MEMORIA HISTÓRICA

Martín Villa vuelve a enfrentar el riesgo de ser procesado ante la máxima corte penal argentina

La Cámara Federal de Casación Penal celebró una vista este jueves que puede revertir una decisión del pasado diciembre favorable al exministro de UCD, investigado por crímenes de lesa humanidad en la Transición.

El exministro de UCD Rodolfo Martín Villa.

El exministro de UCD Rodolfo Martín Villa.

Cristina Gallardo

El exministro Rodolfo Martín Villa, que ostentó varios cargos políticos a finales del Franquismo y también durante la Transición, enfrentó este jueves en Argentina una vista ante la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima corte penal del país andino. Corre el riesgo de volver a ser procesado por un delito de crímenes de lesa humanidad por determinadas decisiones que adoptó durante la década de los 70 del siglo pasado.

El trámite, solventado por videoconferencia con Buenos Aires, es consecuencia de los recursos presentados contra una decisión de la justicia argentina que revocó el auto inicial de la jueza María Servini, que fue la que imputó al político de UCD, de 88 años. Servini actuó en respuesta a una querella impulsada desde nuestro país por la coordinadora Ceaqua, que integran organizaciones en defensa de la memoria histórica y contra la impunidad de los crímenes franquistas.

El que fuera ministro durante el primer gobierno tras la muerte de Franco ha podido presenciar la vista, si bien no le han dado a palabra a él ni a dos de los representantes de las victimas también presentes por medios telemáticos. Martín Villa fue procesado por la juez María Servini por presuntos homicidios y torturas que habrían tenido lugar en la década de los 70, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, de la Gobernación y del Interior. Los hechos fueron catalogados como crímenes de lesa humanidad.

ARGUMENTACIONES CONTRARIAS

Durante la vista, los querellantes han respaldado con sus argumentos el auto de procesamiento, mientras que Martín Villa, representado por el despacho Baker McKenzie, ha insistido en su inocencia, han señalado a El PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del bufete. En los próximos días, se espera que la Cámara Federal de Casación Penal dicte una decisión final sobre el asunto.

Concretamente, los abogados de Martín Villa han incidido en que el recurso es improcedente. Si bien se habilita al juzgado de Servini a seguir con sus indagaciones, hay que tener en cuenta que éstas no establecen crímenes de lesa humanidad. En términos jurídicos, "el Juzgado realiza una enunciación de la prueba existente en la causa, sin mencionar toda, y no desarrolla el modo en que esa prueba constituyen de manera inequívoca los elementos para que los hechos sean considerados crímenes de lesa humanidad".

Además, los letrados han aducido que "no logra demostrarse que al momento de los hechos haya existido un contexto que permita acreditar un ataque generalizado o sistemático contra la población civil", y ello acarrea "consecuencias procesales como la falta de jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de los delitos".

Consideran que el procesamiento dictado por Servini "no logra establecer la autoría mediata de los hechos". De hecho, esta parte considera que "tan solo repasa la evidencia recopilada, y hace referencia a un largo camino lleno de errores y excesos, sin demostrar una supuesta orden, indicación, plan, o esquema que habría pretendido reprimir la protesta social".

La decisión de procesar a Martín Villa rubricada por la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires fue apelada el pasado mes de octubre, tras cumplirse más de un año de la declaración indagatoria por videoconferencia que prestó Martín Villa sobre los hechos que se le imputan, cometidos en 1976 en Vitoria y en 1978 en Pamplona, en el curso de movilizaciones ciudadanas.

La defensa de Martín Villa corre a cargo de los abogados Jesús Santos en Madrid y Fernando Goldaracena en Buenos Aires, quienes consiguieron que el pasado 23 de diciembre la corte de apelación revocara esta decisión inicial de procesamiento por encontrar que la investigación no había aportado pruebas concretas para definir los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa al político español. 

NO SE HIZO ANÁLISIS HISTÓRICO

Así, los integrantes del tribunal resolvieron que la decisión fue arbitraria por la falta de fundamentación y por no haber realizado un análisis adecuado de la prueba aportada por la defensa. Añadieron que tampoco estaba debidamente comprobada la responsabilidad penal de Martín Villa en los sucesos reprochados; y que no se había llevado a cabo un análisis histórico adecuado de una época como la Transición.

Además, la resolución agregaba que desde antes del procesamiento se había planteado un debate sobre los hechos concretos por los que se imputó a Villa podían o no ser enmarcados en el contexto de "un ataque sistemático o generalizado contra parte de la población civil local".