NUEVO TIPO PENAL: ECOCIDIO

PSOE y Podemos defendieron en mayo que los incendios provocados sean delito internacional

La Comisión de Transición Ecológica del Congreso aprobó hace dos meses y medio una proposición no de ley favorable a la inclusión del "ecocidio" entre los delitos que podría juzgar la Corte Penal Internacional

Unidas Podemos y Más País se han interesado por los efectos jurídicos que en la legislación española generaría esta novedad; el Gobierno se ha posicionado de manera ambigua

Incendio forestal

Incendio forestal

Ángel Alonso Giménez

Ángel Alonso Giménez

El PSOE y Unidas Podemos, junto a ERC y Más País, lograron el pasado 11 de mayo que la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso aprobara una iniciativa a favor de convertir los incendios provocados en delito internacional. El PP, Cs, PNV y Teruel Existe se abstuvieron y Vox votó en contra, el único grupo parlamentario en pronunciarse así.

Fue una proposición no de ley, una de las herramientas que el Congreso tiene para ejercer su función de orientación política. Son propuestas, por tanto, sin alcance legislativo. Su aprobación no obliga a Pedro Sánchez, pero sirve para retratar los posicionamientos de las formaciones representadas en la Cámara Baja y para que la sociedad los conozca. 

Unidas Podemos registró la iniciativa en octubre del año pasado, en coincidencia con una campaña iniciada meses antes a escala internacional. Un grupo de expertos se movilizó para que el “ecocidio” se sumara al cupo de delitos que investiga y juzga la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Este cupo lo forman los crímenes de guerra, los genocidios, los crímenes de lesa humanidad y las agresiones. “Stop ecocidio” fue el nombre de aquella campaña de repercusión mundial.

El líder de Alianza Verde, Juantxo López Uralde, y la diputada de Unidas Podemos por Asturias, Sofía Castañón /

El líder de Alianza Verde, Juantxo López Uralde, y la diputada de Unidas Podemos por Asturias, Sofía Castañón / / EP

Aunque ERC presentó dos enmiendas para fijar los plazos de la petición, la proposición no de ley se votó en los términos en los que se registró. Unidas Podemos no aceptó cambios en la redacción, lo que no dificultó que saliera adelante con holgura. Arrastró 19 votos a favor y 12 abstenciones, de modo que los cinco rechazos de Vox no inquietaron en absoluto.

El texto dice lo siguiente: “El Congreso insta al Gobierno a estudiar una política de impulso a la modificación del Estatuto de Roma como vía para incluir el reconocimiento del ecocidio como un delito internacional, así como a valorar la realización de las reformas procesales y penales congruentes con este objetivo en nuestro Derecho interno”.

Tendencia a la impunidad

El autor de la iniciativa es el diputado por Álava Juantxo López de Uralde, el referente ecologista de la confluencia dentro del Congreso y fuera de él. Para sostener su argumentación, recuerda en la exposición de motivos un informe de SEO/Birdlife publicado en 2020, en el que se alerta del aumento de delitos medioambientales y en el que se aboga por “una mejora del funcionamiento del sistema sancionador penal”. 

La organización había detectado la “tendencia” a “no imponer la pena privativa de libertad” y un preocupante, por elevado, “índice de impunidad”. Debido a ello, tal y como recoge López de Uralde, se hace necesaria una “nueva técnica para la construcción de delitos en contra del ambiente que garanticen realmente la protección del sujeto protegido y el castigo a quien lo dañe, sea de manera dolosa o culposa”.

Es en este momento de la exposición de motivos cuando el también presidente de la Comisión de Transición Ecológica menciona “ecocidio”. Señala que “países más avanzados” han incluido en sus legislaciones internas dicha figura, que define así: “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado” contra el medio ambiente “a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves, extensos y duraderos”. 

La intención humana

La demanda política de la proposición menciona el Estatuto de Roma. Es el texto que construye y delimita el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Su artículo 13 establece cómo operar para llegar hasta aquí. Entre las vías estipuladas, la de que un Estado miembro remita al Fiscal la situación en que “parezca” que se ha cometido uno o varios de los delitos atribuidos al ámbito de la Corte. Por ejemplo, recientemente España, en línea con otros Estados parte, pidió la investigación de posibles crímenes de guerra en Ucrania por parte de las tropas rusas. Tal y como recuerda López de Uralde, la articulación de este organismo es “un paso importante en la lucha contra la impunidad”.

Añadir el ecocidio a la lista de crímenes que investigue la CPI es lo que demandó Unidas Podemos y validó el Congreso de los Diputados, exactamente un mes antes de que comenzaran los primeros incendios virulentos. Si bien el debate se celebró hace más de dos meses, ha recobrado actualidad, pues el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que dirige Teresa Ribera dio a conocer este martes que las hectáreas quemadas son 78.759, informa Europa Press. 

La ministra de Igualdad, Irene Montero, conversa con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, conversa con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. / EFE/Ramón de la Rocha

A la espera de que las investigaciones aporten resultados, varios mandatarios políticos ven la intención humana en los fuegos que están desertizando España. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró este martes que “la mano del hombre” se encuentra detrás de los incendios. También ha apuntado a “la anomalía climática” que están provocando las altísimas temperaturas y los fuertes vientos, precisa un teletipo de la Agencia Efe.

La lucha contra el fuego ha suscitado reflexiones que más temprano que tarde se sabía que saldrían a la palestra. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha planteado el endurecimiento de las penas estipuladas para quienes provoquen los fuegos.

El Código Penal

Que los ecocidios los asuma la CPI supondría, destaca López de Uralde en el texto de la iniciativa, que los delitos contra el medio ambiente se enmarcarían en la misma categoría que los crímenes de guerra o los crímenes contra los derechos humanos, y entonces la Corte Penal Internacional podría investigarlos y juzgar a los culpables. Si la legislación española recogiera la figura, se produciría un salto cualitativo más que relevante en la lucha contra el fuego.

El Código Penal, sin embargo, se ha ido remozando durante los últimos años con el objetivo de adaptarlo a la urgencia medioambiental, acentuada por el cambio climático. Hay artículos contra los responsables de la devastación. Así, el 351 indica que “los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o la integridad física de las personas serán castigados con pena de prisión de 10 a 20 años”. Y el 352, ya dentro de una sección de epígrafe “incendios forestales”, recalca que “los que incendiaren montes o masas forestales serán castigados con penas de prisión de uno a cinco años y multa de 12 a 18 meses”.

El siguiente es el que con más precisión circunscribe los incendios a los delitos medioambientales, ya que enumera una serie de agravantes, entre ellos que afecte a superficies considerables, que de él se deriven “efectos erosivos” en los suelos y que “altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal" o amenace algún espacio natural protegido. Añade dos circunstancias más: la proximidad del fuego a núcleos de población y que la provocación del mismo se produzca “en un momento en el que las condiciones meteorológicas o del terreno" resulten especialmente perjudiciales. Ésta última encaja en la trágica actualidad; basta recordar las palabras de Fernández Mañueco.

La inclusión del ecocidio como delito internacional, en la estela de países como Escocia, Reino Unido o Canadá, exige la negociación previa de una enmienda al Estatuto de Roma. Fuentes de la formación "morada" avanzan a este periódico que durante el otoño presentarán alguna novedad al respecto.

La ambigüedad del Gobierno

La diputada de Más País Inés Sabanés se adelantó al debate en octubre del año pasado. Envió al Gobierno una pregunta para que respondiera por escrito, en la que demandó posición política precisamente sobre el ecocidio y la Corte Penal Internacional. El Ejecutivo contestó primero con una disertación sobre el procedimiento que llevar a cabo para hacer el cambio posible, lo que requiere huir de “supuestos de hecho que por su generalidad pueden crear inseguridad jurídica”.

Pedro Sánchez llegando a la zona afectada de Casas de Miravete.

Pedro Sánchez llegando a la zona afectada de Casas de Miravete. / epe

Si bien el Gobierno resalta que “la naturaleza es un bien jurídico que merece la máxima protección de la comunidad internacional”, advierte de que la adición de un tipo penal nuevo conlleva “el riesgo de que sólo sea ratificada por una parte de los Estados parte” de la CPI. “El mismo Estatuto -de Roma- prevé que los nuevos delitos no se persigan en los Estados que no hubiesen ratificado la enmienda”, añade.

A lo largo de la explicación a Sabanés, el Gobierno alterna mensajes de reticencia con indicios favorables, porque tras defender “la conveniencia de que cualquier nuevo tipo penal cuente con un apoyo muy extendido de los Estados parte e incluso de otras instituciones multilaterales”, opta más adelante por “explorar otras vías internacionales que se adapten más a la necesidad de que las empresas indemnicen por el daño causado”. A criterio del Ejecutivo, “estos accidentes suelen responder más a imprudencia que a dolo”.