En busca de la fórmula mágica para la gobernabilidad

Cuando en España reinaban solo dos colores políticos, el rojo y el azul, la investidura estaba asegurada tras vencer en los comicios. Había territorios como Catalunya o Euskadi donde la paleta de colores había obligado a hablar de tripartitos, coaliciones e incluso de bloqueo. Pero solo una vez la falta de acuerdos condujo de nuevo a las urnas: el escándalo del ‘Tamayazo’ en 2003 provocó la repetición de las elecciones en la Comunidad de Madrid cinco meses después. Sin embargo, desde la llegada de Podemos y Ciudadanos al Congreso y el fin de las mayorías absolutas, asegurarse la gobernabilidad se ha convertido en un problema que trae de cabeza a los partidos. 

Las elecciones autonómicas de 2019 inauguraron la era de los ejecutivos de coalición. PP y Ciudadanos cerraron acuerdos, como lo hicieron también PSOE y Podemos, elevando de siete a trece el número de autonomías sin gobiernos monocolor. Casi la mitad de los acuerdos sirvieron para dejar fuera al partido que ganó las elecciones. Son los llamados ‘pactos de perdedores’, denostados en los discursos de los dirigentes políticos pero que todos han practicado. Dejar gobernar a la lista más votada es la eterna promesa de rojos y azules cuando los sondeos apuntan a que será la suya: la hizo Pedro Sánchez en 2019 y Alberto Núñez Feijóo la recuperó ante la perspectiva de tener que llegar a acuerdos de coalición con Vox. 

Pactar o no pactar con la ultraderecha

La amplia mayoría de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid permitió al PP ganar tiempo ante el horizonte de un acuerdo de gobierno con la ultraderecha. Ya en la era Feijóo, Castilla y León obligó a los populares a enfrentarse por primera vez al dilema. Y llegó el primer vicepresidente de gobierno de Vox. Mientras el PSOE pedía a los populares un cordón sanitario que impidiera la entrada de la ultraderecha en los gobiernos, el PP se quejaba de que ello lo colocaba en una difícil disyuntiva. Y repetir elecciones ni siquiera es una opción con garantías: las dos que hubo en el gobierno central no sirvieron para cambiar el equilibrio de fuerzas y sí para forzar posturas -una abstención dolorosa, primero, y una coalición difícil, después- a las que a priori se resistían. 

Lista más votada y primas al ganador

Recuperar el mantra de dejar gobernar a la lista más votada parece ser la única manera que encuentran los partidos de evitar pactos incómodos. “Si al PSOE le preocupa Vox, sigue vigente mi oferta para que gobierne la lista más votada”, ha dicho el líder del PP. 

El barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó a los ciudadanos sobre esta cuestión y siete de cada diez se mostraron a favor de que gobierne el vencedor de las elecciones. Pero el organismo estatal fue más allá y también preguntó sobre otorgar una prima de escaños a la primera fuerza para asegurar la gobernabilidad. Aquí se mostraban de acuerdo poco más de la mitad, el 52,4%. 

En su primer discurso como presidente del PP, en 2018, Pablo Casado ya propuso una reforma electoral para dar una prima de 50 diputados al partido ganador en los comicios generales. Los populares ya lo habían propuesto en 2015 durante su conferencia política.

Italia aprobó en 2005 una reforma electoral que incluía diputados extra que aseguraban la mayoría absoluta al partido más votado (340 de los 630 escaños). Matteo Renzi y Silvio Berlusconi pactaron una reforma en 2015 que mantenía el sistema de primas y que nunca se llegó a estrenar. Una nueva reforma electoral en 2017 acabó con estos premios al ganador. En Grecia, hasta que Syriza introdujo un sistema proporcional en 2016, el partido ganador de las elecciones recibía 50 escaños más en el Parlamento griego. Poco duró el modelo que había impuesto el partido de izquierdas: en 2020 se aprobó una nueva ley que vuelve a premiar a la lista más votada aumentando de forma escalonada los escaños de regalo.

La doble vuelta francesa

Otro de los mecanismos para impedir el bloqueo es el sistema presidencial francés: en caso de que ningún candidato logre la mayoría absoluta en el primer escrutinio, se celebra una segunda vuelta con los dos aspirantes con mayor número de votos en la primera. Es así como Emmanuel Macron se convirtió en presidente y ha revalidado su cargo: uniendo el voto contra la ultraderechista Marine Le Pen. En la práctica, supondría cambiar nuestro sistema, proporcional, por uno mayoritario cuya prioridad es garantizar que finalmente haya un ganador. El paraíso para el bipartidismo, pero un problema para los partidos periféricos y su influencia en el gobierno central.

La idea de una segunda vuelta ha rondado las ideas de los partidos mayoritarios desde 2015, con declaraciones más o menos espontáneas. El PP incluso llegó a registrar en el Congreso una proposición de ley en 2018 que instauraba la segunda vuelta para las elecciones municipales y locales. La Cámara Baja tumbó la toma en consideración de la iniciativa.

Recetas autonómicas para formar gobierno

La Constitución otorga al rey la potestad para proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno. Éste solicita la confianza del Congreso de los Diputados pero, si no la logra, arranca un plazo de dos meses para que el monarca proponga cuantos candidatos considere —incluso el mismo puede repetir— hasta que la Cámara otorgue la confianza a alguno de ellos. De no lograrlo, se convocan nuevas elecciones. Es lo que ocurrió en 2016 y en 2019. La mayoría de las autonomías imitaron el modelo que la Constitución fija para el gobierno central y fijan un plazo que oscila entre dos y tres meses, desde las elecciones o desde la primera votación. Pero hay excepciones: Euskadi, Asturias y Castilla-La Mancha aseguran la formación de gobierno con diferentes recetas.

En coalición, en solitario o incluso dejando fuera a la primera fuerza, Euskadi siempre ha formado Gobierno pese a sus doce legislaturas sin ninguna mayoría absoluta. El método de designación del lehendakari impide el voto en contra, por lo que asegura que habrá un elegido sin que pueda producirse el bloqueo: basta con ser el candidato más votado. Un sistema similar tiene Asturias, que también elige como presidente al que “obtenga mayor número de votos”, vayan como vayan las negociaciones entre los partidos. 

Otra fórmula es la de Castilla-La Mancha, donde no se repiten las elecciones en ningún caso. Si el candidato no logra la confianza de la Cámara por mayoría absoluta en primera votación o en mayoría simple en segunda, se tramitan sin debate sucesivas propuestas y, si ninguna prospera en un plazo de dos meses, “quedará automáticamente designado el candidato del partido que tenga mayor número de escaños”.

Sin embargo, estos sistemas garantizan la elección de gobierno, pero no la gobernabilidad: un Ejecutivo en minoría tendrá que enfrentarse cada semana al equilibrio de fuerzas del parlamento para sacar adelante sus propuestas.