RENOVACIÓN PENDIENTE

La ministra de Justicia atribuye al bloqueo del PP el gasto extra de más de un millón de euros para refuerzos de jueces

El Gobierno insiste en el nombramiento de nuevos magistrados para el TC y vuelve a recordar a Feijóo que "en un Estado de Derecho, las leyes se cumplen".

Más del 10 por ciento de los refuerzos en espera de la aprobación de las leyes de eficiencia son consecuencia directa la falta de acuerdo institucional, según Justicia.

Pilar Llop, ministra de Justicia, comparece en el Consejo de Ministros.

Pilar Llop, ministra de Justicia, comparece en el Consejo de Ministros. / EPE

Cristina Gallardo

La tensión entre el PSOE y el PP a cuenta del bloqueo que mantiene sin renovar desde hace más de tres años y medio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se incrementa día a día. Si ayer el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acusaba al Gobierno "tumbar los puentes" por su intención de renovar ahora el Tribunal Constitucional; hoy la ministra de Justicia, Pilar LLop, ha reprochado a los populares que su "negacionismo" en este asunto esté costando dinero a los españoles. Calcula este gasto en 1,3 millones de euros - un diez por ciento del total de lo asignado anualmente a refuerzos de jueces, que asciende a 12 millones de euros-. Una parte importante del gasto se emplea en letrados de refuerzo en el Tribunal Supremo. 

La razón es que este órgano vive una situación cercana al colapso debido a la reforma que -propiciada por el Gobierno de coalición-, impide desde marzo de 2021 al CGPJ realizar nombramientos en la cúpula judicial. Esta limitación de competencias se aprobó como medida de presión para lograr que el PP se aviniera a pactar la renovación institucional, pero no ha tenido resultado en ese sentido, causando que el alto tribunal cuente a día de hoy con 14 vacantes sin cubrir.

"En un Estado de Derecho las leyes se cumplen", ha vuelto a recordar Llop a los populares al término del Consejo de Ministros de este martes, donde compareció para presentar un nuevo proyecto de ley, el del Derecho de Defensa.

A preguntas de los periodistas, acusó al Partido Popular de estar poniendo "excusas infinitas" para no renovar el órgano de gobierno de los jueces, siendo la última la que exige, para la consecución de un acuerdo, que se renuncie al inminente nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que propiciarán que este órgano obtenga una mayoritaria sensibilidad progresista.

Sobre el coste del bloqueo, fuentes del Ministerio de Justicia señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que los costes apuntados por Llop durante su comparecencia aluden refuerzos en toda España a la espera de poder aprobar las leyes de eficiencia dirigidas a modernizar el sistema de justicia. "Más de un 10 por ciento de los refuerzos son a causa del bloqueo del CGPJ", apuntan.

Según una nota distribuida por este departamento el pasado mes de junio, durante el primer semestre de este año se destinaron casi 10 millones de euros (9.798.940 euros) con el objetivo de reforzar el plan de choque para el poder judicial. "Esta inversión se ha hecho con el objetivo de paliar los efectos ocasionados por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", continuaba la nota, que subrayaba que parte de dicho dinero se destina a letrados el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, 12 en concreto.

CONSTITUCIÓN NO SOMETIDA A CHANTAJES

Para Llop, es imprescindible que renueve ya el Consejo "sin chantajes porque el cumplimiento de la Constitución no está sometido a chantajes". Considera muy grave la situacion de personas que llevan cuatro años -los trámites de renovación del actual CGPJ comenzaron en julio de 2018- aspirando a entrar en este órgano, a lo que se une la afectación al prestigio internacional del Poder Judicial español. En este sentido, ha recordado que tanto la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, como el comisario de Justicia, Didier Reynders han pedido que se renueve este órgano.

Respecto a la renovación del TC -que obligó a una reforma exprés el pasado mes de julio para que el CGPJ pueda sortear sus limitaciones y designar a los dos magistrados que le corresponden-, Llop ha recordado que este órgano no forma parte del Poder Judicial. "Es un órgano de naturaleza política porque lo nombran los tres poderes del Estado", ha apuntado, para añadir que lo lógico es que los nombramientos de los magistrados que debe hacer ahora al Consejo "vayan acompasados" por las designaciones de los otros dos que son cosa del Gobierno.