Andalucía lidera la rebelión del PP por la apropiación de Sánchez sobre las plantillas sanitarias

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han recibido con asombro el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se contratarán a 67.000 sanitarios para dar estabilidad a las plantillas sanitarias en España. La incredulidad viene porque las competencias en materia de contrataciones en sanidad están transferidas. Es decir, son las comunidades autónomas las que gestionan los contratos y pagan las nóminas. Avisan de que ya llevan meses trabajando en esa estabilización, que es una orden de la Unión Europea y que además ha sido exigida por una sentencia del Supremo y la justicia europea, que exige poner coto a la altísima temporalidad en las administraciones públicas, sobre todo en dos ramas de control autonómico, educación y sanidad. La ley nacional 20/2021 ya fijó las condiciones que ahora se trasladan al ámbito sanitario y que las comunidades avisan de que ya estaban ejecutando en negociación con los sindicatos.

Las quejas de las comunidades del PP han estado lideradas por Andalucía y por su todavía consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que saldrá del Gobierno autonómico a finales de mes para ejercer con exclusividad el puesto de coordinador general en Génova. También el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid se quejó de lo que llamó “apropiación indebida” tras hacer Pedro Sánchez el anuncio de que iba a convertir en fijos a 67.300 sanitarios, lo que anunció en una entrevista en El País publicada el domingo y en plena ofensiva para mejorar la imagen y la valoración de las políticas del Gobierno tras el batacazo electoral en Andalucía. El enfado se extiende a otros gobiernos autonómicos como el de Cataluña y el desconcierto existe también en las comunidades socialistas.

El Gobierno busca acabar con la precariedad: el 50% de los médicos tienen un contrato temporal

Desde el Gobierno andaluz lamentaron el “anuncio rimbombante” recordando que las competencias están plenamente transferidas y que el Ejecutivo de la nación “no sabe ni cómo se contrata a un médico”. Las comunidades del PP aseguran que llevan ya años trabajando para combatir la temporalidad en las plantillas sanitarias, bajo la vigilancia además de Bruselas y tras una orden tajante de la UE avalada por una resolución judicial firme de Europa y del Supremo español. “Aquí el Gobierno no tiene que opinar nada”, zanjó Bendodo.

Sin negociar con las CCAA

El asunto, según ha podido saber este periódico, no se ha negociado con las comunidades ni se ha discutido en la conferencia sectorial de Salud que reúne de forma periódica a las consejerías con el Ministerio de Sanidad. Desde el Gobierno andaluz aseguran que Moncloa ha hecho un cálculo aproximado, que además insisten en que no es real, de los contratos fijos que se han hecho en toda España en las plantillas sanitarias, “le han puesto un lazo y lo han convertido en un anuncio del presidente”, lamentan desde la Junta de Andalucía.

El enfado es compartido por todas las comunidades del PP, pero es que también se extiende entre algunos gobiernos socialistas, que aseguran que no estaban al corriente de que Sánchez iba a convertir en un logro del Ejecutivo central ese paso en la estabilidad de los sanitarios. Falta, avisan, financiación para cubrir este objetivo.

El problema, insisten desde el lado de las autonomías, está en dos temas que sí que debe coordinar y aprobar el Ministerio de Sanidad. Por un lado, el problema de las jubilaciones que planean sobre las plantillas sanitarias y que dejarán numerosas vacantes y un vacío importante en los próximos años. Por eso exigen al Gobierno que levante las limitaciones de la tasa de reposición, así como que agilice y tome medidas para cubrir las plazas en especialidades de difícil cobertura, donde especialmente se notan ya las tensiones por falta de profesionales.

Andalucía, por ejemplo, calcula que perderá casi a la mitad de la plantilla de médicos (46%) por jubilaciones en la próxima década y exige al Ministerio que adopte medidas urgentes que llevan ya años reclamando sin respuesta. Las organizaciones sanitarias llevan además mucho tiempo reclamando al Gobierno que incremente el número de plazas MIR cada año para garantizar que se cubren todas las plazas que se ofertan.

Las comunidades con más presión en meses concretos de verano alertan además de que no poner hacer contratos eventuales para abordar esa afluencia masiva en meses punta por la llegada de turistas. El Ministerio tampoco ha negociado con las comunidades socialistas que deben abordar esta realidad.

Acuerdos con los sindicatos

El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que defendió la ministra Carolina Darias encaminado a reducir al 8% la temporalidad en el sistema público. Cuando entre en vigor, ningún sanitario podrá encadenar contratos durante más de tres años y pasará de interino directamente a funcionario. Serán efectivamente las comunidades autónomas las que tengan que sacar a concurso público todas las plazas que ahora mismo no son fijas antes del 31 de diciembre.

Eso es lo que dicen las comunidades que ya llevan haciendo años. En concreto, tomando como referencia los números de Andalucía, que cuenta con el sistema de salud más numeroso de toda España, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha estabilizado a más de 67.000 profesionales con las ofertas publicadas entre 2019 y 2022. Se han ofertado un total de 41.657 plazas fijas y estabilizado ya 25.400 puestos de interinos.

En el caso de Madrid, su consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero, defendió que la estabilización de las plantillas sanitarias, que las comunidades han negociado con los sindicatos en los últimos meses, supondrá pasar de un 55 a un 83% de personal fijo en 2024 y se ha acordado dar estabilidad a un total de 9.577 plazas.