DECRETO LEY DE AHORRO

El PP acata el cumplimiento del plan energético sin dejar de avivar la batalla política

Andalucía se distancia de la pugna judicial de Madrid y Génova abre la mano para que las comunidades decidan sobre ir al Constitucional mientras elevan el tono contra "el decretazo" de Pedro Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas (2d) conversan antes de la jura del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas (2d) conversan antes de la jura del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. / EFE/Julio Muñoz

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El plan de ahorro energético aprobado por real decreto ley y que entra en vigor este miércoles será acatado por todas las comunidades autónomas, incluidas las del PP, que plegaron velas, dejaron de llamar a la insumisión, como venía haciendo Madrid, y aceptaron que es una norma de obligado cumplimiento que no boicotearán. Eso no quita que el PP siga escalando en la batalla política contra el Gobierno de Pedro Sánchez y poniendo en duda la utilidad de un plan que cumple con la orden de la Comisión Europea de reducir un 15% el consumo energético, un 7% para España.

En un nuevo paso, el principal partido de la oposición ha pedido al Gobierno todos los informes técnicos y jurídicos que avalan la norma de eficiencia energética, que obligará a apagar los escaparates de los comercios y los edificios públicos a las diez de la noche y controlar la temperatura entre los 19 grados en invierno y los 27 en verano.

El portavoz adjunto de Economía en el Congreso, Jaime de Olano, denunció que el real decreto genera "incertidumbre e inseguridad jurídica" y solicitó todos los informes de impacto económico de esta batería de medidas, después de que las seis comunidades del PP pidieran retirar el texto en la reunión de la Conferencia Sectorial presidida por la vicepresidenta Teresa Ribera.

Madrid irá al TC

El PP de Madrid, el más beligerante y el que ha marcado el paso al discurso frentista y de oposición al real decreto ley, puso el foco en el recurso que elevará al Constitucional, asegurando que se invaden competencias autonómicas y señalaron diez puntos en los que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que se vulnera su autonomía. El foco está en las competencias sobre el comercio.

Otras comunidades como Galicia o Andalucía se han distanciado de esa batalla judicial y piden estudiar la norma con más detenimiento para ver si recurren porque hay “dudas”. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, descartó el recurso y dejó claro que acatará una norma que aseguró “no será útil”. En el mismo tono, el presidente andaluz, Moreno, en una entrevista en Efe, confesó que no le gusta la batalla judicial y dijo que confía en volver a la senda del diálogo y el acuerdo con el Gobierno de la Nación. La dirección del PP ha dejado en manos de cada comunidad autónoma la decisión sobre este recurso mientras aviva el fuego de la batalla política, exigiendo a Pedro Sánchez una rectificación.

En el PP hay una oposición total al decreto, la música la marcó la presidenta de Madrid, aunque la letra y el tono varía en cada territorio. Un día antes de la entrada en vigor de la norma, cesaron las llamadas a la insumisión y el tono se moderó pero con advertencias claras sobre la imposibilidad de inspeccionar y sancionar el cumplimiento en los comercios por falta de medios y recursos en las comunidades. Esas competencias son autonómicas. La vicepresidenta y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, admitió, en una entrevista en la Ser, que no habrá sanciones inmediatas a los pequeños comercios y que dará margen para su cumplimiento.

Desde el Gobierno andaluz, el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, explicó que Ribera acabó con ese mensaje la Conferencia Sectorial del lunes, asegurando a las comunidades que “el decreto no está hecho para sancionar, sino para acompañar a la sociedad en la búsqueda de la eficiencia energética”. Eso sí, la vicepresidenta Ribera también advirtió de que si hay insumisión o boicot cabe acudir al Constitucional para forzar su cumplimiento. “Cumpliremos la ley, nadie plantea lo contrario”, señaló el consejero andaluz del ramo.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

/ EP

Sin inspectores para sancionar

Ayuso ha pasado de llamar al boicot con ese “Madrid no se apaga” que acuñó hace una semana, minutos después de que saliera el real decreto del horno del Consejo de Ministros, a poner el foco en el litigio judicial ante el Constitucional. Atrás quedaron llamamientos como el de apagar unos minutos las luces de los escaparates para luego volverlas a encender, asegurando que así se cumplía una norma estatal a la que acusan de generar “inseguridad” e “indefensión” a las autonomías y al sector privado.

El vicepresidente de Madrid, Enrique Ossorio, aseguró en RNE que cumplirán con el decreto porque “está publicado en el BOE” pero advirtió de que no tienen inspectores para comprobar el cumplimiento en “los 64.000 comercios” de la comunidad y acusó al Gobierno de meter a las comunidades “en un entuerto” e invadir sus competencias.

Otras comunidades como Andalucía, Galicia o Murcia presentaron sus propios planes de ahorro energético para dar una alternativa a las medidas del Gobierno. Rueda empleó el tono más moderado dentro del PP, asegurando que “no queda otra que acatarlo”. Desde Murcia, el presidente Fernando López Miras negó discrepancias dentro del PP y lamentó que el Gobierno actúe de “forma improvisada y a golpe de decretazo”. Murcia no descarta el recurso al Constitucional.

Desde Castilla y León, el PP se ve presionado por sus socios de Vox, negacionistas del cambio climático, para recurrir al Constitucional y presentar una alternativa propia, derogando cualquier ley “con imposiciones climáticas” y con un apoyo expreso a las industrias electrointensivas.

Coches eléctricos compartidos y teletrabajo: Andalucía sobrepasa el plan estatal

El Gobierno andaluz no ocultó su oposición al real decreto ley de ahorro energético pero solo en la parte punitiva y sancionadora y en las medidas que afectan al sector privado, insistiendo en solicitar su derogación. En lo que se refiere a las administraciones públicas, la Junta de Andalucía defendió que deben “dar ejemplo” y avaló un plan alternativo que sobrepasa en muchas medidas a las impuestas por el Gobierno de la nación y que han originado el enfrentamiento con el PP.

Pese a la dura batalla política, el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, aseguró que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno pondrá en marcha medidas que superarán el ahorro del 7% impuesto por la UE. Ese plan no es nuevo, ya hace meses que presentó medidas de mejora de eficiencia energética en la que llaman Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (REDJA), con un único contrato para 5.000 de sus puntos de suministros eléctricos en hospitales, institutos, instalaciones deportivas, oficinas y universidades que garantiza que el cien por cien del consumo viene de energías renovables. “Esto supondrá un ahorro de emisión 500.000 toneladas de C02 anuales”, dijo Paradela.

El plan contempla la renovación de la flota de vehículos oficiales con 147 coches eléctricos, obligará a los viajes compartidos por los empleados públicos y a optimizar las rutas para ahorrar consumo. Se fomentará el teletrabajo y habrá auditorías energéticas a hospitales y juzgados, se controlará el consumo y se penalizará el desvío ante el exceso. La Junta empleará fondos FEDER de la UE para invertir en la mejora energética de los edificios públicos y habrá ayudas para fomentar el autoconsumo también en hogares y empresas “con inversiones que alcanzarán los 1.730 millones de euros”.


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