las "pocas ganas" de negociar "o que haya concordia" que tiene el sector designado a propuesta del PP, con independencia de la valoración que les pueda merecer el movimiento de Sepúlveda. Se trataría de "crear confrontación, para alegar que no hay clima propicio para alcanzar un consenso". Otro de los consejeros recuerda que son precisamente los vocales del sector conservador quientes han perdido "abierta y públicamente toda neutralidad", como cuando han manifestado durante la deliberación del último Pleno que la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que ponía plazo a las designaciones del TC no les gusta y no querían cumplirla.

FASE DE EJECUCIÓN EN LA AUDIENCIA DE SEVILLA

Por otra parte, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ya ha recibido este lunes las actuaciones relacionadas con la sentencia de los ERE dictada por el Tribunal Supremo. Desde este momento, por lo tanto, comienza lo que se denomina la fase de ejecución de la sentencia, en la que se incardinan las eventuales órdenes de ingreso en prisión de los condenados por malversación.

No hay plazo temporal para ello, por lo que ahora hay que esperar si la Audiencia actúa de inmediato o espera a que antes resuelva el Tribunal Constitucional (TC). El órgano de garantías tendrá sobre la mesa previsiblemente la a petición de la defensa de Griñán y del resto de condenados para dejar en suspenso la ejecución de las condenas mientras decide sobre el fondo, esto es, sobre una presunta vulneración de los derechos fundamentales de los condenados. Las defensas aún no han presentado estos recursos, ya que para ello antes deben agotar el trámite de nulidad ante el propio Tribunal Supremo.

La composición de la Sala que resolverá la ejecución de la sentencia del caso ERE está preestablecida por las normas de sustitución interna de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, según ha aclarado el propio órgano. Su presidente es Pedro Izquierdo, quien fue secretario general de Justicia en Gobiernos del PSOE y que ya fue recusado para enjuiciar esta pieza política de la 'macrocausa' de los ERE.

Noticias relacionadas