El Consejo de Ministros nombra este lunes a Álvaro García nuevo fiscal general del Estado

Para llegar a tiempo al tradicional acto de apertura del año judicial presidido por el rey Felipe VI, los trámites para designar a Álvaro García Ortiz fiscal general del Estado se están desarrollando contrarreloj. El Consejo de Ministros de este lunes lo elevará a la máxima responsabilidad del ministerio público y este martes se desplazará a Mallorca para prometer el cargo ante el monarca en su residencia estival, el Palacio de Marivent, informaron fuentes fiscales.

Así el próximo 5 de septiembre podrá tomar posesión ante la plana mayor del Tribunal Supremo y presentará la memoria de la Fiscalía del año 2021 durante el acto con el que se inaugura la actividad de los tribunales tras el descanso veraniego.

Este es el primer consejo de ministro que se celebra tras la comisión de justicia del Congreso en la que el futuro fiscal general explicó sus proyectos para el ministerio público y se defendió de las críticas que recibió desde el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que definió como "un tribunal del honor".

Durante la comparecencia, García Ortiz defendió a su antecesora, Dolores Delgado, quien renunció por problemas de salud, y se atribuyó los errores que se hubieran cometido durante su mandato, al haber sido su mano derecha, como jefe de la Secretaría Técnica. Además, se permitió dar respuesta a todas las críticas recibidas desde que llegó a la Fiscalía General y, especialmente, desde que se conoció que sería quien la reemplazaría.

Máxima cercanía

La mayor parte de las críticas se enmarcaban en esa cercanía a Delgado, por la que los diputados conservadores le llamaron su "clon". Pero sobre todo se centró en la gestión desarrollada durante los expedientes abiertos al que era fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa, cuando se jugaba la plaza en la fiscalía especial para la que no fue elegido por la fiscal general.

García Ortiz anunció que reunirá a la Junta de Fiscales de Sala para adoptar un criterio sobre la prescripción de delitos que se impondrá a todos los casos y que será el que se aplique en los sumarios por atentados de ETA, como el de Miguel Ángel Blanco, para actuar contra quienes eran jefes de la banda terrorista cuando se cometieron.