Sánchez liga el acuerdo con Marruecos a la seguridad de Ceuta y Melilla

Pedro Sánchez desarrolló esta mañana en el Congreso la idea de que el Gobierno ha alcanzado un pacto con Marruecos, que ha supuesto cambiar la posición sobre el Sáhara y respaldar el plan de autonomía de Rabat, para garantizar la seguridad de Ceuta y Melilla. Un argumento que no es la primera vez que utiliza, en el comunicado conjunto firmado entre el presidente y Mohamed VI aparece la mención al respecto a la "integridad territorial", pero que Sánchez exhibió en su comparecencia como una de las motivaciones para reconducir las relaciones con el reino alauí y abandonar la neutralidad histórica sobre el Sáhara.

El jefe del Ejecutivo viajó el pasado 7 de abril a Rabat para reunirse con Mohamed VI y rubricar la apertura de una nueva etapa de relaciones con Marruecos que garantiza pero la vigencia de todos los acuerdos entre los dos países, incluidos "los que fijan nuestras fronteras". Sánchez apuntó explícitamente que "no aceptamos que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas" porque son "territorio español y europeo" pero se ha establecido un "compromiso de respeto mutuo para evitar en nuestro discurso y nuestra práctica política todo aquello que ofende" a la otra parte, en alusión a que Marruecos considera el Sáhara como territorio marroquí.

España y Marruecos inician una relación sin chantajes y con aduanas en Ceuta y Melilla

Según el presidente la declaración conjunta construye un "sistema de garantías sobre nuestra integridad nacional" porque la "soberanía de Ceuta y Melilla está fuera de toda duda". No obstante, añadió, la "buena vecindad debe implicar un modelo de normalidad beneficioso para todos". "Las dos ciudades no pueden vivir y desarrollarse con la presión de la excepcionalidad permanente. Eso significa normalizar plenamente el paso de personas y de mercancías".

Sánchez defendió que está pactado que haya aduanas en los pasos fronterizos en régimen de expedición comercial, para que no haya "comercio atípico". Un compromiso que también figura en el comunicado conjunto y que Moncloa interpreta como una señal de respeto a la integridad española, porque supone un reconocimiento más profundo de la frontera. En ámbitos políticos y militares españoles está muy extendida la opinión de que si Marruecos logra el control definitivo del Sáhara su siguiente reivindicación y causa identitaria será Ceuta y Melilla. Por eso todas estas prevenciones en esta nueva fase con Marruecos.

A pesar de que el control de la inmigración ha sido tradicionalmente una de las razones de más peso para mantener una cooperación con el país vecino, junto a su ayuda a la persecución del yihadismo y el narcotráfico, y ambos países han acordado reforzar el trabajo conjunto, Sánchez también ligó el fenómeno migratorio con la defensa de las dos ciudades autónomas. "España no va a tolerar la instrumentalización de la tragedia de la migración irregular como arma de presión", señaló en referencia a la oleada de personas que Rabat lanzó a las costas de Ceuta para conseguir que el Gobierno modificara su postura sobre el Sáhara.

Este asunto, uno de los motivos principales de la comparecencia, fue tratado por Sánchez de manera superficial. Como algo que no quedaba más remedio qué hacer. "La (nueva) posición española está alineada con otros países", subrayó para enumerar después a EEUU, Francia, Alemania, Países Bajos y la propia UE. "Después de muchas décadas de conflicto muchos países están reconociendo cuál es la posición más realista". "España no se ha desentendido de la causa saharahui" pero, dijo, ha situado el debate en la búsqueda de una salida y de un nuevo diálogo. Se trata de "resolver" no de una "espera indeterminada". A su juicio sería una manera de "dar estabilidad a la región". En este sentido pidió a los grupos sumarse a su giro que, se ha hecho, afirmó en defensa de los intereses de España.

"ENTRE UN 15% Y UN 20%" EN LA FACTURA DE LA LUZ

Pero antes de abordar, por segunda vez en el pleno de la Cámara de manera monográfica, el nuevo marco de relaciones con Marruecos, el presidente resumió las conclusiones del Consejo Europeo extraordinario de los pasados 30 y 31 de mayo —cumbre informal en la que se acordó el sexto paquete de sanciones contra Rusia— y pidió a los grupos su apoyo "formal" de la prórroga del plan anticrisis como consecuencia de la guerra de Ucrania, que se extenderá, por lo pronto, hasta el 30 de septiembre. "Espero sinceramente que en esta ocasión la oposición sepa estar a la altura y podamos seguir protegiendo a las empresas y a las familias frente a la subida de los precios" provocada por la contienda, reclamó. El primer real decreto ley fue salvado por la mínima gracias a Bildu y contó con el rechazo del PP y de ERC.

Todavía no está operativo el mecanismo de tope al precio del gas. La 'excepción ibérica' a la que dio el visto bueno el Consejo Europeo de marzo, que ya aprobó el Gobierno a través de un real decreto ley negociado con Bruselas y que ahora está pendiente de la ratificación final de la Comisión para que pueda entrar en vigor. Sánchez aseguró que "pronto, muy pronto" el colegio de comisarios aprobará el instrumento, que supondrá una rebaja de "entre un 15% y un 20%" en la factura de la luz y que tendrá "un importante efecto de protección frente a subidas futuras del precio del gas en mercados internacionales". 

Una vez que la Comisión Europea dé su ok definitivo, siguió el jefe del Ejecutivo, el mecanismo "entrará automáticamente en vigor tras la convalidación del real decreto ley que regula esta cuestión" y que el pleno del Congreso debate precisamente este jueves. Sánchez también pidió a los grupos que respalden el texto. Con él, se establecerá un tope al gas de 40 euros por megavatio hora (MWh), precio que después irá subiendo progresivamente hasta alcanzar, en los doce meses en los que estará operativo, unos 50 €/MWh de media.