La Audiencia Nacional avala que la investigación de Tsunami siga bajo secreto

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no siempre avala las decisiones del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, pero con la de mantener bajo secreto la investigación a la plataforma Tsunami Democràtic puede estar tranquilo. El tribunal presidido por Alfonso Guevara ha vuelto a validar la medida excepcional acordada en este procedimiento, iniciado el próximo mes de octubre hará tres años, según el auto al que ha tenido acceso este diario.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y el juez designado para reforzarle, Joaquín Gadea, tratan de desentrañar en esta pieza la organización y financiación del entramado surgido para movilizar y canalizar las protestas que se produjeron en Cataluña tras la sentencia del 'procès', dictada por el Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019 contra los líderes independentistas. 

La defensa había recurrido el secreto, porque considera que le causa indefensión que el procedimiento se tramite de forma reservada desde que se iniciaron las diligencias, remitidas en parte desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Eso hace que poco se haya sabido del avance de las pesquisas en estos tres años.

Cinco acciones

La causa, abierta inicialmente por terrorismo y conspiración para cometer estragos, se centra en las cinco principales acciones que protagonizó la plataforma: el señalamiento de empresas del Ibex, la ocupación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el corte de la AP-7 por La Jonquera, las desobediencias a la Junta Electoral Central y el despliegue de una pancarta en el Camp Nou durante el encuentro que mantuvieron el Barça y el Real Madrid, en la que se leía "Spain sit and talk".

El recurso fue interpuesto por el empresario Oriol Soler, del círculo del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al que se sitúa entre los encargados de la organización de Tsunami, junto al 'exconseller' de ERC Xavier Vendrell, el exalto cargo de CDC David Madí y el historiador Josep Lluís Alay.

Plazo justificado

La Sala de lo Penal admite que el hecho de que "la instrucción lleve en secreto desde hace más de dos años (...) es un plazo inusualmente largo para el mantenimiento de una medida tan restrictiva de los derechos fundamentales de los investigados como es la ocultación del resultado de la investigación", pero considera suficientemente motivado por el juez que se mantenga para que las pesquisas lleguen a buen término.

"La justificación del secreto se basa -afirma la Sala- en que están pendientes de practicar diligencias interesadas por el fiscal, cuyo éxito depende de que no sean conocidas en este momento por las partes. Esta justificación resulta razonable y la prórroga acordada". 

Además, añade que "no resulta desproporcionada pues la práctica de comisiones rogatorias [petición de ayuda a otros países] y el examen de dispositivos no pueden llevarse a cabo en un breve espacio de tiempo", por lo que comparte la decisión del juzgado a cuyo frente está García-Castellón.