El PP solo apoyará un impuesto a energéticas igual al de la UE y sin que afecte a la banca

La dimensión europea que ya ha adquirido el debate sobre un gravamen a las compañías energéticas en un momento de crisis absoluta por culpa de la guerra en Ucrania puede tener todavía muchas consecuencias en España. El Congreso aprobó el martes la admisión a trámite de la propuesta de PSOE y Unidas Podemos sobre un impuesto a esas compañías y a la banca. El PP, a pesar de que defiende el espíritu de limitar los beneficios extraordinarios de forma temporal, votó en contra porque entiende que el impuesto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez es puramente “ideológico”. 

Los conservadores creen que se trata de un “ajuste de cuentas con el Ibex”, que ha dejado de confiar en el presidente y que si realmente estuviera encaminado a aliviar la factura de los consumidores se habría centrado en las compañías energéticas y no en los bancos. “No tiene que ver con el suministro, solo busca penalizar a las grandes empresas”, insisten en Génova, sin dejar de reconocer las dudas que su postura ha generado en el seno de la formación. Sobre todo, como publicó este diario ante el temor de que la ciudadanía no comprenda un rechazo a este tributo.

El PP solo se plantea cambiar su postura si el Gobierno da un giro al impuesto planteado y lo adecúa por completo a lo que propone la Comisión Europea. “La concepción de esa tasa, temporal, tiene que ser finalista. Que las empresas estén obligadas a abaratar la factura de la luz. Pero el impuesto de Sánchez solo quiere recaudar dinero y que el Gobierno lo distribuya a su antojo”, se quejan en el entorno de Alberto Núñez Feijóo.

Los populares están haciendo pedagogía para explicar su posición y siguen defendiendo que se encuentran alineados con el discurso de la presidenta de la Comisión, Ursola von der Leyen. Este miércoles, la líder de los conservadores europeos desgranó algunas claves del plan anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la crisis energética. Por un lado, propuso limitar los ingresos de las empresas eléctricas y, al tiempo, gravar los beneficios extraordinarios de las petroleras. En total, según dijo, la recaudación con estas medidas ascenderá a 140.000 millones. Eso sí, apostilló: “Para que los Estados miembros amortigüen directamente el golpe”. 

Ese carácter finalista es exactamente lo que para el PP de Feijóo marca una “diferencia abismal” entre lo que propone Von der Leyen y la apuesta de Pedro Sánchez. “Si el Gobierno hace un giro en el modelo de su propuesta y lo cambia por la de la Unión Europea, centrándose en aliviar a los ciudadanos y dejando a un lado la ideología, lo estudiaremos”, dicen en Génova.

Por eso, el PP es partidario de que la tasa se centre en las compañías energéticas y que se diseñe un mecanismo por el que lo recaudado tenga un impacto directo en la factura de los hogares. “Si el Gobierno modifica su planteamiento, veremos nuestra posición en el trámite de enmiendas”, explican. En realidad, es una postura muy similar a la del PNV, solo que los nacionalistas vascos decidieron apoyar la admisión a trámite de la medida del Gobierno, confiados en que después habrá que hacer cambios de calado para aunar criterios con Europa.

Los populares entienden así que el impuesto a la banca no está justificado por la situación de crisis energética y que debe quedar fuera de la propuesta. “No tiene sentido meter en el mismo saco a eléctricas y bancos”, se reafirman. 

En la apuesta por explicar su posición, el PP sigue repitiendo que sus grandes exigencias han pasado por una bajada de impuestos en el IVA de la luz, del gas, y también la deflactación del IRPF que el PSOE sí ha apoyado en el País Vasco. “Si son medidas encaminadas a que los ciudadanos paguen menos, ahí estaremos. Por eso pedimos bajar los impuestos. Si una tasa va a tener ese efecto, también lo estudiaremos. Pero no lo que pide ahora mismo el Ejecutivo”, repiten en Génova

La defensa al voto contrario a la medida debatida en martes en el Congreso contó con un tono durísimo por parte del diputado popular, Mario Garcés, que retrató la iniciativa como un “engendro jurídico” sin precedentes que “socava los principios constitucionales más básicos”. Los argumentos del PP miran a la parte más técnica del tributo y la cuestión, se preguntan algunos dirigentes, es si realmente la ciudadanía lo comprenderá.