CRISIS DEL PODER JUDICIAL

La desconfianza en Bolaños explota en el PP y entorpece la negociación de futuras leyes

La reforma de la ley de seguridad nacional y la nueva regulación sobre información clasificada son los principales ámbitos que pueden verse afectados por el recelo que reina entre Moncloa y Génova

En la dirección nacional del PP ven a Pedro Sánchez como el artífice de la desconfianza, en máximos por la última crisis sobre el bloqueo del poder judicial

El titular de la Presidencia, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, el pasado 1 de agosto de 2022, en la Moncloa.

El titular de la Presidencia, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, el pasado 1 de agosto de 2022, en la Moncloa. / José Luis Roca

Ángel Alonso Giménez

El Gobierno sabe que la mayoría parlamentaria que necesita para viajar por el nuevo curso político con relativa calma se encuentra en las fuerzas progresistas, de ERC a Compromís. Pero sabe también que algunas leyes estelares que tiene en cartera podrían requerir el apoyo del PP. Esas leyes son, principalmente, dos: la reforma de la normativa sobre seguridad nacional y la nueva de secretos oficiales. 

No será fácil lo primero, en especial por las dudas que sigue generando ERC. Tampoco lo segundo. La última crisis desatada por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial tiene la culpa. El Partido Popular está muy enfadado con el ministro encargado de esa negociación, Félix Bolaños, aseguran a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de la dirección de Alberto Núñez Feijóo.

Para contextualizar el malestar, hay que retroceder en el tiempo un poco, siete días, cuando el diario El País publicó el pacto que en octubre de 2021 firmaron el propio Bolaños y el ex secretario general de los populares Teodoro García Egea. En él, las partes acordaron la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Consejo General del Poder Judicial.

El PP, tras ver el documento, salió en tromba a explicarse. Le salió regular porque se puso de manifiesto el abismo que hay con la dirección anterior de Pablo Casado. Pese a ello, la dirección del partido quiso transmitir estos puntos: 

1) El documento carece de validez para Feijóo y su equipo porque el pacto verbalizado con el presidente del Gobierno, en la reunión celebrada en la Moncloa el 7 de abril, suponía empezar de cero el proceso de renovación.

2) El Gobierno ha incurrido en un acto de “marrullería política” destinado a presionar al PP y arrancar algunas cesiones.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP. / DAVID MUDARRA

Cuando Esteban González Pons, interlocutor de Bolaños para intentar sacar del atasco al Consejo del Poder Judicial, y otros dirigentes del Partido Popular emplean la expresión "marrullería" o "trilerismo", se están refiriendo a la "filtración" del texto. "No ayuda" una decisión así a la honestidad y lealtad que han de guiar una negociación de tal relevancia institucional, opinan en el partido de Feijóo. Y no sólo no ayuda, sino que además "se rompe la confianza", puntualizan las fuentes.

Así que las consecuencias de "la filtración", al igual que las de las posteriores críticas de mandatarios socialistas, Bolaños entre ellos, no se limitan sólo a declaraciones públicas. Van más lejos. El diario La Vanguardia publicó que, para Feijóo, la interlocución con Bolaños cara a la renovación del Poder Judicial había terminado. Preguntado en conferencia de prensa, el coordinador nacional, Elías Bendodo, afirmó que el partido no se entrometería en la designación de los representantes del Gobierno. Eso es cosa de Pedro Sánchez, vino a decir. 

Ahora bien, la imagen del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha quedado tremendamente dañada en el seno del Partido Popular. La dirección no va a pedir al Ejecutivo que le aparte como negociador ni va a pregonar en público que no hablará nada con él. Tampoco va a negarse a asistir a las reuniones a las que se les llame. Sin embargo, debido a la desconfianza, se cuidarán mucho de expresar sus posiciones con claridad. Las negociaciones, por tanto, se harán más crípticas. El malestar es importante, reconocen en el PP.

El recelo entorpecerá la relación parlamentaria. Es un efecto relevante en el contexto político porque es justo este ámbito, el del Congreso, el que más usan el Gobierno y el Partido Popular. Si bien el diálogo entre las autoridades de ambas partes es parco y esporádico, existe e iba a producirse sobre dos leyes. La reforma de la normativa de seguridad nacional es la más inminente; la de secretos oficiales dependerá de los resquicios que dejen los socios parlamentarios del Gobierno, que de momento son estrechísimos, por no decir inexistentes.

A expensas de los aliados

¿El malestar del PP con el “ministro para todo” del Gobierno (así se le conoce en determinadas esferas parlamentarias) eliminará cualquier opción de acuerdo entre los dos primeros partidos españoles? No, porque en el Congreso son numerosas las leyes pendientes de tramitación y aprobación y no todas las hablan Cuca Gamarra y Félix Bolaños. La mayoría, al ser sectoriales, las negocian y transaccionan los portavoces socialista y popular en las comisiones correspondientes. Los encargados de llevar la cuenta y de evitar despistes son Guillermo Mariscal y Carlos Rojas, los número dos del grupo popular, y Rafael Simancas, secretario de Estado, mano derecha de Bolaños en el Congreso. 

(I-D) El secretario General del Grupo Popular en el Congreso, Carlos Rojas; el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto; la secretaria general y portavoz del PP, Cuca Gamarra, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la primer

(I-D) El secretario General del Grupo Popular en el Congreso, Carlos Rojas; el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto; la secretaria general y portavoz del PP, Cuca Gamarra, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la primer / epe

Pero las leyes de calado, las más políticas, sí dependerán de las direcciones parlamentarias, si no de las direcciones de los partidos, es decir, de Sánchez y de Feijóo. Cuando el Partido Popular, antes del verano, contribuyó a tumbar las propuestas de devolución y las enmiendas a la totalidad de la reforma de la ley de seguridad nacional, abrió una vía de negociación fundamental, ya que ERC, PNV y EH Bildu no están muy receptivos. Lo que propone el Gobierno es la creación de una reserva de bienes estratégicos ante pandemias y conflictos. Las delimitaciones competenciales entre administraciones alejan del “ok” a los socios independentistas y nacionalistas.

La nueva regulación de los secretos oficiales, que el Gobierno ha denominado ley de información clasificada, es otra de esas leyes de envergadura cuya negociación apunta al PP, al menos por ahora. Ni siquiera Unidas Podemos está muy contenta. Cuando el Gobierno aprobó el anteproyecto en Consejo de Ministros ya expresó sus dudas. Un mes después, no se ha movido un ápice, tal y como demostró uno de los portavoces de la formación, el diputado Javier Sánchez. En una entrevista a Europa Press, fue rotundo: si el Gobierno no reduce el plazo de 50 años para la publicación de información reservada, “no habrá ley”. Lanzó un aviso: negociarla con el PP será un incumplimiento más del PSOE.

Esta norma, que en un principio asumió Defensa, la ha gestionado y la gestionará, a no ser que Pedro Sánchez ordene otra cosa, el Ministerio de Presidencia, es decir, Félix Bolaños. 

El PP no espera “nada”

Desde que Sánchez le colocó al frente del ministerio que ejerce la coordinación de la acción política del Gobierno, la figura de Bolaños no ha parado de crecer. Otra cuestión es si está creciendo bien. Son tantas las tareas encomendadas que en su propio partido hay voces que opinan que si alguno de sus cometidos descarrila, es por pura lógica humana. También se escucha en las filas socialistas que peca de ambicioso, pero esto, más que una voz, es un murmullo. En el partido está claro que es figura de confianza de Sánchez. O parece que lo es. Y eso es más que suficiente para ilustrar su poder.

Destituido Héctor Gómez, el ministro de Presidencia deberá probar la coordinación con el nuevo portavoz, Patxi López. Sostienen fuentes parlamentarias que el radio de influencia de Bolaños es elevado, que abarca mucho. Critican, sin embargo, que las reuniones con él carecen de contenido y que al final son un intercambio de generalidades.  

El exlehendakari podría jugar un papel clave si la relación Bolaños-PP se vuelve demasiado compleja; eso está por ver. Las fuentes del Partido Popular, sin embargo, en conversación con este medio, hacen el siguiente análisis:

“El problema no se llama Bolaños ni se llama López. El problema se llama Sánchez. Es al presidente a quien no interesa una relación fluida con el PP. No quiere que haya una relación de confianza con el principal partido de la oposición. Él está cómodo con las relaciones con ERC o Bildu y, por tanto, no negocia con nosotros. No ha negociado prácticamente nada. El decreto de ahorro energético que se verá el jueves en el Congreso no ha provocado una sola llamada, así que no esperamos un cambio en el Gobierno en la relación con el Partido Popular en ningún ámbito”.