Gabilondo pone en duda la colaboración de los obispos en la investigación de los abusos

Ángel Gabilondo explicó este lunes en el Congreso las bases sobre las que se asentará la comisión que investigará los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Con retraso respecto al plan que él mismo esbozó en un primer momento, el defensor del pueblo anunció que el organismo contará con 20 miembros (la mayoría juristas y especialistas en el trabajo con las víctimas), que habrá una “unidad técnica” encargada de recabar los testimonios y que todo acabará en un informe, que será remitido al Parlamento, que incluirá medidas de reparación a las víctimas y propuestas de modificación para que estos delitos no se repitan. Pero Gabilondo también lanzó críticas a los obispos, algo raro en él.

El exministro socialista había sido hasta ahora exquisito en las formas. Sin embargo, ante la negativa de la Iglesia a participar en la comisión, que salió adelante en la Cámara baja con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, decidió cambiar el tono, poniendo en duda la colaboración de los obisposen este esfuerzo. 

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Primero, defendió que la participación explícita de la Conferencia Episcopal Española (CEE) hubiese supuesto que el informe fuese “más fecundo”, una tesis que rechazan los colectivos de víctimas, al considerar que la Iglesia no puede ser a la vez juez y parte. “Pero tras diversas conversaciones, la Iglesia desestimó formar parte de la comisión, señalando que eso no significa que dejaría de colaborar siempre dentro de la ley, una expresión que siendo innecesaria parece indicar límites en esa colaboración”, explicó Gabilondo, antes de aclarar que continúa “a la espera de los términos concretos de esa colaboración” y subrayar que la Iglesia debe "asumir su responsabilidad".

El rechazo de las víctimas

Gabilondo tiene ante sí una tarea difícil. "Delicada", según reconoció él mismo. No solo por la complejidad de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. También por la propia investigación en sí misma. De momento, y a falta de que comience a trabajar, ya se ha encontrado con el rechazo tanto de las víctimas como de la Conferencia Episcopal Española (CEE). 

En un primer momento, las asociaciones que representan a quienes han sido abusados por el clero acogieron con suspicacia el nombramiento de Gabilondo. El defensor del pueblo fue cura en su juventud, en los años 70, e impartió clases en dos colegios de los Hermanos del Sagrado Corazón, uno en Madrid y otro en Vitoria, en la misma época en la que supuestamente se cometieron abusos dentro de sus paredes. “Yo no tuve ningún conocimiento”, se ha defendido Gabilondo. 

Pero después, cuando comenzaron a conocerse los detalles de la investigación que liderará Gabilondo, las críticas fueron a más. Bajo el nombre de Plataforma Tolerancia 0, los principales activistas contra los abusos en Cataluña se agruparon a finales de marzo para dejar claro que rechazaban la iniciativa dirigida por Gabilondo, al carecer esta de un “poder coercitivo” que fuerce a la Iglesia a colaborar, comparecer y abrir los archivos religiosos, algo que sí ocurrió con las investigaciones en Australia, Irlanda y el Reino Unido. 

Los obispos, mientras tanto, han ido emitiendo señales contradictorias y repletas de desconfianza hacia la comisión. Por un lado, han explicado que colaborarán con ella, sin aclarar en qué consistirá esa colaboración, como subrayó Gabilondo. Por otro, han criticado que solo se centre en la Iglesia, para terminar anunciando que no participarán como miembros del organismo. A su modo de ver, la lacra de los abusos sexuales en su ámbito se está “exagerando”. Pero los prelados sí han encargado su propia investigación externa, que pilota el despacho de abogados Cremades & Calvo. La iniciativa echó a andar a finales de febrero. Un mes y medio después solo había recibido 50 denuncias, de las cuales 15 ya se conocían. Se trata de un número muy modesto. En Portugal, una comisión similar, también creada por los obispos, recopiló en su primer mes de trabajo 214 de estos testimonios, pese a que el país vecino tiene 10,31 millones de habitantes, frente a los 47,35 millones de España.