Las personas que dependan de los fallecidos por amianto seguirán cobrando la compensación

El Parlamento vasco envió al Congreso hace más de un año una propuesta de ley estatal para proteger y reparar a las víctimas del amianto y a sus familiares. Los diputados aceptaron tramitar la iniciativa, pero sucedió lo que es demasiado habitual en la Cámara: que se atrancó en la fase de prórrogas de los plazos de enmiendas. Es algo así como que se quedó en un archivador en el que pone “Leyes que no corren prisa”. 

Sin embargo, en marzo, la Mesa del Congreso decidió sacarla del archivador y entregar el texto a la Comisión de Trabajo, en donde un grupo de diputados formaron la ponencia. Ya entonces, como en las demás comisiones, este órgano parlamentario presidido por el diputado de Unidas Podemos Antón Gómez-Reino organizó un calendario legislativo para ir sacando las leyes que se habían acumulado a sus puertas. La del amianto quedó para el final, tras las dos de pensiones pendientes.

La nueva ley de memoria dará la nacionalidad española a hijos y nietos de exiliados LGTBI

Fuentes parlamentarias presentes en dicha ponencia han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el informe se encuentra prácticamente ultimado. Estos días se han dado los retoques definitivos, y si bien la puerta a puntualizaciones y correcciones sigue abierta, dichas fuentes descartan cambios significativos por una razón sencilla: los cambios de calado ya están acordados.

Entre ellos, uno esencial, pues afecta al artículo que enumera qué personas serán beneficiarias del fondo de compensación: no sólo serán víctimas quienes hayan padecido exposición al amianto en los ámbitos laboral, doméstico y ambiental, sino también quienes “hayan obtenido el reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada” por esta sustancia, quienes tengan una enfermedad derivada que, aun no reconocida como profesional, esté causada por la exposición al tóxico y “las personas causahabientes de los beneficiarios mencionados” antes.

Personas “causahabientes” son aquellas que sustituyen a otra en el ejercicio de una serie de derechos. Pueden ser herederos, pero lo que se trata en esta ley es más amplio. Como asegura una de las fuentes que han redactado el informe de la ponencia, serían “los llamados a heredar”. Se incluyen, en suma, los dependientes económicos del finado, en este caso por una enfermedad provocada por el amianto. Estas personas seguirán cobrando la compensación incluso después del fallecimiento. La novedad es de calado.

Promedio de 700 casos al año

Como de calado es la ley en general, porque un vistazo por la exposición de motivos de la proposición remitida por el Parlamento vasco muestra una serie de datos estremecedores. Por ejemplo: casi 4.000 personas murieron entre 1994 y 2008 por enfermedades relacionadas con el amianto. Otro ejemplo: la estimación de la cifra de patologías detectadas al año, entre 2003 y 2009, superaría los 7.000 casos. 

Añade la norma: “De estos datos se puede deducir que hasta 2023 seguiremos con un número ascendente de casos, lo que pone más en evidencia la necesidad de poner en marcha en nuestro país un fondo de compensación como los existentes en Francia, Holanda o Bélgica”.

El amianto es una sustancia tremendamente peligrosa. Usada por regla general en la construcción (tuvo un pico máximo de consumo entre 1970 y 1980), se ha probado que es causa del mesotelioma, un tipo de cáncer muy agresivo y mortal que se produce en la capa que recubre órganos torácicos, abdominales y el corazón (el mesotelio). El proyecto se hace eco del estudio Chérié-Charline, de 2012, en el que se cuantificaron los diagnósticos de mesotelioma en Francia: unos 1.000 de promedio al año. Al haber sido el consumo de amianto en España un 30% inferior, según los datos de la ley del Parlamento vasco, el promedio anual español se situaría en los 700 diagnósticos.

Crear un fondo de compensación se convierte, por tanto, en una medida crucial, porque el problema radica en “las enfermedades derivadas de antiguas exposiciones -al amianto- que afloran y seguirán aflorando aún con más intensidad”. A esto hay que añadir un efecto judicial, pues numerosos litigios se suceden. Los protagonizan trabajadores que han tenido relación con el amianto y que buscan la indemnización de la empresa. Ahora bien, muchas han desaparecido ya. Las víctimas circulan de litigio en litigio sin ayudas. Esta ley se ha propuesto poner una solución. “El fondo de compensación conseguirá que aquellas familias o trabajadores y trabajadoras afectadas que tienen vedada la vía judicial, por no tener empresa a la que reclamar, sean compensado el daño”, recalca el texto.

Porque, por si lo descrito hasta ahora fuera poco, hay que tener en cuenta los contactos, y no sólo en el plano laboral. El lavado de ropa, por ejemplo, propaga el contagio de esta sustancia, lo que obliga a poner el foco en el ámbito doméstico.

Plazos rápidos y tasados

En la redacción que envió el Parlamento vasco se habla de titulares del derecho, no de personas beneficiarias. Obtendrían “la reparación íntegra” las personas que hayan obtenido el reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto y las que “hayan padecido un perjuicio resultante directamente al amianto en el territorio del Reino de España. Las modificaciones han ampliado el concepto, y lo han hecho más preciso.

De hecho, ya en el artículo 2, el que delimita los fines de la ley, queda claro que “corresponde al fondo de compensación para las víctimas del amianto la reparación íntegra de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición al amianto por toda persona en su ámbito laboral, doméstico o ambiental en España, así como a sus causahabientes”. Así consta en la enmienda pactada.

Las compensaciones se nutrirán de los recursos económicos que consignen los presupuestos generales del Estado, de las cantidades que se obtengan por subrogación de las personas afectadas y, como aspecto importante, de lo que provenga de las sanciones impuestos por las autoridades laborales correspondientes. Cabe recordar que ya en las cuentas públicas vigentes se añadió, a iniciativa de EH Bildu, una cuantía de 25 millones de euros. La referencia está, por tanto, clara.

Resulta relevante la sustitución del órgano rector al que aludía la proposición de ley del Parlamento, sin más concreción, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que asumirá la gestión del Fondo. En concreto, asumirá “la ordenación administrativa, el diseño, la implantación y el seguimiento de los procedimientos para reconocer, suspender y extinguir el derecho a las compensaciones”.

Actuará en plazos tasados, lo que redundará en la agilidad del procedimiento, ya que en tres meses, a contar desde la presentación de la solicitud, el INSS deberá formular al afectado/a la resolución, “indicando la evaluación establecida sobre la enfermedad padecida, lesiones, causa de las lesiones o del fallecimiento, en su caso; discapacidad que se reconoce y compensación que corresponde”.

Y un plazo más, no menor. La puesta en marcha del Fondo de Compensación se producirá en el mismo día en que entre en vigor el reglamento que desarrolle la ley, el cual, a su vez, habrá de perfilarse durante los tres meses siguientes a la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Y para asegurarse de que no habrá trabas ni obstáculos burocráticos, la ley obligará al Gobierno a dotar a la gestión del Fondo de los medios humanos y materiales necesarios para su articulación antes de que deba empezar a funcionar.

Hacia la unanimidad

Cuenta la ponente socialista de la ley, la diputada catalana Mercè Perea, que la ponencia se ha caracterizado por la predisposición y sintonía de los grupos. El grado de consenso va a ser notorio, si no es la unanimidad. Dice a este medio que hasta es probable que Vox participe en el pacto.

Si la ponencia ha discurrido por cauces de entendimiento ha sido por el método establecido. Primero fijaron los ponentes los objetivos. Los acuerdos se amoldaron a ellos. Entre tales objetivos, respetar el acuerdo unánime del Parlamento vasco a pesar de las modificaciones que se van a obrar en el proyecto. La reparación íntegra de los daños causados en las víctimas ha sido el motor del acuerdo. Acuerdo que previsiblemente rubricará la Comisión de Trabajo el 4 de julio. Al tener competencia legislativa plena, no será necesario el visto bueno del pleno. Así que una ley más al saco de las leyes aprobadas en este fértil periodo de sesiones.