Moreno culmina el Gobierno andaluz con una nueva ampliación de altos cargos

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno aprobó este martes, en su cuarta reunión desde su constitución el pasado 25 de julio, los decretos de estructura que culminan el diseño del Ejecutivo de la mayoría absoluta del PP. En un “tiempo record”, reseñó el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, se culmina una tarea que en la anterior legislatura, en coalición con Cs, tardó más de un mes y que con gobiernos anteriores incluso se prorrogó a veces durante meses. Solo queda la incógnita de quien ocupará la portavocía, algo que el presidente se reserva para septiembre, según fuentes de su equipo, que trasladan que "no hay prisa" y que Moreno no ha traslado aún su decisión sobre quién pondrá rostro a su Ejecutivo, si alguien del Consejo de Gobierno o un fichaje nuevo.

Con el mantra de este el “el Gobierno de la gestión y los hechos” y el convencimiento de que “no hay tiempo que perder”, el PP entierra definitivamente el discurso del ahorro en Andalucía y la enmienda a la totalidad a los anteriores gabinetes socialistas con la que se estrenó la anterior legislatura. Ahora, el Gobierno vuelve a ampliar los altos cargos, ya lo hizo a lo largo del anterior mandato, hasta superar el organigrama que tuvo el último Gobierno del PSOE con Susana Díaz, que, según el Portal de la Transparencia, tuvo 267 altos cargos, contando las delegaciones provinciales y empresas del sector público.

El nuevo Gobierno andaluz suma dos consejerías, hasta las 13 carteras más la presidencia del Gobierno. Cada uno de estos departamentos añaden dos viceconsejeros, seis directores generales y hay cuatro nuevas secretarías generales. El organigrama engorda y olvida los mensajes que protagonizaron durante meses las ruedas de prensa posterior a cada consejo de gobierno hace cuatro años, cuando el entonces consejero de Presidencia, Elías Bendodo, arremetía contra “el despilfarro” socialista y defendía que el gobierno “del cambio” había venido a poner orden, “quitar grasa” y acabar con el dispendio del dinero público en altos cargos. Cuando se aprobó la estructura del anterior Gobierno, Bendodo sacó pecho por una reducción de altos cargos que cifró en el 13% y que iba a acarrear un ahorro de 6,5 millones de euros.

Sin datos cerrados

Casi cuatro años más tarde, Antonio Sanz, su sucesor en Presidencia, no desveló el incremento total de altos cargos alegando que aún queda por definir la estructura de las delegaciones provinciales, la llamada administración periférica, y el sector público, por lo que los datos no serían homogéneos. Sanz sí admitió un incremento de altos cargos e insistió en que es una estructura “eficiente” y “una adecuación prudente”, hablando de “funcionalidad y eficiencia”.

Ya en la anterior legislatura, PP y Cs amplió el número de altos cargos al desdoblar las delegaciones provinciales, admitiendo que se habían excedido con las tijeras y que la estructura de la Junta en las provincias no era operativa. Así en 2020, un año después de que Moreno tomara posesión, los delegados en las provincias pasaron de ser 57 a 89, frente a los 65 del último gabinete socialista.

El mensaje de que iban a reducir la estructura no se cumplió. Al término del mandato, atendiendo a los datos del Portal de la Transparencia, la Junta contaba con un total de 204 cargos dependientes de la administración, más otros 86 en su sector público. En total 290, que excedían los 267 del último organigrama de la socialista Susana Díaz. En 2020, cuando el mensaje era el de recortar y eliminar excesos, los altos cargos eran 178 de la administración y 82 del sector público.

No es el único viraje. Durante la anterior legislatura, el Gobierno encargó unas auditorías privadas para adelgazar el sector público y eliminar empresas y entes de la llamada administración paralela. Lo acordado con Vox y prometido sobre el papel, no se pudo materializar en muchos casos. La Junta admitió que era ilegal despedir a muchos de esos trabajadores públicos que durante años llamó “enchufados” porque estaban amparados por la legislación laboral y sería muy elevado el coste de las indemnizaciones. En su discurso de investidura, el pasado julio, Moreno afeó en el Parlamento a la entonces portavoz de Vox, Macarena Olona, que hablara de una administración andaluza “mastodóntica”, lamentó que hay “muchos prejuicios” y reprochó que se hable de los funcionarios o los trabajadores como si todo tuvieran “un carné del PSOE” porque no es así, defendiendo los 273.000 empleados públicos que tiene la Junta, la mayoría en educación y sanidad.

También ha pedido ahora Moreno una reflexión sobre los sueldos que cobran los políticos andaluces, cuando explicó que muchos directivos del sector privado no quieren incorporarse a la administración porque pierden dinero, hay duras incompatibilidades y sufren un alto coste por la exposición pública. El presidente de la Junta de Andalucía gana 69.243 euros y un consejero de su Gobierno 68.150.

Adelante Andalucía criticó que en el nuevo organigrama haya una dirección general específica de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada. La Junta ya ha nombrado a todos sus viceconsejeros y ha ocupado la mayoría de sus secretarías generales.