Más de una docena de magistrados del Supremo quieren pasar al TC

Uno de los argumentos que se atribuye a círculos conservadores de la judicatura para “entender” por qué resultaría tan difícil hacer los nombramientos de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a partir del próximo jueves, 8 de septiembre, sería el presunto boicot de los magistrados del Tribunal Supremo (TS) en masa, esto es, magistrados que se niegan a ser candidatos para que los vocales puedan tengan imposible escoger.

La prueba de ello sería que el presidente de la Sala Penal, la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, consultado por el presidente del TS y el CGPJ, Carlos Lesmes -y otros-, rechazó la oferta. Un diario de Madrid dedicó un gran titular a la presunta “renuncia” como un suceso revelador de la profundidad de una crisis muy difícil de resolver. Si Marchena -y otros de la Sala de lo Penal- no quieren, ¿cómo se va a conseguir cubrir las dos vacantes?

¿Acaso solo hay que pensar en magistrados de la Sala de Penal? Si por propia estrategia personal, Marchena (63 años), que intentó ser presidente del TS y el CGPJ en 2013 y 2018, prefiere legítimamente apostar al cargo de aquí a cinco años -la tercera podría ser la vencida- antes que ingresar ahora en un TC para integrarse en la minoría conservadora, es comprensible. Y no lo es menos una estrategia de 'wait and see', es decir, esperar a entrar en el TC en otras circunstancias. Porque oportunidades no le van a faltar.

Pero convertir esa presunta “renuncia”, que no lo es, porque se trata de una opción, en la prueba de que no se puede encontrar candidatos al TC parece una broma.

En busca de una plaza

“Tengo contabilizados al menos a 12 magistrados del Tribunal Supremo que nos han pedido que les tengamos en cuenta en la hora en que hagamos nuestras oraciones, cuando tengamos que escoger”, dice a EL PERIÓDICO Álvaro Cuesta, abogado y vocal integrante de la comisión permanente del CGPJ. “Nos consta que los presidentes de las Sala Primera (Civil); la Cuarta (Social) y la Quinta (Militar), son aspirantes, así como muchos magistrados de la Tercera (Contencioso-Administrativo)”, añade.

Se trata, respectivamente, de Francisco Martín Castán, María Luisa Segoviano y Jacobo López Barja de Quiroga. Los dos primeros tienen sesgo conservador y el tercero progresista. “En la Sala Tercera hay gran cantidad de magistrados dispuestos”, ha precisado Cuesta. También de la Sala de lo Social hay un candidato conservador en la persona de Vicente Antonio Sempere, catedrático de Derecho de Trabajo.

En efecto, fuentes judiciales señalan a Pablo Lucas, José Manuel Bandrés y Eduardo Espín, magistrado de perfil progresista, como candidatos que han transmitido su disposición activa. Pero también hay magistrados conservadores que podrían ser candidatos como el de Inés Huerta, muy próxima a Lesmes.

Aunque no parece que lo haya solicitado, Pilar Teso, de la Sala Tercera, sigue siendo una magistrada de consenso para ser una posible nueva presidenta del Supremo y CGPJ.

El Gobierno, por su parte, tiene en mente a candidatas como María Luis Cuerda Arnau, catedrática de Derecho Penal, o Concepción Escobar, catedrática de Derecho Internacional.

Maniobras mediáticas

Aunque los vocales del CGPJ no pueden ser elegidos para el TC, hay una excepción: Rafael Fernández Valverde. Porque está jubilado. Y técnicamente este magistrado conservador con varios mandatos en el CGPJ puede ser nombrado. Fuentes del CGPJ aseguran a este periódico que ha expresado su deseo de saltar al tribunal de garantías.

Aunque hasta el nombramiento del magistrado Cándido Conde-Pumpido no tenían presencia penalistas en el TC; ahora, en cambio, hay otros dos: Concepción Espejel y Ramón Sáez, ambos procedentes, es cierto, de la Audiencia Nacional, no del Supremo.

Da toda la impresión de que el acento de los medios en la negativa de Marchena, y al parecer, de los magistrados Antonio del Moral y Pablo Llarena, de la Sala Segunda, respondería al deseo de la derecha de la judicatura de oponer a Conde-Pumpido, procedente de la Sala Segunda del Supremo, a un presunto peso pesado de la misma cantera.

Y es relevante saber que la salida de Encarna Roca y próximamente de Juan Antonio Xiol dejará sin expertos en derecho civil al TC, por un lado. Y que la renuncia de Fernando Valdés Dal Ré y la baja por enfermedad de Rafael Montoya ya ha privado al tribunal de especialistas en derecho laboral.

Lesmes hizo saber a algunos miembros del CGPJ, tras el voto particular de siete vocales conservadores contra el nombramiento de Álvaro García como fiscal General del Estado, que si persistían y el 8 de septiembre, y los días siguientes, intentaban bloquear la designación de los dos magistrados para sustituir a Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol en el TC, no toleraría el “gamberrismo”. El pasado lunes, afirmó, bastante airado, que el CGPJ debe hacer esos nombramientos. Que es un deber.

La paz está lejos

Alberto Núñez Feijóo intenta mantener el bloqueo constitucional y su presión alimenta al sector más recalcitrante del CGPJ, el que es respaldado por esa imagen de presunta protesta y veto de los magistrados del Supremo, simbolizados por la “renuncia” de magistrados de la Sala Penal.

Pero los nombramientos, si finalmente tienen lugar, no suponen la paz en el campo de batalla. La derecha judicial y del Supremo ya está contemplando una segunda derivada, un plan B. Y en ese objetivo está impedir que Conde-Pumpido sea el próximo presidente del TC, cuya elección se debe realizar después de que se produzca la sustitución de los magistrados caducados.

La mayoría progresista tendrá la presidencia, eso será así.

Pero una alternativa que ya está barajando la derecha es una candidatura progresista con consenso apoyada por Pedro González-Trevijano, actual presidente, en la persona de la magistrada María Luisa Balaguer, el mal menor frente al mayor de Conde-Pumpido.

Es el dedo del presidente caducado pero presidente al fin. Intenta llevar a la práctica la obra teatral 'Jubileo' basada en su libro 'El dedo de Dios'. La mano del hombre, que en las dos semanas de representación a partir del pasado 31 de agosto en Madrid cuenta con la asistencia de todo el mundo judicial, como resultado de invitaciones cuidadosamente enviadas desde la secretaría de presidencia de la madrileña calle de Doménico Scarlatti, sede del TC.