Gobierno y Generalitat reabren el diálogo con la "desjudicialización" como reto

Tras casi un año de inactividad, la mesa de diálogo vuelve a sentar esta semana al Gobierno y a la Generalitat con un objetivo: trenzar acuerdos concretos respecto a una cuestión clave, la desjudicialización del 'procés'. Un asunto decisivo para el independentismo y que también ha planteado la Moncloa, aunque con sentidos distintos. La reunión viene precedida de una gran desconfianza tras el 'caso Pegasus' de espionaje, pero ERC espera lograr algún paso adelante frente al portazo de Junts a la mesa, y la cita llega también prologada por movimientos relevantes como la renuncia de la fiscal general del Estado,

Dolores Delgado

Aragonès anuncia para octubre el impulso de una energética pública catalana

, por problemas médicos, y la decisión de Anna Gabriel, de la CUP, de seguir los pasos de la republicana Meritxell Serret y personarse ante el Supremo.

La cita, la tercera desde la constitución del órgano, en febrero de 2020, y la primera sin la presencia de los presidentes, se está gestando con altísimas medidas de discreción en ambas partes, hasta el punto de que no está confirmado ni anunciado aún qué día de la semana despacharán las dos delegaciones en Madrid, aunque todo apunta al miércoles 27 o jueves 28 de julio como jornadas más probables —son las fechas ofrecidas por el Ejecutivo, de hecho—, ya que este lunes es festivo en la capital, el martes hay Consejo de Ministros y el viernes se encadenan ejecutiva del PSOE en Ferraz, comparecencia de balance de Pedro Sánchez y arranque del viaje del presidente a los Balcanes. El miércoles 27 se dibuja, 'a priori', como la fecha "más segura", indican fuentes gubernamentales, a falta de cuadrar los horarios. Y es que el jueves la agenda monclovita está cargada por las sucesivas entrevistas del líder socialista con los presidentes autonómicos investidos este año: 

Juanma Moreno

 (Andalucía), Alfonso Rueda (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), los tres del PP.

El objetivo final del 'president' y del separatismo es conocido: amnistía y referéndum. Cuestiones ambas a las que el Gobierno se niega

En el Govern se va a confirmar la ausencia de Junts, pese a la petición expresa del presidente del Gobierno para que forme parte de la delegación catalana. Pero la formación de

Jordi Turull

mantiene su negativa, aduciendo no solo que se vetaron los nombres que propuso en su día, sino que este instrumento ha quedado caduco y el independentismo debe pasar a "la acción" y no esperar frutos del diálogo.

En cambio, ERC mantiene la bandera de la negociación frente a Junts, e incluso ha instado a sus socios del Govern a tomar decisiones si consideran que no tiene sentido mantener esta estrategia. Los republicanos esperan dos cuestiones básicas de la cita en Madrid: una, pasos concretos, y dos, compromiso de que estos avances tengan continuidad en el tiempo mediante otros pasos en la misma línea de evitar el choque judicial. El objetivo final del 'president' y del conjunto del independentismo es conocido: amnistía y autodeterminación. Cuestiones ambas a las que el Gobierno se niega radicalmente. Ahí no habrá ningún tipo de acercamiento.

El contexto: pasos favorables

Hablar de desjudicialización implica dos agendas distintas. Una es la que puede hacer con luz y taquígrafos cualquier poder legislativo: modificar el marco legal, facilitando así la reducción del espacio de conflictividad. En este sentido sigue estando sobre la mesa la modificación del delito de sedición, uno de los que pesa sobre los exdirigentes del

'procés'

todavía huidos en el extranjero. Sobre ello, la posición del presidente del Gobierno ha sido favorable, pero ha aducido que carece de mayoría en el Congreso para llevarla a cabo. Posición de la que no se va a mover.

La reunión viene precedida de dos decisiones personales importantes: la renuncia de la fiscal general por motivos de salud y la entrega de Anna Gabriel al Supremo, siguiendo los pasos de Serret

Pero existe otra agenda, más discreta. La mesa de diálogo llega precedida de dos decisiones precisamente del ámbito judicial. Una, la renuncia de la fiscal general por motivos de salud. Delgado, exministra socialista, ha dirigido durante dos años el ministerio público con no pocas polémicas. La fiscalía es un organismo clave en presentes y futuras calificaciones de casos judiciales todavía vivos respecto al 'procés'.

Otra decisión reciente ha sido la decisión de la 'cupaire' Anna Gabriel —que reside en Suiza— de presentarse ante el Supremo evitando entrar en prisión porque solo pesa sobre ella un posible delito de desobediencia. Sigue los pasos de la que fue delegada del Govern en Bruselas y 'consellera' Meritxell Serret. Cuando esta se entregó a la Justicia española, vio cómo la acusación de malversación de caudales públicos desaparecía y su caso quedaba reducido a un delito de desobediencia, como había fijado la sentencia del 'procés' con los 'consellers' que compartieron responsabilidad con ella. Será juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, como ocurrió con los miembros de la Mesa del Parlament cuando la presidía Carme Forcadell.

El siguiente movimiento lo podría dar la dirigente de ERC 

Marta Rovira

, desplazada en Suiza. Ella misma ha descartado, por ahora, un regreso inmediato, alegando que aunque se revisara a la baja el delito de sedición, sobre ella pesa una acusación también por rebelión. Todo ello son pasos en la línea del pacto y, por tanto, en las antípodas de la confrontación.

Sin concreción de los equipos

En la Moncloa impera un mutismo radical. Sánchez ha estado centrado en la última semana en ajustar el nuevo corazón del poder en el PSOE, precipitados tras la dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria general. Relevos ratificados este 23 de julio por asentimiento en el comité federal del partido.

En el entorno del presidente ni han revelado la delegación —en septiembre pasado, en Barcelona, acudieron 

Yolanda Díaz

, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez y Miquel Iceta—, aunque sí está claro que, en ausencia de Sánchez, el jefe de la misma será el ministro de la Presidencia, mano derecha del líder y el que ha logrado reconducir las relaciones con el Govern tras el estallido del 'caso Pegasus'. Los interlocutores y su número se ajustarán en función de quiénes viajen desde Barcelona, aunque todo apunta a que la delegación del Ejecutivo repetirá: Bolaños, Rodríguez e Iceta forman parte del comité de estrategia (los 'supermaitines') confirmado esta semana, y la vicepresidenta segunda entra por la cuota de Unidas Podemos.

"Ley del silencio hasta que cerremos cosas", sostienen desde la Moncloa. Es decir, boca cerrada por el momento. En el Gobierno se pone el acento en la relevancia de la foto de los dos presidentes

"Ley del silencio hasta que cerremos cosas", sostienen desde la

Moncloa

. Es decir, boca cerrada por el momento. En las últimas dos semanas se insistía en el Gobierno en que lo fundamental era la foto entre los dos presidentes, el pasado 15 de julio, la evidencia del retorno a la "normalidad" tras el distanciamiento de Pegasus. Y señalaban hacia la actitud de ERC en el Congreso: en el último pleno, en la semana del debate de la nación, la formación independentista volvió al grupo de aliados del Ejecutivo y apoyó diez de las 15 resoluciones presentadas por el PSOE (en otras tres se abstuvo) y ayudó a Sánchez en las votaciones de varias iniciativas legislativas. El siguiente reto serán los Presupuestos de 2023. Hacienda cuenta con tener de nuevo a

ERC

a su lado.

En los últimos meses, los dos gobiernos han trabajado en materias concretas que no han trascendido, lo que hace afirmar también al Gobierno que en la próxima reunión habrá frutos. "Será positiva, con acuerdos, aunque está todo pendiente de cerrar", asegura un miembro del Gabinete implicado en las negociaciones con la Generalitat. No obstante, habrá otra cita de la mesa a finales de año. Para el Ejecutivo, en cualquier caso, la desjudicialización es conducir los lazos con la Generalitat por la vía del diálogo, lo que no obsta a que si hay indicios de delito se lleven a los tribunales. Pero no se revisarán la sedición y la rebelión, como ratificó Bolaños en este diario.

Junts, a la contra

Por ello, Junts —cuyo exlíder y 'expresident' Carles Puigdemont sigue en

Bélgica

— se mira todos estos avances con mucho recelo. Se preguntan si ERC y el PSOE han pactado con el juez Pablo Llarena para facilitar situaciones como la de Anna Gabriel. Y en privado inquieren si la desjudicialización significa únicamente beneficiar a dirigentes republicanos. Lo explican con relación al caso que tienen pendiente Josep María Jové y Lluís Salvadó, diputados en el Parlament.

En Junts se preguntan si la desjudicializar significa únicamente beneficiar a dirigentes republicanos

Son solo algunos de los casos todavía pendientes, que pueden desbrozar o embarrancar la vía del diálogo. Junts exprime su posición beligerante contra el Gobierno en todos los frentes, y recuerda a ERC que la mesa se reúne sin haberse cumplido las condiciones de Aragonès para descongelar las relaciones por el 'caso Pegasus', que el independentismo describió como un escándalo sin precedentes.

Las condiciones eran abrir una comisión de investigación, ofrecer garantías de que no se repetiría el espionaje y asumir responsabilidades políticas. De la reciente cita en la Moncloa entre 

Aragonès

 y 

Sánchez no salió ningún avance público al respecto de Pegasus pero sí la decisión de mantener el diálogo y convocar la mesa, que se reunió —ya sin Junts— en septiembre del pasado año en el Palau de la Generalitat sin grandes avances.