El juez se dispone a concluir la investigación por terrorismo contra los CDR

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se dispone a dar por concluida la instrucción de la causa que sigue contra una docena de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) a los que procesó por pertenencia a organización terrorista, al poner fecha a la última diligencia que está pendiente: la toma de declaración de seis de los guardias civiles que participaron en la redacción de los informes que sirvieron para sustentar la acusación que pesa sobre ellos.

Tras varios intentos de citación en fechas que hubo que cambiar, al no poder desplazarse a Madrid alguno de los abogados defensores por coincidirles con otras diligencias judiciales, fuentes jurídicas señalaron a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio de Prensa Ibérica al que también pertenece este diario, que el magistrado ha fijado para el 20 de junio la declaración de los agentes. Los letrados podrán interrogarles sobre cualquier extremo incluido en las conclusiones que alcanzaron y por las que el titular del Juzgado Central numero 6 ordenó las detenciones de casi una decena de personas en la operación Judas, en septiembre de 2019, y dos años después procesó a 13 por integración en organización terrorista y a nueve de ellos también por tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.

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Esa decisión de García-Castellón resultaba contradictoria con la de la Sala de lo Penal que les había dejado en libertad semanas antes, al entender que las sustancias precursoras que se encontraron en su poder "no son en sí mismas explosivos". Desde entonces el juez solo ha levantado el procesamiento a uno de ellos. Ha sido por razones médicas, al entender que carecía "de las facultades mentales precisas para tomar conciencia, por ejemplo, del alcance jurídico de sus respuestas al interrogatorio de la acusación", lo que lo dejaba indefenso frente al "poder sancionador del Estado".

Acceso a las grabaciones

La excarcelación por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de los presos no fue el único revés que recibió la instrucción del magistrado por la vía de los recursos que interpusieron las defensas. Estas también consiguieron tener acceso a las grabaciones originales y seguimientos a las que habían sido sometidos sus defendidos. La solicitud cursada por algunos de los letrados obedeció a que, a través de un escrito fiscal, tuvieron noticia de que el procedimiento derivaba de uno previo abierto en 2017 y declarado secreto. Consideran imprescindible conocerlo para poder ejercer convenientemente la defensa de sus clientes.

Las defensas tendrán 10 días para estudiar las grabaciones íntegras de sus clientes que dieron origen el procedimiento

En cumplimiento de esa resolución, el magistrado procederá a entregar los audios requeridos a los abogados del colectivo Alerta Solidària, que ejercen la defensa, quienes dispondrán de unos 10 días para estudiarlos antes de que las actuaciones entren en la fase intermedia y se eleven a una de las secciones de lo Penal de la Audiencia Nacional para preparar su enjuiciamiento.

García-Castellón, hasta ahora con el apoyo de la fiscalía de la Audiencia Nacional, sostiene que los procesados formaban, dentro de los CDR, el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), al que considera una célula integrada por individuos de diferentes comités que “evidencian una gran radicalidad” y a la que se les habían encargado acciones más delicadas por su mayor predisposición y entrega "a la causa". Según el juez, su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Catalunya, empleando la violencia para forzar a las instituciones a conceder por la vía de los hechos su separación del resto de España.