España usará la presidencia de la UE para pujar por un pacto que incluya el reparto de migrantes

España es parte de la “frontera sur” de la Unión Europea en materia de inmigración. Por eso quiere aprovechar la presidencia de turno de la UE del segundo semestre del próximo año para intentar cerrar un pacto migratorio que incluya no solo la protección de las fronteras, sino también el reparto de los migrantes que lleguen territorio común, según explican fuentes del Gobierno a

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA

Un organismo de Marruecos denuncia que España debía abrir las puertas y auxiliar a los migrantes de Melilla

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No se partirá de cero. Se usará el marco de un documento enviado previamente a Bruselas por España, Italia, Grecia y Malta en el que se pide a la UE que sea más “solidaria” y haya un “reparto de la carga” justo en temas de inmigración irregular. La tesis de Madrid y el resto de capitales del sur es que no puede permitirse que los inmigrantes sean responsabilidad exclusiva del país de llegada. Debe ser compartida con el resto de socios.

Por eso, los cuatro países mencionados mandaron a Bruselas un non-paper (en terminología diplomática, una carta dirigida a una institución) para que se corrigieran esos aspectos de la propuesta para un nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE. 

Hay, dicen, “desequilibrios” en los “elementos propuestos de solidaridad y responsabilidad” por la UE. Necesitan ser corregidos “para que quede claro que compartir la carga de forma equitativa es un factor esencial para una auténtica política europea de migración y asilo”, dice el referido non-paper hecho público durante la cumbre bilateral España-Italia de Mallorca de noviembre de 2020.

Entre el 1 de julio del próximo año y hasta el 31 de diciembre, España ostentará la presidencia rotatoria de la UE. Ahora está en manos del checo Petr Fiala que pasará el testigo en enero a la sueca Magdalena Andersson. Las presidencias rotatorias en realidad son un proyecto compartido con otros dos países, que forman los llamados “tríos”. A España le tocará con Bélgica y Hungría.

Este último país, cuyo ejecutivo lidera el ultraconservador Viktor Orbán, tiene una posición dura contra la inmigración. Ha decidido fortificar el país con nuevas vallas en el tramo fronterizo con Croacia y aumentar la altura de las existentes en la frontera con Serbia. Quiere parar el aumento de inmigrantes que llegan a Hungría por la llamada "ruta de los Balcanes", hasta 100.000 al año, según Budapest. 

Apoyo a países como Marruecos

Para España (y otros países del Mediterráneo), las reglas propuestas por la UE para la gestión de la migración son “muy estrictas en cuanto a las responsabilidades de los países de primera entrada”, como es España tanto en las llegadas por tierra a las fronteras de Ceuta y Melilla como en las llegada de embarcaciones con migrantes a las costas de Andalucía o Canarias. 

Sin embargo, una vez dentro, “los mecanismos de solidaridad” entre países son “vagos y complejos” en lo que a “reubicación, vuelta o apoyo operativo”. Pide que se use como herramienta de solidaridad primordial la “reubicación obligatoria” en el resto de países. También pide acciones conjuntas en las operaciones de búsqueda y rescate de las embarcaciones con migrantes.

España pide un compromiso “más allá del monetario” con los terceros países de la vecindad sur: darles la equipación para que puedan evitar la entrada de irregulares y construir con ellos relaciones “basadas en la confianza”. 

El pasado 24 de junio, al menos 23 inmigrantes subsaharianos murieron cuando intentaban saltar la valla de Melilla por la localidad marroquí de Nador. Las ONG culpan del desastre a la acción violenta de los agentes marroquíes, y elevan la cifra de fallecidos a 37. 

El presidente Pedro Sánchez defendió la actuación de los agentes marroquíes y luego apoyó una investigación sobre lo ocurrido. 

El 8 de julio, la Unión Europea y Marruecos acordaron un “nuevo partenariado” sobre migración. Van a impulsar nuevos mecanismos de cooperación para la lucha contra el tráfico de personas, según Bruselas: apoyo europeo a la gestión de fronteras, refuerzo de la cooperación policial y mejora de los “retornos” y “readmisiones” de los migrantes. El acuerdo se produjo tras la visita a Rabat de la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al titular de Interior marroquí, Abdelouafi Laftit. 

Un puñado de prioridades

Durante la presidencia rotatoria, cada país establece un puñado de asuntos en los que pondrá el énfasis. La actual, por ejemplo, está centrada en la gestión de la crisis de los refugiados de Ucrania, en la seguridad energética en medio del pulso gasístico de Vladímir Putin a Europa y en el refuerzo de las capacidades de defensa y la seguridad del ciberespacio. 

Se desconoce todavía cuáles serán los otros puntos clave de la presidencia española, además del de la migración al que apuntan fuentes del Gobierno. El país que preside no tiene derechos extraordinarios en la toma de decisiones, pero organiza la agenda y las preferencias a abordar, todo bajo la condición de ser un “agente honesto” (honest broker). 

España presidirá las sesiones en todos los niveles del Consejo que se producirán en el segundo semestre del próximo año. Y estas se van a celebrar en 25 ciudades de todas las Comunidades Autónomas, según la lista ya aprobada por el comité que organiza la presidencia europea: Albacete, Zaragoza, Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla…