Presupuestos, vivienda o ley mordaza: las asignaturas pendientes del Congreso

No hubo fiesta de fin de curso, pero sí un examen final que hizo las veces de boletín de notas. El periodo de sesiones concluye y sus socios le han concedido al Gobierno el aprobado, pero aún quedan asignaturas pendientes que aguardan en el Congreso.

El debate sobre el estado de la nación ha dejado deberes al Gobierno, que encara un periodo estival que, aunque prometía ser el primero no condicionado por la pandemia, lo estará por los estragos económicos de la inflación y la guerra. Los impuestos a la banca y las energéticas y los paquetes de medidas de urgencia que anunció Pedro Sánchez desde la tribuna marcarán la agenda parlamentaria. El presidente dejó también otros anuncios, como que el Centro Estatal de Salud Pública, un compromiso de 2012, se creará en julio.

Uno de los exámenes más difíciles serán los presupuestos. La geometría variable se antoja aún más compleja que de costumbre: además de un aumento del gasto en Defensa que no gusta nada en Unidas Podemos, los morados subirán el listón para dar su visto bueno a las últimas cuentas de la legislatura. Ya lo dijo la ministra Ione Belarra: "El Gobierno se juega su reelección con los presupuestos de 2023".

Hay tareas que cumplen plazo a finales de año, porque figuraban en el plan normativo del Gobierno para 2022, como la ley de Seguridad Nacional o la ley de Empleo. También las hay que han de cumplirse antes del fin de la legislatura, porque así lo pactaron quienes le dieron su confianza a Pedro Sánchez en la investidura, incluido su socio de coalición. Dos ejemplos son la financiación autonómica, pendiente desde 2014, o la reforma fiscal -aunque en la votación de la resolución sobre esta última que llevó Unidas Podemos al debate, el PSOE ha dejado solo a su socio con ERC, Bildu y Más País-. Pero también las hay que llevan esperando casi un lustro, como la derogación de la ley mordaza o la renovación del Poder Judicial.

Precisamente, el bloque progresista despedía el calendario de sesiones dando luz verde y de forma exprés a la reforma socialista que permite al CGPJ elegir a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional. La intención es que el Senado termine la semana que viene su curso parlamentario aprobando definitivamente la medida.

Una ley fetiche y otra pionera

La ley mordaza es una de esas normas, hijas de la mayoría absoluta del PP, que fue censurada por consenso de la oposición casi desde su nacimiento, pero que ha acabado resistiendo mientras se buscaba un texto alternativo entre prórrogas interminables del plazo de enmiendas. El enésimo intento lleva desde noviembre del año pasado pendiente del informe de la ponencia en la Comisión de Interior. Cuando PSOE y Unidas Podemos llegaron a acuerdos para darle impulso, la derecha arremetió con fuerza para ponerle freno, acompañados de los sindicatos policiales contrarios a la norma. Ahora, el Ejecutivo quiere que antes de 2023 sea la vencida. La de vivienda, en cambio, es una ley pionera. Tan novedosa que el órgano de gobierno de los jueces tiene dudas de que no invada demasiado las competencias autonómicas: es este el principal escollo del Gobierno para sumar los ‘síes’ de los partidos nacionalistas.

Secretos oficiales

Otro de los temas que quedaron flotando en el aire en el ya finalizado periodo de sesiones fueron los secretos oficiales. El escándalo Pegasus volvió a poner en el centro la reforma de una ley franquista, empeño del PNV, y el Gobierno prometió una nueva norma de información clasificada y reformar la ley del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Pedro Sánchez anunció en el debate sobre el estado de la nación que el anteproyecto de ley estará listo antes de que finalice julio, por lo que el próximo periodo de sesiones comenzará su trámite parlamentario.

A la espera de su aprobación en pleno se ha quedado la ley de regulación del juego o la del sector ferroviario, y la del fondo de compensación de las víctimas del amianto está pendiente de su entrada en el Senado. El dictamen de la Ley de Memoria Democrática se aprobó casi al toque de campana, en el último Pleno, y también comenzará ahora su andadura en el Senado. Pendiente de informe de la ponencia están también la ley del Deporte y la de Startups -su nombre oficial es ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes-. La ministra de Economía, Nadia Calviño, prometió acelerar los plazos parlamentarios para tenerla lista a finales de septiembre.

Iniciativas varadas

Lo que sigue siendo un clásico son las iniciativas que eternizan su trámite parlamentario a base de prorrogar el tiempo disponible para introducir enmiendas. Cogiendo polvo sigue la proposición de ley sobre bebés robados que presentaron conjuntamente PSOE, ERC, Bildu y el Grupo Plural. Lleva desde septiembre de 2020 ampliando plazos: el último expirará este mes de septiembre, pero todo parece indicar que volverán a tirar de prórroga. También la norma que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales o la reforma del Código Penal para los delitos sobre libertad de expresión, una iniciativa de Unidas Podemos que lleva un año en plazo de enmiendas y que coincidió con el anuncio de Sánchez de un proyecto de ley en el mismo sentido que, sin embargo, no incluyó en el plan normativo.

Otra de las pendientes es la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuido”, que lleva más de un año en plazo de enmiendas. El PP pretendía una reunión en julio de los principales partidos con los representantes de las personas con discapacidad para darle el impulso definitivo, pero la resolución que planteó en el debate no ha salido adelante.

El plan normativo del Gobierno para este año incluía 92 leyes y 276 reales decretos, pero algunas de ellas tienen difícil llegar al trámite parlamentario antes del próximo enero. El anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol en menores, una norma pendiente en España desde hace una década, o el de la ley del cine, están en fase de consulta. La que no parece que vaya a ver la luz en esta legislatura es la nueva ley de tabaco. Aunque el anteproyecto está listo y en fase de consulta, La Vanguardia adelantó que el Ejecutivo ha desistido y no tiene intención de aprobarlo esta legislatura, lo que ha provocado el enfado de las asociaciones de pacientes y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.