Las claves de la comisión rogatoria enviada

¿Puede terminar declarando Rajoy en Andorra por supuestas presiones a un banco del principado?

Las actuaciones se iniciaron en 2016 y ahora se comunica la admisión de una querella que se produjo hace dos años

Mariano Rajoy durante su comparecencia en la comisión Kitchen, en el Congreso de los Diputados.

Mariano Rajoy durante su comparecencia en la comisión Kitchen, en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

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Una juez andorrana cursó el pasado 20 de mayo a España una comisión rogatoria (sistema por la que se solicita ayuda judicial a otro país) para comunicar la admisión a tramite en 2020 de una querella contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y dos de sus ministros, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, entre otras personas, por distintos delitos por supuestas presiones al BPA para recabar información de distintas personas, entre ellas, Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras. La jueza Sthéfanie Garcia les da 15 días para que se personen en las actuaciones, a través del abogado andorrano que designen o el de oficio que se les asigne.

¿Quién la presenta?

La querella inicial se presentó en 2016 por los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA) contra policías españoles que supuestamente les presionaron para conseguir información financiera sobre ciudadanos catalanes. La querella ha sufrido distintas ampliaciones, la última es la que en 2019 interpuso l'Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) contra Rajoy y sus ministros, tras escuchar al excomisario José Manuel Villarejo -principal imputado en el caso en el que se investigan las cloacas policiales- declarar como testigo que participó en ese capítulo de la "Operación Cataluña", pero el cierre del banco solo se pudo hacer por sus superiores.

Pese a ser uno de los presuntos afectados de esta supuesta presión, los Pujol no han solicitado personarse en el procedimiento, a diferencia de en la Audiencia Nacional, donde intentaron sin éxito ejercer la acusación contra Villarejo en el caso Tándem. Desde el entorno de la familia del expresidente se apunta a que el procedimiento seguido en Andorra puede ser una vía utilizada por los que eran responsables del banco intervenido para no hacer frente a sus responsabilidades. Los Cierco reclaman al Estado 141 millones de euros por el cierre de la entidad.

¿Es normal una tramitación tan lenta?

Desde lDHA se justifica a este diario que la comisión rogatoria cursada a España para comunicar la presentación de la querella haya tardado dos años en el colapso que sufre la justicia del principado por los centenares de procedimientos que arrastra desde la intervención en 2015 de BPA y su filial en Madrid, el Banco de Madrid, con las reclamaciones presentadas contra ellos por quienes eran titulares de fondos, con el objetivo de recuperar su dinero.

Durante estos años prácticamente solo se ha tomado declaración a Villarejo, aunque los querellantes han ido entregando documentación en el Juzgado andorrano de Instrucción Especializada número 2, según se iba produciendo en España, como las respuestas que daban los querellados en la comisión del Congreso de la operación Kitchen, como la del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz negando saber qué es el BPA, cuando un diputado le preguntó por la querella presentada en su contra.

¿Son delitos perseguidos en España?

La querella admitida a trámite se refiere a supuestas extorsiones, coacciones y chantajes realizados desde 2014 por agentes de la policía española a responsables de BPA para conocer información bancaria secreta. Los delitos concretos citados en la comisión rogatoria son los de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión coacciones a órganos constitucionales y documento falso. Todos ellos son delitos existentes en la jurisdicción española, aunque para tramitar una comisión rogatoria eso no sería imprescindible. El problema es que se trata de delitos cuando menos difíciles de acreditar en el marco de una solicitud de información a banco para investigar un delito. En este sentido, fuentes fiscales han destacado a este periódico la buena colaboración de las autoridades andorranas con Anticorrupción.

¿La tiene ya la defensa?

Los abogados defensores consultados por este diario no tenían aún la comisión rogatoria, aunque es normal, porque la jueza andorrana se la la ha trasladado a sus autoridades de justicia y ellas, a las de asuntos exteriores, para que la remitan a España, donde se hace un recorrido similar: Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Justicia y juzgados de instrucción del lugar donde tienen fijado su domicilio los querellados para darles traslado del documento, lo que demora la notificación.

¿Es lo mismo querellado que imputado?

Se usa de forma equivalente, porque es en esa condición en la que se toma declaración a un querellado, aunque haya sido citado únicamente para hacer una mínima averiguación sobre la verosimilitud de los hechos denunciados para preceder al archivo de las actuaciones.

No obstante, no suele considerarse a una persona imputada hasta que es citada ante el juez, lo que aún no ha ocurrido con el expresidente del Gobierno y hay que ver si se persona en las actuaciones abiertas en Andorra. El principado no es miembro de la Unión Europea, así que no puede forzar su entrega a través de una euroorden, como ocurre con los reclamados por España, aunque podría ordenar su arresto. La reclamación andorrana de personas se realiza a través de los convenios de colaboración bilaterales firmados entre el principado y el resto de países.

¿Quién está querellado?

Además de Rajoy y sus ministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, al que se ha incluido por la visita que realizó en 2015 al principado con el entonces presidente del Gobierno, los querellados a los que se trata de notificar ahora son: el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino y el exagregado de la Embajada española en Andorra Bonifacio Díez Sevillano.

¿Y las autoridades andorranas?

Al tener noticia de su inclusión en la querella, Martínez remitió una carta a los Cierco, que adelantó 'El Mundo', en la que destacaba la rapidez con la que se había hecho por las autoridades estadounidenses la intervención del BPA por un delito de blanqueo de capitales. La justificaba con "una firme voluntad política de llevarlas a cabo". Pero responsabilizaba de ello a las autoridades andorranas que querían así mostrar su disposición a colaborar con las estadounidenses. De ahí que mostrara su extrañeza a que la imputación se ampliara a él, Rajoy y los ministros españoles.

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