Un total de 154 iniciativas ya en vigor desde 2020

El Gobierno inicia la contrarreloj para aprobar sus leyes bandera

A la vuelta de vacaciones, en el último tramo de legislatura, esperan normas como el fin de la 'ley mordaza', la ley de vivienda o los impuestos a banca y energéticas

El Gobierno inicia la contrarreloj para aprobar sus leyes bandera
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El tiempo de juego parlamentario es largo y corto a la vez. Poco más de un año de legislatura puede dar para mucho, porque al Gobierno le interesa agilizar y desatascar iniciativas pendientes y señeras que pueda vender a su electorado, o para poco, porque la tramitación en las Cortes es en ocasiones procelosa y dilatada. Y quedan poco más que dos periodos de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio, más el tiempo que se habilite el próximo verano y los plenos escoba que resten al comienzo del otoño de 2023, antes de que las dos Cámaras se disuelvan en octubre, si es que no hay un anticipo de los comicios. De ahí que la ventana de oportunidad para el Ejecutivo se vaya achicando, también porque a la vuelta de estas vacaciones el ambiente preelectoral irá creciendo hasta la primera parada, la de las autonómicas y municipales de mayo, y esa crucial batalla hará más difíciles los pactos.

El bipartito de PSOE y Unidas Podemos tiene pendiente de sacar varias leyes simbólicas. Algunas, muy cerca del BOE, como la de memoria democrática o la del 'solo sí es sí', la concursal o la de ciencia. Pero otras están bastante más paradas por falta de acuerdo con los socios, como la ley de vivienda o la derogación de la 'ley mordaza'. Un puñado están aún en un estadio muy inicial (como la ley trans, la abolición de la prostitución o la creación de los impuestos a la banca y a las eléctricas) y otro paquete lo forman las que aún no han aterrizado en el Congreso y a las que queda un tiempo de cocción, como la de secretos oficiales, la reguladora del CNI o la de diversidad familiar. Además de, por descontado, los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Negociaciones que ahora tendrá que liderar, por cierto, el nuevo portavoz parlamentario socialista, Patxi López.

De las 154 normas ya aprobadas, el grueso, 82, son reales decretos leyes convalidados por el Congreso. Sánchez señala la abultada producción legislativa como prueba de estabilidad

El Gobierno de coalición ya ha logrado aprobar 154 leyes desde el comienzo de su andadura, en enero de 2020. Serían 155, de hecho, de no haber tumbado el Congreso el decreto ley sobre los remanentes municipales, en septiembre de 2021. De esas 154 iniciativas, la mayor parte se trata de reales decretos leyes convalidados por el Congreso: 82 (el número 83, el de los remanentes, fue derogado). El 53,25% del total, volumen explicable por la pandemia y la mayor facilidad de tramitación para el Ejecutivo, pues se trata de un procedimiento rápido y, la mayor parte de las veces, sin enmiendas posteriores de los grupos.

Otras 48 son leyes ordinarias (31,17%) y 23, leyes orgánicas, de mayor rango (14,93%), cifras a las que hay que sumar un real decreto legislativo. La cuenta subirá pronto a 157 normas, porque hay tres decretos leyes —entre ellos, el 14/2022, de eficiencia energética—, que habrán de ser refrendados por sus señorías a últimos de agosto o primeros de septiembre como tarde. Pedro Sánchez y su equipo suelen destacar la abultada producción legislativa del Ejecutivo como prueba de que, pese a la fragmentación parlamentaria y la dificultad para trabar alianzas, la coalición es estable y está cumpliendo con sus compromisos.

El fin de la 'ley mordaza' tropieza por la actuación policial, mientras que la ley de vivienda está atascada por el choque competencial

Pero las que aún restan en la mochila tienen un enorme calado para PSOE y Unidas Podemos. Como la ley de vivienda. El presidente y Pablo Iglesias ya acordaron legislar el precio de los alquileres para sus primeros Presupuestos juntos. Era octubre de 2020. Entonces comenzaría un largo tira y afloja entre los dos socios que impedía que el proyecto viera la luz. El acuerdo político se alcanzó para las siguientes cuentas del Estado, en octubre de 2021. Al texto le quedaba todavía bajar a la letra pequeña, y finalmente el Consejo de Ministros pudo enviarlo al Congreso el pasado 1 de febrero. Un mes más tarde superó las enmiendas de totalidad pero ahí se paró todo. Por la falta de acuerdo con los socios de investidura, que temen una invasión competencial.

Muy cerca del BOE

La falta de consenso con los grupos que habitualmente apoyan al Ejecutivo explica también el atasco que sufre la derogación de la 'ley mordaza' (o reforma de la ley de seguridad ciudadana), otro de los compromisos bandera del Ejecutivo. PSOE y Unidas Podemos llegaron a acordar las enmiendas, e incluso se acercaron posturas con los socios acerca de cómo sancionar la resistencia a la actuación policial, pero uno de los escollos sigue siendo el tipo de material antidisturbios que pueden usar los agentes. Los socialistas confían en dar un impulso definitivo a las dos normas a partir de septiembre.

A la ley de memoria democrática le queda el trámite en el Senado, y estarán ya muy pronto en vigor las normas del 'solo sí es sí, de ciencia y concursal

De hecho, las negociaciones corrieron paralelas a las de la ley de memoria democrática, pero esta sí se logró desbloquear gracias al pacto con Bildu y PNV (ERC se abstuvo). Al texto solo le falta el trámite en el Senado y, si allí se aprobaran cambios, volvería a la Cámara baja. Las que el Gobierno calculaba en julio que estarían en el BOE eran las leyes del 'solo sí es sí', de ciencia y concursal, en las que se introdujeron enmiendas contra pronóstico que obligan a su retorno al Congreso para su aprobación definitiva.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, pero aún debe ser calificado por la Mesa. El órgano de gobierno del Congreso también ha de admitir a trámite la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para crear los impuestos temporales y extraordinarios a la banca y a las energéticas (promesas avanzadas por el presidente en el debate de la nación), cuyo paso por las Cámaras correrá en paralelo al de los Presupuestos de 2023, para que entren en vigor el 1 de enero. En ambos casos, igual que ocurrirá con el polémico decreto ley de ahorro energético, el Gobierno deberá atraerse a sus socios, dada la oposición de la derecha.

Las cuentas públicas del año que viene serán, de hecho, la gran prueba de resistencia del bipartito en su último año de legislatura y las que visualizarán si la distensión con ERC, facilitada por la entrevista con Pere Aragonès y la posterior mesa de diálogo, el pasado julio, se consolida. Los PGE de 2022 prosperaron gracias al apoyo de 11 formaciones: PSOE, UP, ERC, PNV, Bildu, PDECat, Más País-Equo, Compromís, Partido Regionalista de Cantabria, Nueva Canarias y Teruel Existe. La dificultad añadida para las cuentas de 2023 es que, como se comprometió Sánchez ante la OTAN, contendrán un aumento del gasto militar al que se opone férreamente Unidas Podemos.

En elaboración la nueva ley del CNI

Pero otra combinación puede hacer que vea la luz la abolición de la prostitución, compromiso claro de los socialistas que genera fricciones con sus aliados en el Ejecutivo. El Congreso aprobó la toma en consideración de la proposición con el voto de PSOE, PP y Unidas Podemos, pero con el rechazo de los comunes.

La abolición de la prostitución y la nueva ley de información clasificada están generando fricciones entre los socios de coalición

La nueva ley de información clasificada, que sustituirá a la de secretos oficiales de 1968, fue aprobada en primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto, pero suscitó la oposición inmediata de los morados y las críticas de los socios habituales, lo que hace prever cambios antes de que la norma llegue a la Cámara baja. La nueva regulación que reforzará las garantías del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está aún en elaboración por Defensa. Y el proyecto ley de diversidad familiar y de apoyo a las familias, obra de un ministerio de Unidas Podemos, Derechos Sociales y Agenda 2030, está comprometido para la vuelta de vacaciones, un año después de que el Ejecutivo estudiara el texto en primera ronda.

Estas son, no obstante, solo las normas fetiche del bipartito, pero la hoja de ruta del Gobierno es su Plan Anual Normativo (PAN) de 2022 y el cumplimiento de los hitos y objetivos acordados con la Unión Europea para el el desembolso de los fondos vinculados al plan de recuperación. Y el Ejecutivo deberá seguir haciendo frente a la emergencia ocasionada por la guerra en Ucrania, fuente, seguramente, de más reales decretos leyes, como los dos paquetes anticrisis ya convalidados o las iniciativas de ahorro energético duramente criticadas por el PP, y el plan de contingencia que Bruselas exige y que ha de estar listo para septiembre.

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