CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

La ley de memoria examinará el cumplimiento de los derechos humanos durante la Transición

El Gobierno se asegura la aprobación de la ley tras lograr el apoyo de EH Bildu

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, en rueda de prensa en el Congreso.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, en rueda de prensa en el Congreso. / EFE/Luis Millan

Miguel Ángel Rodríguez

Tras meses olvidada en un cajón, la nueva ley de memoria democrática ha adquirido velocidad de crucero. Este martes, se ha cerrado un texto definitivo que cuenta con el respaldo de una mayoría del Congreso, después de que el Gobierno haya logrado atraer a EH Bildu al 'sí' a la norma, y pese a que con ERC aún no se ha cerrado ningún acuerdo. Entre las modificaciones pactadas está el reconocimiento explícito de la "política de persecución y represión" contra el catalán, el vasco y el gallego durante la dictadura franquista.

Esta no es la única enmienda introducida que hace referencia al acoso que sufrieron las lenguas cooficiales tras el golpe de Estado de 1936 y las décadas posteriores. En concreto, se establece como víctimas a "las comunidades, las lenguas y la cultura vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas".

También se incluye como víctimas de la represión de la Dictadura a las "instituciones de autogobierno catalanas y vasca y las corporaciones locales". En este sentido, se apunta que serán "objeto de las medidas específicas de reconocimiento y reparación contempladas en la ley".

Ampliar la investigación hasta 1983

Entre los acuerdos alcanzados con EH Bildu y que han llevado a la formación aberzale hacia un voto favorable está la ampliación de las investigaciones sobre hipotéticas vulneraciones de los derechos humanos hasta el 31 de diciembre de 1983.

Así consta en la enmienda pactada, que se incorporará al dictamen que elabore la Comisión Constitucional del Congreso una vez acaben las negociaciones, previsiblemente el 4 de julio. Enmienda pactada por PSOE, Unidas Podemos, Más País y la formación vasca.

En ella consta que el Gobierno, en un año, designará una comisión técnica para el estudio de "posibles vulneraciones de derechos humanos" entre la aprobación de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983. Asimismo, trazará vías de reparación en el caso de que se constataran estos supuestos.

Con el apoyo explícito de EH Bildu, la ley de memoria democrática del Gobierno cuenta con los votos necesarios para salir adelante por mayoría simple, ya que también están a favor otros socios parlamentarios del Gobierno como PNV, Más País o Compromís, mientras que ERC aún no ha cerrado un acuerdo, pero su postura no variará el resultado.