El Gobierno intenta aplacar al campo y al comercio por las dudas que suscita la propuesta de Díaz

El concepto de ruido está ya inexorablemente unido al desarrollo de esta legislatura, por las continuas desavenencias entre las dos formaciones del Gobierno de coalición. En su acepción más extendida alude al continuo interés de Unidas Podemos por mostrar públicamente su influencia en las decisiones del Ejecutivo, sobre todo las de carácter social. Pero también engloba las constantes desavenencias entre un bloque y otro, incluso en asuntos en los que existe un mínimo entendimiento.

Esto es lo que ha sucedido con la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de limitar el precio de algunos alimentos, que se lanzó en medio de una gran confusión y, según fuentes socialistas, sin avisar al resto del Gobierno. Esta polémica aún se arrastra, con el bloque socialista haciendo manifestaciones divergentes, en las que un día parece que lo apoya y otra que está en contra.

Distintas fuentes gubernamentales achacan esta situación a que no se explicó internamente y a que se anunció -en una entrevista el pasado lunes en eldiario.es- con poca concreción. Esto ha provocado una disparidad de declaraciones, e incluso la creencia de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se opuso a la medida cuando ni siquiera Díaz la había formulado. Pero sí, en una entrevista con Europa Press el fin de semana, previa a la de la vicepresidenta, se declaró contrario a fijar un precio mínimo en bienes y productos de alimentación esenciales porque, dijo, no es posible legalmente, ni tampoco "deseable".

La interpretación general de que Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, pretendían intervenir el mercado es lo que acabó de contaminar un asunto -por eso en el bloque socialista lamentan que desde el principio no lo contaran bien-, en el que ambos están absolutamente comprometidos y por el que quieren peleando. El martes, tras el Consejo de Ministros, el primer chispazo de la propuesta de la vicepresidenta se enfrió al poner el acento en que se trataba de buscar un acuerdo entre los consumidores y las grandes empresas del sector de la distribución. Trató de explicarlo mejor, dejó entrever que estaba pactado con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y contó con el apoyo de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

CONVERSACIONES CON SÁNCHEZ Y PLANAS

La propia vicepresidenta desveló días después que, efectivamente, había hablado de este asunto con Sánchez y con el titular de Agricultura. Pero el debate no dejó de crecer y al final de la semana Luis Planas tuvo que intervenir para dejar claro que nada relacionado con el suministro de alimentos se decidirá sin su concurso. "La cadena agroalimentaria funciona bien, no necesita ninguna intervención del Gobierno". "Ninguna oferta comercial puede hacerse contra los intereses de agricultores y ganaderos", señaló, en referencia a que la promoción de Carrefour de 30 productos básicos a 30 euros, lanzada también la semana pasada, al calor de toda esta controversia, pueda suponer un menoscabo para sus ganancias.

De hecho, desde Agricultura se saca pecho de la aprobación de la ley de la Cadena Alimentaria que, tras una oleada de protestas, consiguió "garantizar los precios de productores" y que todos los implicados "tengan cierto margen". "Está funcionando", defienden fuentes del Ministerio. Pero ahora, reconocen, los agricultores "están nerviosos" por lo todo lo que se dice de fijación de precios de los alimentos.

Este incendio también ha llegado al pequeño comercio, admiten fuentes socialistas. Este lunes la propia vicepresidenta, que junto a Garzón se reunió con el sector de los hipermercados, explicó que se les pide que ofrezcan una cesta de la compra básica con productos como carne, pescado, frutas, hortalizas, huevos y lácteos a un precio asequible. "A una pequeña tienda de barrio es muy difícil pedirle más esfuerzos, quien tiene margen son las grandes superficies", señaló.

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La propuesta sigue en mantillas porque el sector de la distribución asegura que ya trabaja con precios muy bajos. Habrá nuevos encuentros pero la incomprensión de agricultores y ganaderos y del pequeño comercio ha obligado a los Ministerios socialistas a intervenir, con diferentes dosis de contundencia, en función del emisor y del día. Fuentes gubernamentales apuntan a este diario que, ante esta falta de claridad, "Planas tiene que salir para tranquilizar a su parroquia". Pero este mismo lunes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguraba que el Gobierno está "trabajando" en cómo aplicar la idea de Díaz sobre el tope del precio de los alimentos.

Desde el entorno de la vicepresidenta insisten que todo "está hablado" y que su pretensión es continuar por esta senda que, explican, no implica ninguna regulación de precios o intervención en el mercado, que es lo que no se entendió inicialmente y en muchos ámbitos sigue sin comprenderse. Primero además pareció que sería algo obligatorio por parte del sector de la distribución y después se ha ido aclarando que voluntario. Según un ministro del PSOE todo se resume en que Yolanda Díaz intenta "diferenciarse". Personas cercanas a ella sostienen en cambio que, tras intervenir en los precios de la electricidad y el gas, el siguiente paso del Gobierno será el precio de los alimentos para aliviar en las familias el coste de la alta inflación.