García Ortiz, un mandato corto con 'marcaje' hostil del Consejo Fiscal y pendiente del futuro de Delgado

Álvaro García Ortiz tomará posesión en unos días de su nuevo puesto como fiscal general del Estado. Aún le queda el 'trago' de comparecer en la Comisión de Justicia prevista para el próximo jueves, que se aventura turbulenta tras las duras críticas del sector más conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos vocales le han llegado a calificar de "no idóneo" para el puesto. 

Frente a él, un mandato corto -cesará cuando lo haga el Gobierno al término de la legislatura- y complicado por la posición mayoritaria de la carrera que ha "heredado" de su antecesora. Las polémicas protagonizadas por Dolores Delgado, de la que García Ortiz era considerado "fiel escudero", cristalizaron el pasado mes de mayo en unas elecciones al Consejo Fiscal que evidenciaron el descalabro de la asociación a la que pertenece, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que redujo su influencia a solo dos vocales frente a los seis obtenidos mayoritaria Asociación de Fiscales (AF).

Será este órgano consultivo -que se constituyó hace tan solo unas semanas-, el que realice el 'marcaje' a las actuaciones del nuevo fiscal general, según reconoce uno de sus vocales, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada. "Claro que vigilaremos, a éste y a cualquier otro fiscal general", señala a El PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Entre los asuntos pendientes que más soliviantan a la carrera está el del Comité de Ética de la Fiscalía, un órgano de nueva creación y cuya puesta en marcha lleva meses paralizada. Este órgano, que paradójicamente tiene entre sus objetivos controlar si integrantes del Ministerio Público cumplen con el código deontológico que les es propio, nació ya lastrado después de que desde la UPF se cuestionara la campaña de votación, pues todas las plazas fueran ocupadas por miembros de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF). 

Aún no se conoce el plan de trabajo de García Ortiz, que hará público durante su comparecencia el Congreso. Además de visar la postura de los fiscales en las actuaciones judiciales pendientes, sus retos pasan por superar las críticas a Delgado por su arbitrariedad en los nombramientos y su imagen de "gestor" en la sombra de sus decisiones más polémicas como jefe de la Secretaría General de la Fiscalía General, desde la que le ofreció sustento técnico.

¿ASCENDERÁ A DELGADO?

Otro de los asuntos sobre el que se pondrá la lupa es el futuro de la propia Delgado. Nada más conocerse su salida de la fiscalía general -"por estrictos motivos de salud" según su entorno más inmediato- varios medios de comunicación publicaron su interés en ascender a la categoría superior de la carrera, la de fiscal de Sala, con destinos en especialidades vacantes como puede ser la de Memoria Democrática (prevista en la ley recientemente aprobada) o la de Delitos de Odio y Discriminación, recientemente vacante tras el paso de Fernando Rodríguez Rey a Delitos Económicos.

El futuro de Delgado, dado su precario estado de salud tras ser intervenida en la columna, es una incógnita por el momento. El precedente más inmediato es el de la que fuera fiscal general María José Segarra, a quien Delgado ascendió a la máxima categoría como fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, un cargo que hasta dicho momento era inexistente. Cuando tome posesión como fiscal general, García Ortiz tendrá entre sus funciones la de realizar nombramientos, para lo que tiene que escuchar al Consejo Fiscal si bien este análisis no será vinculante.

Cerca queda el intento del PSOE por asegurar el futuro de Dolores Delgado a través de una polémica enmienda a la Ley Concursal para que los fiscales generales adquirieran la máxima categoría de la carrera -si aún no la tuvieran-, una vez abandonen el cargo. La reforma, que incluía además otro punto muy polémico, el de establecer la obligación del máximo responsable fiscal de informar al Gobierno de los procedimientos que considere relevantes, fue finalmente retirada ante la falta de apoyos parlamentarios.

IMAGEN DE LA FISCALÍA

En todo caso, el reto más importante será el de superar la imagen que desde muchos ámbitos se tiene de una fiscalía "teledirigida" por el Gobierno de Pedro Sánchez, un asunto recurrente y al que contribuyó el propio presidente en la famosa entrevista en la que se preguntó y contestó a sí mismo: "¿La Fiscalía de quién depende? “Pues ya está...”. También se tiene muy presente el informe sobre Estado de Derecho de la UE, en el que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, concluye respecto a nuestro país que “siguen surgiendo interrogantes" sobre la autonomía de la Fiscalía española respecto del Gobierno.

El Gobierno justificó su elección en la continuidad con el mandato de Delgado y en su 'curriculum', en el que figura, como especialista en Medio Ambiente, haber sido el fiscal del caso del hundimiento del 'Prestige', uno de los procesos judiciales más importantes y complejos que cumple ahora 20 años. En fuentes gubernamentales se apresuraron a comentar que, "en un momento de emergencia climática y medioambiental, se apuesta un FGE que ha dedicado su compromiso profesional al medioambiente y supone poner el foco en su protección".

Por el momento, tanto desde el PP como en amplios ámbitos judiciales se lamenta que el Ejecutivo haya optado por "más de lo mismo" y se debate sobre si su elección supone un acicate o, por el contrario, un nuevo en el camino a la hora de desbloquear las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los puentes entre el PSOE y el PP se rompieron tras la presentación de la 'contrarreforma' que permitirá al gobierno de los jueces designar a los dos magistrados del TC que le corresponden por cuota, manteniendo la prohibición para el resto de nombramientos.