Vocales del CGPJ tachan la reforma judicial del Gobierno de "escandalazo"

Propuesta "perturbadora", "escandalazo", "chapuza". Así valora un amplio sector de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la proposición de ley registrada por el PSOE que permitirá a este órgano eludir la limitación que se le impuso hace más de un año para realizar nombramientos y designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde por cuota. Otro sector considera que el cambio era ineludible para que este órgano pueda cumplir con la Constitución.

La reforma registrada por el PSOE supone, en todo caso, revertir de forma parcial la modificación que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó en marzo de 2021 y que impide al órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace ya tres años y medio, elegir a los integrantes de la cúpula judicial. Por eso, varios vocales reclaman que se le restituya de forma plena esta capacidad -que consideran que nunca deberían haber perdido- y no se les utilice tan solo para que el Gobierno consiga su objetivo de renovar el TC y conseguir con ello una mayoría progresista en dicho órgano.

"Es muy fuerte, nos prohíbes hacer nombramientos y ahora, como lo necesitas porque urge cambiar la mayoría en el Tribunal Constitucional, nos utilizas. No se pueden usar así las instituciones", señala a El PERIÓDICO DE ESPAÑA una de las fuentes consultadas. 

Lamentan igualmente que se trate de asegurar la mayoría progresista en el TC y se olviden del Tribunal Supremo, que se encuentra en una situación crítica porque las jubilaciones y salidas de magistrados no se pueden suplir. 

"Mi valoración es que deben restaurarnos la competencia en su plenitud, no solo para el TC", apunta Juan Manuel Fernández, vocal designado a propuesta del PP. "La propuesta perjudica mucho a las instituciones españolas. No solo en la imagen, sino en el fondo, en la división de poderes", señala otro de los vocales, que coincide con Fernández en la necesidad de que se revoque la reforma de 2021 que limitó las funciones del CGPJ.

El anuncio frustra además las esperanzas de una pronta renovación del propio CGPJ, según valoran varios de los consultados, algo que parece confirmar el propio líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, que este mismo viernes ha acusado a Sánchez de "romper los puentes" para negociar el CGPJ con la reforma "unilateral" que ha anunciado para "controlar" el Tribunal Constitucional.

"La imagen para las instituciones es terrorífica", señalan otras fuentes, que apuntan además al trámite parlamentario empleado -el de la proposición de ley-, que permite una reforma exprés, eludiendo el trámite de informes como el que debería hacer el propio CGPJ al respecto.

Otros vocales no entienden "racionalmente" la decisión del PSOE "si no es como un movimiento estratégico en el ámbito de una negociación más amplia, como pieza más en la renovación del Consejo". Pero si se hacen cuentas, la aprobación lleva sus tiempos y probablemente el CGPJ no podría discutir los nombramientos de sus dos magistrados para el TC hasta el mes de septiembre, "y eso contando con los consensos que precisan".

¿HABRÁ CONSENSO EN EL CGPJ?

Estos consensos pueden ser la clave de un nuevo enfrentamiento institucional en el caso de que, en protesta por lo que consideran es una manipulación de este órgano por parte del Gobierno, un sector del CGPJ decida "bloquear" la dos designaciones que le corresponden para el Tribunal Constitucional, que según una regla no escrita deben ser de un magistrado de sensibilidad conservadora y otro progresista.

Algunos de los vocales consultados no descartan que, como respuesta a los manejos del Gobierno, se haga difícil alcanzar los doce votos que se precisan para hacer cada uno de esos nombramientos de magistrados del TC. Y si no hay consenso, no hay renovación. "No creo que haya vocales que se nieguen a realizar estos nombramientos, no cumplir con sus competencias cuando se les restituyan, porque eso es anarquismo de salón, pero sí puede ocurrir que no se alcancen los doce apoyos", reconoce otro de los vocales consultados a este diario.

Concepción Saéz, vocal a propuesta de IU, no considera necesario que la obligación constitucional que atañe por mitad al Gobierno deba incumplirse porque el Consejo General del Poder Judicial esté en funciones. "La imposibilidad de uno no debe poder arrastrar al otro". En su caso, la reforma se ve inconveniente, pero por otros motivos, "porque refleja impotencia e incoherencia y da una excusa al PP -que hasta ahora no tenía- para seguir negándose a renovar el CGPJ". 

"Precisamente si no me gusta esta nueva iniciativa es porque creo que un consejo prorrogado más de tres años, invadiendo las competencias del mandato del que debiera seguirle, no puede pretender comportarse como si siguiera en plenitud de funciones. -añade Sáez- Del mismo modo que el gobierno en funciones tiene limitadas sus competencias, el gobierno del poder judicial ha de tenerlas. No se puede seguir sumando anomalías".

Otros vocales, sin embargo, consideran que la reforma propuesta por el PSOE es "absolutamente ineludible para que el más alto tribunal del Estado no sufra el deterioro derivado de la estrategia de indebida retención del control por parte del PP".

Desde este sector se advierte que el propio informe jurídico que el CGPJ encargó cuando en marzo de 2021 se limitaron sus competencias ya advertía de que no se podía limitar la facultad del órgano de gobierno de los jueces para designar a los dos magistrados del TC que les corresponden porque la Constitución les obliga. Y esta obligación constitucional no puede verse limitada por en una Ley orgánica como es la del Poder Judicial.

Por su parte, la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la más próxima al Gobierno, señala que "constatada la voluntad del Partido Popular de no renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional, considera que cualquier medida que se adopte para superar ese boicot debe ser bienvenida.