ESPIONAJE AL GOBIERNO

El juez de Pegasus apunta que puede haberse robado información que afecta a la defensa nacional

  • Pide al fiscal y la Abogacía sus preguntas para Bolaños, que declarará por escrito pese a que le sugirió hacerlo por videoconferencia.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños. / EFE/Toni Albir

4
Se lee en minutos

El juez del caso Pegasus afirma que el robo de datos de los móviles del Gobierno no es solo una cuestión que afecte a la intimidad de sus propietarios y apunta la hipótesis de que se haya podido robar información que afecte a la Defensa Nacional. Así lo señala José Luis Calama en un auto en el que rechaza el recurso que presentó la Abogacía del Estado contra la decisión de admitir la personación de la Asociación de Juristas Europeos Prolege como acusación popular.

Sobre este asunto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 señala que los delitos investigados no sólo afectan "al bien jurídico intimidad y autodeterminación informativa, sino también a los intereses generales", lo que justifica la entrada de Prolege porque convierte "en semipública la persecución de estas conductas".  

El magistrado de la Audiencia Nacional agrega que "la exfiltración de información del dispositivo móvil" a la ministra de Defensa, Margarita Robles, "podría integrar, además, alguno de los delitos relativos al “descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional".

SIN ACUSACIÓN POPULAR POR EL MOMENTO

Pese a este apoyo a la personación de la acusación popular, por el momento Prolege no podrá presentar preguntas porque aún no ha logrado reunir los 10.000 euros que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 le ha impuesto para poder ser parte en este procedimiento, han confirmado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de la asociación.

Por otra parte, el ministro de la Presidencia se explicará por escrito sobre el espionaje al Gobierno porque el juez de la Audiencia Nacional tiene por ratificada tácitamente la petición que éste realizó para remitir por esta vía sus manifestaciones como testigo por en la casusa en la que investiga la infección de los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y otros miembros del Ejecutivo. El magistrado da tres días de plazo a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que puedan presentar el correspondiente pliego de preguntas.

En un segundo auto notificado este lunes, el magistrado explica que el 23 de junio propuso al ministro de la Presidencia a través de videoconferencia facilitándole que lo hiciera en las fechas y horas indicadas a fin de no alterar las funciones inherentes a su cargo.  El juez le dio un plazo de tres días para optar por esta posibilidad y, ante el silencio de Bolaños, entiende que se ratifica en su intención de responder por escrito. Fuentes gubernamentales apuntan a que sus manifestaciones no serán muy diferentes a lo que ya dijo públicamente en la rueda de prensa, cuando se dio a conocer el espionaje. "Le dará la información de la que se dispone o conoce", apuntan.

Fue el pasado 6 de junio cuando el juez acordó citar como testigo a Bolaños en esta causa en la que se investiga el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, con el programa Pegasus a través de sus teléfonos móviles.

Tal y como recordó entonces el magistrado, la legislación prevé que tanto el presidente como los demás miembros del Gobierno "están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo".

EL JUEZ PREFERÍA VIDEOCONFERENCIA

No obstante, y "sin perjuicio de lo anterior", el instructor sugirió a Bolaños "la práctica bidireccional y en tiempo real de la referida diligencia de investigación para asegurar el buen fin de la causa y su tramitación en términos de agilidad y utilidad". "Con una interacción visual, auditiva, y verbal con el testigo, y en unidad de acto", añadía el juez Calama, que considera que "procede valorar celebrar la declaración testifical a través de videoconferencia", ofreciendo al ministro esta posibilidad "si lo tiene a bien".

El magistrado llamó a sede judicial a Bolaños después de que el Gobierno autorizara el pasado mes de mayo tanto a la exdirectora del CNI Paz Esteban como a los autores de los informes del Centro Criptológico Nacional que acreditaron el espionaje a Sánchez y sus ministros a declarar en caso de que Calama lo considerara oportuno.

La causa comenzó a investigarse el pasado 26 de abril apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.

En esa primera resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada el por la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el 30 de abril, "se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, 'software' espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021".

Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.

Noticias relacionadas