TRIBUNALES

La Justicia autoriza la entrega a Rabat de un implicado en tráfico de migrantes

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cambia de criterio y estima la petición marroquí para extraditar a un ciudadano de este país africano acusado de integrar una organización criminal que se dedica al tráfico de personas

Vista de la valla de Melilla. EFE/ Miguel Osés

Vista de la valla de Melilla. EFE/ Miguel Osés

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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha autorizado la extradición a Marruecos de un ciudadano marroquí acusado de colaborar con una mafia que facilitaba la emigración irregular a España de personas subsaharianas, según consta en un auto del pasado 19 de julio al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Los magistrados han cambiado su criterio, pues inicialmente rechazaron la entrega a las Autoridades de Rabat de este ciudadano marroquí residente en Almería, porque la orden internacional de detención marroquí la había dictado el Fiscal General del Rey alauí y no un órgano judicial.

Según el recurso presentado por las autoridades de Rabat, la orden internacional de detención emitida por un fiscal en este país tiene el efecto de una orden judicial, por lo que el ordenamiento jurídico de Marruecos no prevé la posibilidad legal de que estas órdenes de la Fiscalía puedan ser homologadas por un órgano judicial.

Marruecos pide la entrega del ciudadano marroquí residente en España en el seno de un procedimiento penal seguido como consecuencia de una investigación iniciada en mayo de 2020, dirigida por la Policía de Nador (ciudad situada cerca de la frontera con Melilla), por el que fueron detenidos varios integrantes de una red criminal dedicada a la migración irregular de personas de origen subsahariano. Uno de los arrestados confesó que dirigía, desde 2014, una red criminal especializada en la organización de la migración irregular desde las costas de la región de Tazaghine (situada entre Nador y Alhucemas).

Casas abandonadas

Los testimonios de los interrogados atribuyeron al reclamado, presuntamente, formar parte de dicha organización criminal. En concreto, se le acusó de albergar desde 2014 en casas abandonadas en la zona de Tazaghine a los sucesivos inmigrantes subsaharianos que recurrían a los servicios de la mafia.

La Fiscalía General del Rey de Marruecos explicó a las autoridades españolas que los súbditos de países subsaharianos primero eran concentrados en inmuebles abandonados de la costa del país africano para posteriormente ser trasladados a España en lanchas neumáticas. La mafia recibía en el momento del embarque un pago de entre 1.500 y 1.900 euros de cada uno de los migrantes.

La normativa marroquí prevé una pena privativa de libertad para los hechos que se le imputan al sospechoso detenido en España de hasta 15 años de cárcel: mientras que en España, completan los magistrados de la Audiencia Nacional, podrían suponer un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en el seno de una organización criminal castigado con pena de prisión de 4 a 8 años.

Sin delitos políticos

Sin embargo, en este caso no concurre ninguno de los motivos para denegar la extradición a Rabat, pues el reclamado no tiene nacionalidad española, no se le persigue por delitos políticos, los hechos no están prescritos, no se han perpetrado en España y no han sido todavía juzgados. Y tampoco se dan los motivos de denegación facultativos, previstos en el convenio bilateral entre ambos países, pues no se trata de delitos militares o fiscales, y los hechos no están siendo investigados en España ni consta que hayan sido juzgados en un tercer Estado.

Una vez que la Audiencia Nacional ha decidido ya estimar la petición de extradición, la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros, que es en última instancia el órgano responsable de la entrega de este ciudadano marroquí residente en Almería, ciudad en la que trató de tramitar su residencia en España.

Tanto Marruecos como España mantienen que el fallecimiento de al menos 23 migrantes en la valla de Melilla estuvo incentivado por las mafias del tráfico de personas. Uno de los ejes de los acuerdos firmados entre Marruecos y España en la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Rabat, a principios de abril, fue la cooperación en ámbito migratorio.

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