ETA ya no existe

El 12 de enero de 1988, todos los representantes de los partidos democráticos firmaron en Euskadi el pacto de Ajuria Enea, en cuyo punto décimo se ofrecía la reinserción y la participación en la política democrática a los miembros de la banda que optaran por abandonar las armas y reintegrarse en sociedad. Aquel pacto y otros posteriores no fueron eficaces y ETA solo dejó de matar en 2011, cuando el Estado la había vencido militarmente. La victoria, lograda por Zapatero y su ministro del Interior, Rubalcaba, fue limpia: el Estado no hizo concesión alguna a los chantajistas.

ETA tardó todavía un tiempo en disolverse, pero hoy ya puede decirse sin ambages que ETA no existe y que, por fortuna, quienes formaron su aparato político desean defender sus ideas democráticamente, en las urnas. EH Bildu condena la violencia en sus estatutos y la formación ha pasado todos los filtros de legalidad.

No tiene, pues, sentido que cuando este país se debate en una crisis de gran envergadura, surgida cuando la de 2008 no se ha mitigado completamente aún, fruto de la gran pandemia y del caos ulterior a la guerra de Ucrania, el principal partido de la oposición arranque su intervención en el debate sobre le Estado de la Nación con apelaciones al terrorismo y acusaciones de condescendencia del gobierno con la banda armada. Mal comienza Feijóo su andadura si no ve que la gran crisis de oferta que ha generado una estanflación de muy difícil tratamiento (las restricciones al crédito en forma de subida de tipos de los bancos centrales amenazan con provocar una recesión) requiere actualmente todas las atenciones, sobre todo para evitar que ingresen todavía más personas en el colectivo en riesgo de pobreza.

ETA merece toda nuestra detestación, y las víctimas de la banda son dueñas de gestionar su legítimo dolor y de perdonar o no a los sayones. Pero ese drama ya antiguo, aunque nos siga doliendo, no puede impedir que terminemos de poner orden en nuestro pasado con una ley de memoria democrática que cierre el relato de la guerra civil y la dictadura, restituya su dignidad a las víctimas aún en las cunetas de España, devuelva el honor a represaliados inocentes y oriente a las generaciones emergentes hacia un futuro en paz, fruto gozoso de una historia dramática. Y en todo caso, estas cuestiones no pueden frustrar la lucha en común por resolver este presente incómodo que amenaza con carencias e incertidumbre el día a día de los ciudadanos.