Caso Cursach: nadie confiesa nada

Los interrogatorios a los 17 acusados en el juicio del caso Cursach acabaron este viernes con un denominador común: nadie reconoce haber cometido delito alguno. Cursach y Sbert optaron por no declarar y los 14 policías bajo sospecha han defendido con uñas y dientes que siempre actuaron de manera legal y que han sido víctimas de persecuciones y conspiraciones por parte de otros mandos de Sant Ferran, del exjuez Penalva y del exfiscal Subirán. Contra ellos han lanzado todo tipo de acusaciones, desde las presiones para relatar hechos falsos hasta la manipulación de testigos. El macrojuicio, suspendido hasta el próximo 10 de octubre, queda ahora a expensas de que los 355 testigos y peritos citados a declarar inclinen la balanza.

Con Cursach y Sbert prácticamente desligados de la trama policial por el recorte de la fiscalía, los agentes han negado cualquier vínculo con ellos. Los cinco de la Patrulla Verde han insistido en que todas las inspecciones en locales nocturnos estaban justificadas por las irregularidades que allí se cometían y no porque fueran competencia de Cursach. "Eran la medalla de oro de los incumplidores", resumió uno de los acusados sobre uno de estos negocios. Además, sostienen que las inspecciones respondían a quejas vecinales, instrucciones de departamentos municipales e incluso campañas diseñadas por Cort. Ellos no podían actuar por su cuenta y riesgo, aseguran. En sus declaraciones cerraron filas y, además de defender su inocencia, echaron capotes al resto de integrantes de la Patrulla Verde.

Los otros nueve policías imputados forman un grupo más heterogéneo, que también ha defendido su inocencia a capa y espada. Dos de ellos reconocieron haber compaginado su labor como policías durante el día en la Platja de

Palma

con trabajos nocturnos en la discoteca Megapark, propiedad de Cursach. Un pluriempleo que, afirman, ningún trato de favor suponía para el empresario. Los antiguos miembros del Grup d’Actuació Preventiva (GAP) han rechazado haber llevado a cabo actuaciones injustas y desproporcionadas en pubs y discotecas y haber hecho la vista gorda en otros a cambio de dinero y otras dádivas. Mientras, el exjefe de la Policía Local Joan Miquel Mut y el excomisario Rafael Estarellas han asegurado que jamás utilizaron sus puestos para abrir expedientes represivos a los agentes que denunciaron prácticas corruptas y encubrirlas. Tampoco el que fuera director general de comercio del ayuntamiento de Calvià, Jaime Nadal, ha confesado ninguna irregularidad para dar a los negocios de Cursach en ese municipio una trato preferente ante sus competidores.

La mayoría de los procesados han querido responder a las preguntas del fiscal Juan Carrau, que tampoco les ha puesto en demasiados aprietos ante sus relatos exculpatorios. Pocas repreguntas e interrogatorios cortos. Los abogados defensores, con sus cuestiones, se han encargado de que los procesados denunciaran el contubernio que les ha llevado hasta el banquillo. Sostiene esta teoría de la conspiración esbozada entre todos que en el cuartel de Sant Ferran se produjo un "golpe de Estado" urdido por un grupo de agentes con aspiraciones que empezaron a lanzar acusaciones falsas para hacerse con el control del cuartel. "Una parte de la Justicia fue utilizada", declaró uno de los encausados. La sombra de Penalva y Subirán sigue siendo muy alargada en la sala de vistas, donde se han sucedido acusaciones muy graves contra ellos por la supuesta utilización y manipulación de testigos falsos, las presuntas coacciones a los encausados para que delataran a otros policías y un sinfín de irregularidades durante la instrucción del caso. "Ha sido una película de terror", sentenció uno de los procesados.

355 testigos

Con estos mimbres, el juicio ha dado sus primeros pasos. Pero queda un largo camino por delante. Las partes han citado a 355 testigos y peritos para que arrojen luz sobre los hechos. Los abogados defensores se reunieron este viernes durante una hora, en un receso que concedió el tribunal, para tratar de adelgazar este listado. No cuajó el intento, aunque algún nombre podría caerse antes de que se reanuden las sesiones.

La vista ha quedado ahora suspendida hasta el próximo 10 de octubre, cuando empezarán a desfilar los testigos. Preguntados por el tribunal, los acusados anunciaron que ya solo acudirán a las sesiones en las que declare alguien que les incumba. Todos excepto dos: Cursach y Sbert quieren seguir ahí en todo momento.