ERE de Andalucía

La familia de Griñán pide el indulto, que Justicia no tramitará hasta que se notifique la sentencia

La esposa y los hijos del expresidente andaluz aseguran que se trata de una solicitud "exclusivamente familiar" y basada en las "circunstancias personales excepcionales"

La familia de Griñán pide el indulto, que Justicia no tramitará hasta que se notifique la sentencia
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La esposa y los hijos del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por malversación y prevaricación en el caso de los ERE en Andalucía, han registrado este jueves en el Ministerio de Justicia la petición de indulto parcial de la pena de prisión por razones de "humanidad y equidad", según han comunicado mediante una nota remitida a la agencia Efe.

Fuentes del Ministerio de Justicia señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que aún no consta formalmente la petición de medida de gracia, pero que en todo caso ésta no comenzará a tramitarse hasta que se notifique la sentencia firme, cuyo fallo fue adelantado por el Tribunal Supremo el pasado 26 de julio.

Desde el tribunal se señaló entonces que la resolución, junto con los votos particulares que suscriben las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, contrarias a la imposición de cárcel a Griñán por malversación, se conocería este mes de septiembre.

Previsiblemente, la notificación no se producirá hasta después del acto de Apertura del Año Judicial que tendrá lugar en el propio alto tribunal el próximo día 7, con presencia del rey, si bien la Sala no tiene un plazo determinado para realizarla.

El indulto parcial solicitado por la familia, una vez comience a tramitarse, requerirá la redacción de dos informes preceptivos, aunque no vinculantes para el Gobierno, que deberán ser recabados ahora por el Tribunal Supremo, según señala la Ley del Induto.

Deben informar al Fiscalía y el tribunal sentenciador, aunque en este caso existen dudas si éste debe ser el Tribunal Supremo, que dictó la sentencia firme con algunas modificaciones relativas a otros implicados, o la Audiencia de Sevilla, puesto que ninguno de los cambios del alto tribunal afectó al expresidente de la Junta. Una vez analizados ambos informes, el Consejo de Ministros tendrá la última palabra.

INTACHABLE TRAYECTORIA VITAL

Según la información facilitada por la familia se trata de una solicitud "exclusivamente familiar" y basada en las "circunstancias personales excepcionales" de Griñán, "un ciudadano de 76 años de edad con una intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la libertad y la democracia, la igualdad, el estado del bienestar" y por "un profundo respeto a las instituciones del Estado", incluidos los tribunales de justicia.

Los firmantes -que son la esposa de José Antonio Griñán, María Teresa Caravaca, y sus tres hijos, Manuel, Ana y Miguel- aseguran que la petición está "alejada por completo de cualquier consideración política o jurídica relativa al fallo judicial" y se ampara "expresamente en razones de humanidad y equidad" desde "el total respeto a las instituciones". Recalcan en ese sentido que Griñán siempre ha mantenido "un prudente silencio" respecto a los tribunales "en contraste con la exacerbada exposición mediática sufrida durante estos últimos años".

Recuerdan además que "tras más de cuarenta años consagrado al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario, como acredita su patrimonio, que es público y conocido y ha sido objeto de investigación durante el caso, sin que en ningún momento se haya producido en absoluto enriquecimiento personal ni familiar".

CONDENA DESPROPORCIONADA

En ese contexto, la familia subraya "la manifiesta desproporción de la condena impuesta en comparación a la de otras personas que sí incrementaron su patrimonio en diferentes casos de similar repercusión".

Recuerdan los solicitantes que han pasado once años desde las primeras actuaciones en la instrucción del caso, período en el que Griñán "ha sufrido, y sigue sufriendo, el permanente deterioro psicológico y moral de ver su nombre expuesto a debate público, afectando ello a su intimidad, su honor, su imagen y a su presunción de inocencia".

En la práctica -agregan- ha derivado en "una reclusión en el entorno familiar para protegerse en este penoso trance vital, con unas graves consecuencias y limitaciones cotidianas especialmente dolorosas por su relevancia pública, que le dificultaron, y en gran parte impidieron, disfrutar de un modo de vida ordinario".

Los familiares inciden asimismo en la existencia de dos votos particulares entre los cinco magistrados que revisaron la sentencia y que son contrarios a la condena por malversación, que es la que implica la pena de prisión. Tampoco el instructor que investigó el caso en el Supremo en 2015 inculpó a Griñán por malversación, solo lo hizo por prevaricación. Todo ello, apunta la familia, "pone de manifiesto que no ha sido posible alcanzar una decisión más allá de toda duda razonable".

GRATITUD POR LAS MUESTRAS DE APOYO

La mujer y los hijos del expresidente andaluz consideran que estas circunstancias "son motivo suficiente para amparar una petición de indulto parcial referido a la pena privativa de libertad". Asimismo, muestran su gratitud hacia "las numerosas personas" que les han querido acompañar "con su expreso y voluntario apoyo en esta petición", en alusión a personalidades del partido socialista de la talla de expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero; la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, ahora senadora socialista, o del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra.

"Personas de muy distintos pareceres e ideas, representativas de una enorme diversidad de ámbitos sociales, profesionales, empresariales, sindicales, culturales, académicos y deportivos, muchas de ellas de gran notoriedad, que cuentan con el reconocimiento público general", apuntan. Así, expresan su "sincero y emocionado agradecimiento a todas ellas" por un apoyo "tanto más valioso por cuanto se nos ha dado en un momento de tal crispación social en el que resulta absolutamente necesario despolitizar lo que simplemente queremos que sea considerada como una petición justa y suficientemente razonada". 

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La resolución dada a conocer por el Tribunal Supremo a finales de julio pone fin a un largo proceso que constituyó el caso más importante de corrupción relacionado con el PSOE, y que se saldó hace más de dos años en la Audiencia Provincial de Sevilla con un total de 19 condenas -de hasta 8 años de prisión- por el uso irregular de casi 700 millones de dinero público. Ahora, los penados en firme, entre los que encuentra también el expresidente Manuel Chaves, condenado a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, pueden acudir también en amparo al Tribunal Constitucional.

La condena impuesta a Griñán acerca su entrada a prisión, ya que aunque podría pedir la suspensión de la misma mientras se resuelve un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), normalmente este órgano no suele concederla si la pena excede los cinco años de cárcel. También existía la posibilidad de pedir un indulto al Gobierno, que es la primera vía por la que se ha optado de momento, por parte de la familia.