PROPUESTA DEL PP

Feijóo pide a Sánchez que lleve a la cumbre de la OTAN la garantía territorial de Ceuta, Melilla y Canarias

El PP enviará esta semana su propuesta de Estado en materia de seguridad al Gobierno y el resto de fuerzas políticas

Pide que en la cumbre de Madrid la OTAN asuma una declaración política de defensa de toda la integridad territorial de España, "particularmente los territorios no peninsulares"

Feijóo en el comité de dirección del PP.

Feijóo en el comité de dirección del PP. / DIEGO CRESPO.

Paloma Esteban

Paloma Esteban

Un mes después de que Alberto Núñez Feijóo avanzara que haría una propuesta de Estado en materia de defensa al Gobierno, aprovechando las fricciones que ya se veían entre los dos socios por la cumbre de la OTAN que Madrid acogerá en junio, el comité de dirección avanzó este lunes en parte del contenido de ese plan, que enviará esta misma semana al Gobierno y al resto de fuerzas políticas.

“Una especie de Pacto de Toledo pero sobre la seguridad y la defensa de nuestro país”, explicó Esteban González Pons para garantizar que “la política de defensa no esté al albur de quien gobierne en un momento determinado o de los socios que apoyen a ese Gobierno”.

Entre los puntos que contendrá esa propuesta, de cara a la próxima cumbre de la OTAN, el PP pide a Sánchez que todos los partidos (o la mayor parte de ellos) se unan para pedir “una garantía de protección de todo el territorio nacional y, en particular, los no peninsulares”. Es decir, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. La idea del PP es que la Alianza Atlántica acepte una declaración política en ese sentido, que se firmaría a la par que el documento estratégico que debe salir de esa reunión. 

González Pons también pedirá que “se examine la colaboración que ya mantenemos en Asia-Pacífico y se defina una posible colaboración entre América Latina y el área euromediterránea”.

Aunque el PP no pone plazos encima de la mesa, considera que lo “deseable” sería tener el documento acordado antes del arranque de la OTAN a finales de este mismo mes.

El vicesecretario de Política Institucional (que, en realidad, también tiene las competencias de la política internacional y del área judicial) afirmó que se trata de “un documento abierto” que espera recibir aportaciones de todos los partidos y que no se someterá a votación en el Congreso necesariamente, a no ser que el Gobierno decida asumir alguna de las cuestiones y la lleve a la Cámara. “La idea es que todas las fuerzas hablen, opinen, corrijan y sustituyan. Entablamos un diálogo pero no prejuzgamos nada”, zanjó.