Del matrimonio igualitario a la Ley de Partidos: normas históricas que llegaron con el verano

A medida que aumentan los grados de los termómetros, la intensidad política disminuye. La actividad legislativa de los últimos plenos del calendario de sesiones suele ser más bien escasa. Pero en la historia parlamentaria de España también se ha saludado al verano dando a luz leyes importantes, de esas que cambian sociedades y que el paso del tiempo convierte en históricas.

A primera hora del 3 de julio de 2005, Emilio y Carlos hicieron cola en el Registro Civil de Madrid. Tras 30 años conviviendo como pareja, no querían perder un segundo para convertirse en matrimonio, ese que les había sido negado durante tantos años. Solo ocho días después, Emilio y Carlos se convirtieron en protagonistas de la primera boda legal entre dos personas del mismo sexo que se celebraba en España, un evento al que apenas habían invitado a una veintena de personas pero que la expectación de la prensa convirtió en multitudinario.

La ley del matrimonio igualitario fue una de esas normas que se aprobaron con la llegada del estío. El 30 de junio de 2005, después de que la mayoría del PP en el Senado impusiera su veto, el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente un texto que trajo uno de los cambios sociales más importantes de los últimos tiempos: España se convirtió en el cuarto país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los detractores de la medida se hicieron notar en las calles, comandados por el PP y la Iglesia Católica, que se oponía especialmente a la idea de que estas parejas pudieran adoptar. “Una sociedad decente es la que no humilla a sus miembros”, dijo desde la tribuna en una intervención no prevista el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Defendía así una reforma que “ahorra sufrimiento inútil de seres humanos”. El sí se impuso con mayoría absoluta, la de los 187 votos de PSOE, Izquierda Verde (IU-ICV), ERC, PNV, Coalición Canaria y dos diputados de Convergència, además de la ex ministra del PP Celia Villalobos. En contra votó el PP y los catalanes de Unió. Hubo cuatro abstenciones.

Siete años después de su tramitación, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de inconstitucionalidad que había presentado el PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, consagrando un derecho del que más tarde haría uso el popular Javier Maroto en un enlace que contó con el propio Rajoy como invitado.

Una ley para ilegalizar Batasuna

En 2002, recién estrenado el verano, el Senado aprobó otra norma histórica un 25 de junio. Ángel Acebes, ministro popular de Justicia, llevaba a la Cámara Alta por trámite de urgencia la Ley de Partidos Políticos. En su exposición de motivos, la norma indica que su objetivo es “impedir que un partido político pueda, de forma reiterada y grave”, entre otras cuestiones, “apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas”. Era una ley que nacía con la vista puesta en ETA y en su brazo político, Herri Batasuna.

A su paso por el Congreso, había logrado un gran consenso político, con 304 votos a favor - los de PP, PSOE, CIU, Coalición Canaria y el Partido Andalucista, además del apoyo por error del líder de IU, Gaspar Llamazares- y 16 votos en contra de los partidos a la izquierda del PSOE y los nacionalistas -IU, PNV, BNG, ERC, ICV, EA y CHA-. Al Senado, el Gobierno llegó con los deberes hechos. El texto original pasó el trámite sin alteraciones y se aprobó con 214 votos a favor y solo 15 en contra. “No podemos ni vamos a permitir que un partido político legal use su sede para ser depósito de armas o cobijo de asesinos”, insistió Acebes.

Con la ley en vigor, a finales de agosto, el Congreso aprobaba pedir al Gobierno que iniciara los trámites para ilegalizar Batasuna. En marzo de 2003, el Supremo lo hizo por unanimidad.

Quizás no históricas, pero sí de vital importancia para cada ejercicio son las leyes de Presupuestos Generales del Estado. En 1990, las cuentas anuales se debatieron en el Senado un 29 de junio, poniendo fin a seis meses de prórroga presupuestaria. En 2012 y 2017, las cuentas también terminaron a finales de junio su trámite parlamentario. Y en 1983 y 2018 lo hicieron a primeros de julio, cuando en los exteriores de las dos Cámaras el calor sofocante y los abanicos daban cuenta de que ya se había instalado el verano.