Todos contra la crisis

La economía española, en su encaje europeo y global, está marchando hacia la estanflación, caracterizada por una crisis de oferta muy difícil de manejar. El incontrolable crecimiento al alza de la inflación al mismo tiempo que va decayendo el crecimiento obliga a los gestores de la política monetaria —los bancos centrales— a adoptar medidas prudentes de subida de tipos de interés y, en la UE, contra la fragmentación de la deuda (para evitar que las primas de riesgo de algunos países se disparen). De momento, el BCE ha subido dos cuartillos el precio del dinero y ha anunciado medidas correctoras.

En España, el crecimiento se mantiene aunque con tendencia a la baja, y los analistas prevén, de momento, que van a seguir así las cosas, siempre que se actúe con prudencia: hay que mantener la actividad, socorrer a los sectores más afectados por la inflación, rentabilizar las ayudas comunitarias por el covid (todavía pendientes de ejecución en su mayor parte), y contener la desviación de los macroindicadores, la deuda y el déficit particularmente. Y en esta tarea deben cooperar la administración central, las autonómicas y las locales.

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En ocasión semejante, en plena Transición, en octubre de 1977, cuando los graves problemas políticos impedían acometer con el énfasis debido los problemas económicos, los partidos políticos y los agentes sociales firmaron los Pactos de la Moncloa, que incluyeron un valioso pacto de rentas aunque su principal función fue restablecer la confianza, exterior e interior, lo que supuso un impulso decisivo para la economía. Como es bien conocido, en la economía influyen decisivamente factores psicológicos como la confianza.

Por ello, ha sido digna de elogio una manifestación formulada por Moreno Bonilla en un momento de su proceso de la investidura como presidente andaluz, en la que ha afirmado que no quiere hablar de recesión "porque las palabras también ayudan a hundir la economía, las palabras de calibre grueso terminan por machacar las oportunidades económicas".

Efectivamente, no es aceptable que los partidos políticos utilicen la coyuntura económica como arma partidaria, sin ver que semejante contienda perturba todavía más la situación y acaba perjudicando a toda la ciudadanía. Por eso, aunque suene a inalcanzable música celestial, lo deseable sería que ante la mala coyuntura que nos aguarda, y sobre la que los propios españoles tenemos solo un control relativo, se consiguiera también un pacto para remar todos en la misma dirección.

Se da además el caso de que está pendiente desde hace años la renovación la LOFCA —Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas—, asunto que incumbe especialmente a Feijóo como líder de la oposición proveniente de una presidencia autonómica. En su viaje a Valencia del que este periódico ha dado cumplida cuenta, el expresidente gallego ha enunciado ciertas atinadas pautas de reforma que podrían dar lugar a un pacto autonómico, que es urgente porque los desequilibrios en dicha financiación son injustos. Como el propio Feijóo ha reconocido, el criterio principal de reparto entre las CA ha de ser la población, y las más afectadas por el severo desequilibrio actual son Valencia, Murcia, Andalucía y Baleares.

Durante el periodo democrático, hubo un pacto autonómico en 1981 suscrito por Calvo-Sotelo, presidente del gobierno, con Felipe González, líder de la oposición. En 1982, al socaire d 23-F, se pactó la LOAPA —Ley Orgánica de Armonización de las Comunidades Autónomas—, invalidada por el Tribunal Constitucional, y en 1992 tuvo lugar la firma de unos segundos pactos, suscritos por Felipe González, presidente, y José María Aznar, jefe de la oposición, que produjo el cierre del modelo basado en el Título VIII CE que ha pervivido hasta hoy, habiendo fracasado todos los posteriores intentos intermedios de reforma.

Nuestro sistema democrático de partidos, que ha padecido en este siglo sucesivas crisis —la crisis económica y financiera 2008-2014, la gran pandemia y últimamente la guerra de Ucrania—, no solo ha variado de configuración —ha pasado del bipartidismo al pluripartidismo porque los electores han buscado terceras vías en momentos de grave necesidad— sino que se ha vuelto hosco, faltón, inelegante, afectado incluso por la violencia y la incontinencia verbales, y caracterizado por la deslegitimación frecuente del adversario. Esta mudanza para mal que acabamos de experimentar en los últimos años no ayuda a los grandes partidos a recuperar la dimensión y la prestancia que exhibían, por lo que parecería aconsejable que PP y PSOE intentaran afrontar juntos las determinaciones clave que han de sacarnos en las mejores condiciones posibles de estas últimas contrariedades.

No se trata de que la oposición se vuelva complaciente, ni mucho menos de que mitigue el grado de exigencia. Sencillamente, bastaría con que conciliase las funciones de contradicción y control que el sistema le atribuye con cierta capacidad de consensuar medidas que pertenecen al ámbito del interés de Estado y que se beneficiarían en su eficacia de un consenso mayoritario. Deberían meditarlo Feijóo y Sánchez en estos días de canícula veraniega propicios para la reflexión.