RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Gallardón da con el freno a la politización del CGPJ: limitar su designación discrecional de los jueces del Supremo

Cuatro exministros coinciden en que la situación de bloqueo institucional exige cambios

Los exministros de Justicia Juan Fernando López Aguilar, Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo en una mesa redonda. 

Los exministros de Justicia Juan Fernando López Aguilar, Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo en una mesa redonda.  / Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

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La incapacidad de los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, para alcanzar un acuerdo y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con sus vocales fuera de mandato desde hace ya tres años y medio, abunda en la idea de que la justicia se encuentra politizada, pese a que España cuente con unos jueces cuya independencia está fuera de toda duda. La pregunta que surge de este diagnóstico es la siguiente ¿Por qué el poder político parece tan interesado en controlar el órgano de gobierno de los jueces?

Cuatro exministros de Justicia -Juan Fernando López Aguilar, Juan Carlos Campo, Rafael Catalá y Alberto Ruiz-Gallardón- han debatido este viernes sobre la cuestión poniendo broche a los actos en los que durante esta semana el Colegio de la Abogacía de Madrid ha celebrado sus 425 años de historia. 

Pese a coincidir en la valoración general y en la necesidad de que se arbitre un cambio, la idea más original del debate ha sido lanzada por Ruiz-Gallardón: si a los políticos les interesa el CGPJ porque es el que designa a la cúpula judicial -especialmente a los magistrados del Supremo- quizá debería limitarse esta facultad discrecional. Muerto el perro, se acabó la rabia.

"Soy de los que piensa que el problema que el apetito de los políticos va dirigido a lo jurisdiccional", ha señalado el exministro del PP, en alusión a una de las funciones del Consejo, como es la de los nombramientos en el Supremo y las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia que son quienes, a la postre, resuelven los asuntos.

Su propuesta: limitar la discrecionalidad del CGPJ en este ámbito, de modo que se designe por criterios determinantes que pueden ser, además de la antigüedad -que es el que se usa para acceder a otros órganos, como es la Audiencia Nacional-, otros como los de la especialización y la cualificación de los posibles candidatos, mediante "mecanismos objetivos". "De este modo, el poder político perdería interés en intentar distribuir de una forma arbitraria unas plazas condicionantes del ejercicio de la jurisdicción", ha añadido, provocando el aplauso del público asistente, compuesto mayoritariamente por abogados.

LAS ASOCIACIONES DESLEGITIMARON EL SISTEMA

El exministro lamenta los "apellidos" de progresista o conservador que propicia el actual sistema de designación parlamentaria de los vocales, ya que destroza la percepción de independencia entre los ciudadanos, así como la preponderancia de las asociaciones judiciales al inicio de la democracia que, a su juicio, obligó a cambiar el sistema de elección en 1985 porque se produjo "un abuso". Por ello, cree que el primer acuerdo que debe adoptarse, una vez se renueve este órgano, es el de "acabar con el reparto numérico y que el consenso consista en que los veinte miembros del Consejo sean de todos". 

"Prefiero el derecho de veto al sistema de reparto", ha manifestado para añadir que cree que lo que ocurrirá con la situación actual, que considera "crítica" es que se renovará el CGPJ con la legislación vigente "sin perjuicio de que el acuerdo traerá revisión profunda del sistema de elección".

Las propuestas de Ruiz-Gallardón han sido respondidas por el exministro socialista Juan Carlos Campo, que considera que si bien el CGPJ elige a los jueces del Supremo de forma discrecional, luego el propio alto tribunal puede corregir estas decisiones a través de su Sala de lo Contencioso-Administrativo. De hecho, en las sentencias que se han ido dictando se matiza el modo en el que debe elegirse para lograr el mejor perfil. A ello se une, ha recordado el antecesor de Pilar Llop, que los candidatos llegan al CGPJ con un informe sobre su trayectoria del presidente del tribunal superior que le corresponde y también de los servicios de inspección.

Pese a reconocer que quizá puedan introducirse cambios en la ley, el exministro socialista defiende que el actual sistema permite una "doble legitimación", puesto que los parlamentarios eligen a los 12 vocales de origen judicial del CGPJ entre una lista de cincuenta candidatos propuestos por las asociaciones profesionales que incluyen jueces no adscritos que han conseguido determinados avales de sus compañeros.

"Pero tenemos que empeñarnos en que funcione y no bloquearlo", ha manifestado Campo, para añadir que "se pueden hacer cosa imaginativas", como puede ser crear una comisión extraparlamentaria que analice según los currículums quienes son mejores o peores e informar a los diputados. 

Para el también socialista López Aguilar la sociedad debe estar vigilante frente a situaciones que pueden amenazar la indudable independencia de los jueces en España, como son los poderes mediáticos o económicos, y también la actuación de los actores políticos.

"RENOVAR DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES ES INEXORABLE"

"Pero hay que renovar, la demora se convierte en agónica, y renovar de acuerdo con las normas vigentes es inexorable", ha subrayado, para añadir que "luego se pueden arbitrar reformas". 

La actual situación de bloqueo, ha lamentado el hoy eurodiputado, ha llevado a que en Europa se cuestione la calidad de la justicia en España comparándonos de forma injusta con países como Polonia. "Allí el fiscal general expulsa a los jueces que llevan asuntos al Tribunal de Justicia de la UE (TSJUE), no tiene nada que ver con "España", ha explicado. Finalmente, Rafael Catalá ha coincidido en la necesidad de que el nuevo CGPJ que salga de la próxima renovación "trabaje en la transparencia" como modo de luchar contra esta "apariencia de politización".

Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha expresado este viernes su confianza en que "antes de verano" pueda haber un acuerdo político para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de tres años caducado, informa Europa Press

LESMES CONFÍA EN UN ACUERDO ANTES DEL VERANO

"Yo tengo confianza en que puede haber acuerdo y que sea antes de verano, por supuesto", ha dicho en declaraciones a la prensa tras reunirse con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, para hacerle entrega de las memorias del Poder Judicial de 2020 y 2021.

Al ser preguntado sobre si es mera confianza o si tiene indicios de que puede ser así, ha contestado que ambas cosas. "Es un deseo, pero yo creo que, por otra parte, lo que me llega es que hay voluntad de hacer un acuerdo", ha explicado el también presidente del Tribunal Supremo (TS). Asimismo, ha aclarado que, hasta donde sabe, no es que el acuerdo esté hecho, sino que hay "voluntad". Así, ha apuntado que ve "probable" que las negociaciones políticas para pactar la renovación del CGPJ se retomen después de las elecciones andaluzas del próximo domingo.

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