La Audiencia Nacional analiza la cobertura del servicio de ambulancias por Asisa durante la pandemia covid

El gasto originado por la cobertura sanitaria durante lo peor de la pandemia de coronavirus, que se ofreció a ciudadanos a través de servicios y teléfonos específicos por parte de las comunidades autónomas, ha derivado en algunas tensiones entre las compañías privadas y la sanidad pública que deberán dirimir los tribunales. Así ocurre con el contencioso que analizará la Audiencia Nacional en relación con la cobertura del servicio de ambulancias por Asisa durante este periodo.

La Sección Séptima de lo Contencioso-Administrativo de este órgano ha solicitado al Ministerio de Hacienda y Función Pública los expedientes que motivaron que el departamento comandado por María Jesús Montero diera la razón a ciudadanos adscritos a Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado).

La petición se produjo el pasado 6 de mayo, según la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y obedece al recurso presentado por la entidad privada contra la decisión adoptada por Hacienda que le obligó a reintegrar a un ciudadano los gastos médicos que le había cobrado por un traslado en ambulancia. La decisión que adopte la Audiencia Nacional sobre este asunto es de interés porque sentará jusrisprudencia sobre este tipo de conflictos entre la sanidad privada y el Estado, señalan fuentes cercanas al litigio.

ATENCIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En el caso concreto que analiza la Audiencia Nacional se cobraron más de 700 euros a un vecino de Sevilla cubierto por Muface que precisó un traslado en ambulancia hasta un centro hospitalario por covid. Para acceder a este servicio, su familia llamó al teléfono de SALUD RESPONDE, el Acceso multicanal al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que para entonces centralizaba todos los casos de coronavirus.

Desde dicho número se gestionó el envío de una ambulancia y Asisa, que fue la entidad que realizó el traslado y reclamó al poco tiempo al paciente la asistencia prestada en el domicilio por un total 727,37 euros, al rechazar hacerse cargo de dichos gastos. Muface tampoco quiso hacerse cargo tras analizar el caso en una comisión mixta que funciona con la entidad privada.

Al estar disconforme con esta resolución, el interesado formuló recurso de alzada, que fue finalmente estimado mediante una resolución que es contra la que se recurre ahora ante la Audiencia Nacional.

Según señala el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su resolución hay que tener en cuenta que el mutualista actuó "siguiendo en todo momento las instrucciones de las autoridades sanitarias" entre las que se indicaban que en caso de presentar síntomas compatibles con una infección respiratoria debían llamar a los teléfonos específicos de cada Comunidad Autónoma, en la mayoría de los casos pertenecientes al Sistema Público de Salud. La atención fue prestada a finales de marzo de 2020.  

"Consecuentemente, la entidad Asisa, conforme a la cláusula 1.1.1, tiene a su cargo el aseguramiento de la asistencia sanitaria de los beneficiarios adscritos a ella y ha quedado acreditado que el mutualista no ha utilizado por decisión propia o de sus familiares medios no concertados con la entidad", concluye el Ministerio, por lo que declara que el gasto debe ser asumido por la empresa privada.  

Esta entidad ha tenido que hacer frente a otras reclamaciones similares por prestaciones durante la pandemia que en principio no estaban incluidas en la cobertura de la póliza suscrita por los ciudadanos, como refleja una reclamación publicitada por la OCU en 2020 relativa a la realización de pruebas PCR y serológicas. 

En cuanto a los mutualistas, fuentes del sindicato de funcionarios CSIF señalan a este diario que el caso que ahora llega a la Audiencia Nacional no es aislado. Ocurre que el paciente de Muface llama a los servicios sanitarios de su Comunidad y luego ésta pasa el recibo a Asisa, que se lo remite al mutualista.

"No es la primera vez que ocurre y son casos que tienen que recurrir, cuando deberían ser de oficio por parte de Muface, y apañar gastos entre el sistema nacional de salud y la comunidad autónoma", apuntan.