Tribunales

El temor al juicio, en el origen de los pactos que libran a los violadores de la cárcel

  • Los acuerdos de conformidad buscan en algunos casos evitar la revictimización de la mujer, que muchas veces llegan a las vistas orales con secuelas psicológicas

  • La fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, aboga por una reforma que evite a las víctimas el "calvario" del proceso y declaren solo durante la fase de investigación

Concentración contra la violencia machista

Concentración contra la violencia machista / Archivo

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En la Región de Murcia la violación de una niña de 15 años y el abuso a otra de diez son los precedentes inmediatos de acuerdos de conformidad firmados por la Fiscalía y los abogados de las víctimas en virtud de los cuales los autores confesos lograron eludir su ingreso en prisión, tal y como ha ocurrido en el reciente caso de Mula. Sin embargo, estos acuerdos, que según las expertas buscan evitar la revictimización que supone para las mujeres someterse a la vista oral, ni mucho menos se circunscriben a esta comunidad autónoma, sino que se extienden a toda España.

En uno de los casos más recientes, en el que dos policías locales de Estepona (Málaga) no pisarán la cárcel con la condición de no volver a delinquir y participar en un programa de reeducación sexual, el entorno de la víctima explicó a la Agencia Efe que el acuerdo buscaba evitar la "revictimización" de la joven, que podría ser sometida a un juicio mediático paralelo, como ocurrió en el caso de La Manada.

Imagen del violador de Jumilla

/ La Opinión de Murcia

En la causa de Pamplona, la mujer agredida apareció en diferentes publicaciones y en redes sociales que se convirtieron en una especie de "manada virtual" amparada por el anonimato de internet. Eric C.T.G, un vecino del barrio barcelonés de Horta-Guinardó, exmilitar y con antecedentes, se enfrenta a tres años de cárcel por publicar en un foro de internet, usando la red wifi de su vecina, una de las imágenes tomadas por los miembros de La Manada durante la agresión sexual a la joven. En concreto, colgó un fotograma en el que la chica aparece siendo vejada por José Ángel Prenda, uno de los condenados.

Una 'jauría virtual'

Además, el procesado en Cataluña fue uno de los primeros de esa 'jauría virtual' que difundió el nombre y los apellidos de la chica, su DNI, fecha de nacimiento, lugar de residencia y el centro educativo en el que estudiaba.

Un informe elaborado en 2018 por el Grupo de investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), integrado por las profesoras Maria Barcons, Encarna Bodelón, Jimena Martínez, Esther Murillo, Ariana Pisonero y Patsilí Toledo, cuyo contenido fue adelantado por eldiario.es, explica que la victimización secundaria o revictimización se debe a la falta de comprensión que tienen muchas mujeres del procedimiento judicial. También denuncian el escaso acompañamiento que las víctimas tienen de las letradas y letrados, así como "la soledad en la que se encuentra la víctima durante el proceso" y que la carga de la prueba recaiga sobre ella.

La revictimización también se origina, según este colectivo universitario, por las largas esperas que sufren las víctimas durante el procedimiento, la duración del mismo, el cuestionamiento y la desconfianza hacia el relato de la víctima y la reiteración de las declaraciones, las diligencias o las pruebas. Estas prácticas desincentivan las denuncias.

Preguntas sobre la vida sexual

La normativa vigente, prosigue el informe del Grupo de investigación Antígona, incluye una excepción "sumamente peligrosa": que para “valorar la credibilidad” de la declaración de la denunciante se puedan formular en el juicio preguntas relativas a la vida privada de la víctima, incluida su vida sexual

En este sentido, la fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, abogó el pasado jueves en declaraciones a la agencia Europa Press por llevar a cabo una reforma legal de manera que las víctimas de agresiones sexuales sólo tengan que declarar durante la fase de investigación, ahorrándoles así el "calvario" del proceso y la asistencia al juicio oral, algo que algunas mujeres prefieren evitar y que, en ocasiones, lleva a buscar una conformidad con el agresor.

Peramato explicó que esta opción, que se denomina prueba preconstituida, ya se usa cuando, por ejemplo, quien declara es menor de 14 años o en casos excepcionales, como cuando la persona corre el riesgo de fallecer antes de la celebración del juicio oral. Su propuesta es que debe extenderse no sólo a las investigaciones de agresiones sexuales sino al resto de casos de violencia de género.

"Calvario lento"

Peramato defendió esta reforma tras los recientes casos en los que los violadores llegaron a acuerdos con sus víctimas -el caso de los dos policías de Málaga y el de Mula (Murcia)- que les permitieron evitar la prisión. Para la fiscal, el hecho de hacer pasar a la víctima por todo el "calvario lento y tortuoso" del proceso judicial, aunque acaben declarando en el juicio a puerta cerrada, es algo que se debe evitar. A su parecer, se debe proteger a la víctima y así desincentivar que opte por conformidades para evitar situaciones traumáticas.

Un "calvario" como el que sufrió en 2017 una niña de 15 años que había sido violada en Jumilla (Murcia) en 2013 por Juan Francisco M. C. En las fechas del juicio, con 19 años, esta mujer sufría lesiones psicológicas que evolucionaron en un trastorno de estrés postraumático. Debido a esto, le fueron recetados antidepresivos y tuvo que pasar por terapia. La chica tenía como secuela un trastorno neurótico de estrés postraumático.

Fue en ese contexto en el que llegó la conformidad. La defensa del violador confeso y el fiscal, que pedía en un principio once años de cárcel, llegaron a un acuerdo, que no pisó la cárcel pese a haber reconocido el delito. La Fiscalía rebajó su petición de pena: dos años de prisión, cuatro más de libertad vigilada y que no pudiese tener contacto alguno con su víctima. Asimismo, pedía que el agresor indemnizase a la chica con 20.000 euros por los daños morales.

Dilaciones indebidas

El Ministerio Público admitía que las dilaciones indebidas que se habían producido en este caso afectaron a la resolución final. El condenado alegó que tenía trabajo fijo y prometió que pagaría 350 euros al mes a la víctima.

En la Región de Murcia otro violador evitó la cárcel tras una conformidad acordada en el verano de 2021. Un hombre de 47 años de edad admitió ante el juez haber abusado sexualmente de una niña de diez años. Fue condenado a un año de cárcel por un delito de abuso sexual, con el atenuante de reparación parcial del daño, pues entregó 400 euros de la indemnización de 2.000 que tenía que entregar. La Audiencia Provincial de Murcia suspendió la pena privativa de libertad a cambio de que no delinca más y con la condición de que pague, en 25 mensualidades, el dinero que debe al padre de la pequeña a la que atacó.

Otra violación, en este caso en Almería y similar al caso de Jumilla, revela que la víctima, que se sometió a una intervención de interrupción voluntaria del embarazo, presentaba en las fechas en las que estaba prevista la vista oral una sintomatología ansioso-depresiva y síntomas de estrés postraumático. La menor evitó el juicio y llegó a un acuerdo con el violador, que no pisó la cárcel.

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