CRISIS ENERGÉTICA

Velocidad a 110 km/h o placas solares en tu urbanización: el ahorro que peleará la oposición

Repaso a las diferentes propuestas que los grupos parlamentarios han expresado ya con el fin de sortear la crisis energética

Archivo - Bombilla, bombillas, luz, electricidad, energía

Archivo - Bombilla, bombillas, luz, electricidad, energía / EUROPA PRESS - Archivo

Ángel Alonso Giménez

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha abierto la puerta de la negociación de nuevas medidas de ahorro energético y la oposición acudirá el jueves con un saco lleno de propuestas. Políticamente, la “multientrevista” que celebrará con los grupos parlamentarios es una consecuencia del azaroso camino que ha tenido el decreto avalado hace una semana por el Congreso. Se complicó la convalidación y el Gobierno usó el comodín de la tramitación como proyecto de ley, que es un truco para propiciar cambios aunque no haya nada en el procedimiento que obligue a ello. Puede pasar, y de hecho pasa, que el decreto se olvide en un cajón, y ni cambios ni nada.

Parece que esta vez no. El Ministerio de Transición Ecológica, posiblemente el Ministerio con mayor carga de trabajo de la actualidad, se ha propuesto diseñar con la oposición el plan de contingencia que enviará a Bruselas, y de paso, el instrumento legislativo con el que blindar las medidas. No puede obviarse que la UE ha pedido a los Estados miembros que ahorren en el consumo de energía para mitigar en lo posible los efectos de la dependencia del gas ruso. El plan de contingencia va de eso.

Al Gobierno le llovieron críticas el pasado 25 de agosto, cuando tocó defender en el Congreso el decreto con exigencias como la limitación de las temperaturas de aire acondicionado o el cumplimiento de una horario de iluminación de escaparates. Llovieron críticas por varias razones. 

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, conversa en el Congreso con el portavoz del PNV, Aitor Esteban. 

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, conversa en el Congreso con el portavoz del PNV, Aitor Esteban.  / José Luis Roca

Por un lado, porque, dijeron varios grupos, las medidas no se habían hablado con nadie; eran unilaterales, una imposición. Por otro, porque el decreto no se limitaba a enumerar una serie de peticiones sobre consumo de electricidad, ni mucho menos. Incluyó, además, el abaratamiento del precio del transporte urbano y de la red de cercanías de media distancia o becas para las familias de alumnos/as con discapacidad o capacidades especiales, entre otras. 

Como en la tramitación de los decretos no se puede segregar el voto, sino que es un “lo tomas o lo dejas”, la mayoría de los partidos protestó.

Asimismo, la oposición en bloque advirtió de que el decreto se quedaría desfasado en poco tiempo y de que las medidas que establecía eran meramente coyunturales. El Gobierno reconoció que en septiembre habría que avanzar más. En eso está ya, y de ahí la reunión del jueves.

Con opciones de cuajar

Los grupos parlamentarios más ilusionados con la reunión son, obviamente, los aliados del PSOE. Unidas Podemos acapara el foco porque es la otra pata de la coalición de gobierno. Indican fuentes de la confluencia a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que algunas de sus ideas cristalizarán. ¿Cuáles? Las fuentes no lo saben porque no han recibido noticias de Teresa Ribera. Acudirá a la reunión del jueves el diputado Juantxo López de Uralde, la voz ecologista de la organización, líder de Alianza Verde.

El mismo día en que se debatió el decreto, el parlamentario vasco entregó a la ministra las propuestas de su plataforma, que son variadas. De lo estructural a lo concreto, Unidas Podemos despliega un repertorio de ideas como la revisión al alza de los objetivos de la ley de cambio climático, de manera que se acelere la implantación de las energías renovables; el impulso de las comunidades energéticas y la potenciación de pequeñas instalaciones solares (de hasta 5 MW).

La creación de una empresa pública de energía figura en el listado, aunque ésta no tiene visos de prosperar. El PSOE se ha expresado en contra en diversas ocasiones y hasta ha tumbado propuestas al respecto. Sí parece viable la reducción del nivel de iluminación de calles poco transitadas, y sobre todo, de carreteras poco concurridas.

Otra reducción afecta a la velocidad. Para Unidas Podemos, hay que poner el tope en 110 km/h en autovías y en 80 km/h en vías de alta capacidad de zonas metropolitanas. La Calle 30 de Madrid, por ejemplo, lo tiene en 90. 

Más tren, tanto de pasajeros como de mercancías; bajar el número de vuelos cortos peninsulares y retrasar todas las obras de ampliación de los aeropuertos completan el listado de Unidas Podemos. Ésta última entronca con el plan de ampliación del aeropuerto de El Prat (Barcelona).

Menos ilusionado está ERC, aunque intentará hacer valer su influencia. Para empezar, retrasar hasta el 30 de noviembre las ayudas y ventajas a los autónomos. Para continuar, extender las redes de autoconsumo hasta 5 km (actualmente el máximo son 500 metros). Y para terminar, la apuesta por la cogeneración industrial, de manera que se facilite la entrada del biogás. Estas son sus principales propuestas.

Gabriel Rufián.

Gabriel Rufián. / EFE

ERC apoyó la convalidación del decreto, al igual que EH Bildu. Hubo mucha política detrás. El PSOE y Unidas Podemos bregaron para que brillara la mayoría progresista del Congreso, últimamente bajo las sombras. Esquerra se fue del bloque a raíz de los casos de espionaje a dirigentes independentistas con el sistema Pegasus. 

Los independentistas vascos, en el debate del pasado día 25, pusieron el acento en la economía local, en la recuperación de “métodos de producción sostenibles y cercanos”; en el uso “equitativo, justo y público” de los recursos y las materias primas; en la revisión al alza de los objetivos de la ley de cambio climático y en la ejecución de un estudio que, junto a las CCAA, trazaran el camino hacia las energías renovables.

Ideas (a priori) con menos opciones

El PP tiene pendiente la presentación de un plan propio de ahorro energético. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, lanzó algunas líneas maestras, aunque más dentro del campo teórico que fuera. Abogó por la implantación de planes de ahorro “creíbles” en las administraciones públicas a escalas estatal, autonómica y local. Pidió que las medidas sean recomendaciones, no obligaciones, porque el reglamento de la UE así lo estipula. Planteó una redefinición de la relación con Argelia. Defendió el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares. Propuso la producción de biogás a través de los residuos forestales, agrícolas y urbanos. Y reclamó la orientación de “todas las capacidades tecnológicas” a unos precios energéticos asequibles.

Vox quiere un plan de soberanía energética que garantice una energía barata, y sobre todo, “ponga en el centro los intereses españoles”. Así lo describió el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. También se mostró a favor de la energía nuclear.

No es una medida que guste al Gobierno, la de la energía nuclear. Al contrario, la descarta. Pero Cs seguirá insistiendo. Su programa de ahorro energético es el mismo que expuso en marzo. Sus dirigentes no cesan de recordarlo. Volverán al ataque con él en la reunión del jueves. Entre sus ideas, fijar el tipo reducido del IVA en el gas hasta marzo del año que viene; completar el gasoducto Midcat; comprar más coches eléctricos para el parque móvil del Estado y ayudar fiscalmente la instalación de paneles solares en edificios privados. 

El PNV también tiene un saco repleto de ideas. Algunas de ellas: elaborar guías para la transición energética para las empresas, acompañar a los municipios y entidades locales para la elaboración de auditorías energéticas, fomentar planes de clima y energía municipales, invertir en rehabilitación edificatoria, impulsar el incremento masivo del autoconsumo renovable tanto en empresas como en hogares o permitir el asesoramiento para la instalación de comunidades energéticas.

A Teresa Ribera le espera un arduo trabajo, por tanto, pero sobre todo, un examen exigente de equilibrios políticos.