Notarios contra Putin: permiten bloquear activos de 15 oligarcas rusos y 107 de sus testaferros

Desde el inicio de la invasión de Ucrania el pasado mes de febrero se aprobaron sanciones por parte de la UE, Estados Unidos y Reino Unido que obligan a la congelación de activos a oligarcas, millonarios y altos directivos Rusos relacionados con el Kremlin, con el objetivo de presionar a Vladimir Putin y acelerar el fin del conflicto. 

En nuestro país, el primer frente para cumplir estas medidas lo constituyen los notarios, que pueden detectar las operaciones inmobiliarias, constitución o ventas de empresas, permitiendo su bloqueo mediante avisos a Hacienda y a la autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales (Sepblac). A día de hoy, su labor ha permitido actuar contra 15 oligarcas rusos y 107 de sus testaferros, convirtiéndose en aliados cada vez más imprescindibles del Estado para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la guerra.

La información de la que disponen las notarías españolas resulta del contraste de los datos de sus clientes con dos grandes bases de datos: el índice único informatizado y la base de datos de titular real. Al confrontar la información de sus clientes con ambos sistemas, los notarios pueden llegar a unas conclusiones de las que dan cuenta al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), que analiza estas referencias y reporta a las autoridades económicas, que son las que en último término ejecutan los bloqueos.

Según los datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, a día de hoy y desde la constitución de las listas se han detectado en nuestro país a 15 de estos oligarcas, así como intentos de movimientos de activos por parte de 107 personas físicas, y 27 familiares relacionadas con ellas. Se ha avisado sobre operaciones referidas a 29 bienes inmuebles, de los que 8 eran propiedad del sancionado y otros 21 de familiares cercanos.

Además, y respecto de personas jurídicas (empresas) vinculadas con estos empresarios rusos, se ha actuado respecto de 10 empresas españolas y otras cinco relacionadas directamente con los sancionados, a las que se suman otras 4 sociedades vinculadas con miembro de sus familias. En cuanto a empresas extranjeras, el OCP ha actuado contra 13, y ha alertado de negocios referidos a 6 bienes inmuebles (vinculados a sus empresas o a empresas de familiares).

El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) fue creado por el Ministerio de Economía en 2005 en el seno del Consejo General del Notariado con el fin de y canalizar la colaboración de los notarios con las administraciones públicas. Desde entonces, la ayuda notarial ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos.

CUANTIFICACIÓN

El jefe de la Unidad de Análisis de este organismo, Mariano García Fresno, explica a este diario la dificultad de contabilizar económicamente a cuánto asciende el total de lo bloqueado hasta el momento, porque además de bienes como inmuebles o yates, habría que tener en cuenta el valor de las empresas. Por eso cree que las cuantificaciones que se realizan en muchos países están 'engordadas' artificialmente.

García Fresno explica que detección de los movimientos de estas personas por parte de los notarios procede de las circunstancias que las obligan a acudir a sus oficinas en nuestro país cada vez quieran efectuar cualquier negocio inmobiliario, dar poderes, constituir empresas, o realizar un reconocimiento de firmas. Todo ello pasa por las notarías.

La labor en la detección de movimientos de oligarcas rusos vinculados al Kremlin no es nueva, ya que la OCP trabaja en este ámbito desde 2014, cuando se aprobaron unas listas coincidiendo con la adhesión de Crimea a la Federació Rusa.

LA SEGUNDA MAYOR BASE DE DATOS, TRAS HACIENDA

El Índice Único Informatizado es la segunda mayor base de datos de España -solo por detrás de la Agencia Tributaria-, y contiene información parametrizada de más de 135 millones de documentos públicos, de más de 41 millones de personas físicas y de más de 3,5 millones de personas jurídicas. De media, más del 80 por ciento de las comunicaciones que el OCP hace en nombre de los notarios, se acaban investigando por la policía judicial.

De hecho, el modelo está empezando a ser copiado por otras instituciones, como es el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que es el organismo al que pertenecen todos los colegios de abogados de España. Esta misma semana Luis Rubí, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía, anunciaba la creación de un órgano centralizado para abogados siguiendo el modelo de los notarios. 

Por el momento, notarios y abogados colaborarán en un proyecto financiado por la Comisión Europea denominado 'LIGHT', que permitirá formar a estos profesionales en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además de a los juristas españoles, se dirige a los que ejercen en Bélgica, Bulgaria e Italia.