Andalucía se enreda con las luces de Navidad: pone límites y se retracta

Las comunidades tienen que poner sobre la mesa del Gobierno sus propios planes de ahorro energético, a lo que quedaron citadas tras el polémico decreto del pasado verano que ponía límites a las luces de los escaparates, los monumentos y los edificios públicos o topes al aire acondicionado a 27 grados. A la vez, España tendrá que poner sobre la mesa de la Comisión Europea sus propias medidas para conseguir un ahorro del 10% en el consumo de energía, hasta del 5% en hora punta, según lo propuesta la pasada semana por la presidenta Ursula Von der Leyen. El tablero de juego está claro: empresas y ciudadanos tendrán que apretarse el cinturón y los gobiernos trazar los límites. Sin embargo, en Andalucía su Gobierno vuelve a enredarse con este asunto, desdiciéndose de las medidas que ha propuesto en un borrado de decreto que pone límites al alumbrado navideño.

El decreto de protección frente a la contaminación lumínica recoge que las ciudades y pueblos andaluces no enciendan su alumbrado navideño hasta el próximo 8 de diciembre, coincidiendo con el Puente de la Inmaculada que suele fijar la salida a las fiestas navideñas. La recomendación es acotar las luces navideñas entre el 22 de diciembre y el 8 de enero, según el texto del borrador al que ha tenido acceso este periódico y en el que trabaja la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. El decreto colea desde la anterior legislatura, cuando ya pasó su fase de consulta pública y recomienda a los ayuntamientos regular en sus ordenanzas municipales medidas de control para que la iluminación navideña ayude contra la contaminación lumínica y a favor del ahorro de consumo energético.

Pese a que el PP se opuso de forma frontal este verano al decreto de ahorro energético que obligaba a apagar las luces en los escaparates, alegando que invadía competencias privadas y poniendo en pie una ofensiva contra esa medida, el borrador que maneja la Junta de Andalucía, gobernada por el popular Juan Manuel Moreno, se pronuncia en esa misma línea. Se recomienda que funcionen las luces navideñas el mínimo tiempo posible en horario de noche, instando a su apagado salvo días clave de la Navidad.

Una vez que las medidas contenidas en este decreto han salido a la luz el Gobierno andaluz ha echado el freno con la advertencia de que se trata de un borrador que aún no ha sido cerrado y que son solo sugerencias. Desde la Consejería de Sostenibilidad insisten en que se consensuarán y pactarán las medidas, sin imposiciones.

Ni imponer, ni multar

“Andalucía tiene planes propios para aumentar el ahorro energético, y estamos estudiando algunas opciones para rebajar la factura eléctrica de la próxima campaña navideña, barajando en un primer borrador, sometido a consulta pública, la posibilidad de retrasar hasta el Puente de la Constitución el encendido festivo, por ejemplo”, señalan fuentes del Gobierno andaluz. No es un texto cerrado y se esperan alternativas de los ayuntamientos. “Estamos valorando que sean los municipios los que tengan la última palabra”, agregan desde el Ejecutivo de Moreno.

Las comunidades del PP se quejaron precisamente al Gobierno de la nación por no poder participar en el decreto de ahorro energético del pasado verano poniendo sobre la mesa sus propias medidas. “Somos sensibles a las necesidades del sector comercial y a la preocupación de las empresas de iluminación, y también sabemos que debemos contribuir a los objetivos de ahorro energético y reducción de la contaminación lumínica”, insisten anticipándose a una polémica que ya empezaba a dejarse notar. “Nuestra voluntad es la de consensuar todas las medidas”, insisten desde el Gobierno andaluz.

Cuando el Gobierno aprobó el pasado agosto su decreto de ahorro energético la comunidad de Madrid lideró una rebelión a la que arrastró al resto de regiones del PP, aunque Andalucía descartó la vía judicial y elaboró un discurso propio, matizando esa confrontación total. Se opuso al decreto pero solo en la parte punitiva y sancionadora y en las medidas que afectaban al sector privado, insistiendo en solicitar su derogación. En lo que se refería a las administraciones públicas, la Junta de Andalucía defendió que deben “dar ejemplo” y avaló un plan alternativo que sobrepasaba en muchas medidas a las impuestas por el Gobierno de la nación. El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, anticipó que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno iba a poner en marcha medidas que superarán el ahorro impuesto por la UE. Ese plan no era nuevo, hacía meses que presentó medidas de mejora de eficiencia energética en la que llaman Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (REDJA), con un único contrato para 5.000 de sus puntos de suministros eléctricos en hospitales, institutos, instalaciones deportivas, oficinas y universidades que garantiza que el cien por cien del consumo viene de energías renovables.

Ese plan contempla la renovación de la flota de vehículos oficiales con 147 coches eléctricos, obligará a los viajes compartidos por los empleados públicos y a optimizar las rutas para ahorrar consumo. Se fomentará el teletrabajo y habrá auditorías energéticas a hospitales y juzgados, se controlará el consumo y se penalizará el desvío ante el exceso. La Junta empleará fondos FEDER de la UE para invertir en la mejora energética de los edificios públicos y habrá ayudas para fomentar el autoconsumo también en hogares y empresas “con inversiones que alcanzarán los 1.730 millones de euros”.