ENTREVISTA

Pilar Llop: "Abolir la prostitución y perseguir la trata son prioridades de este Gobierno"

"No defendemos regular la prostitución ni sancionar a las víctimas, queremos ir a la raíz del problema y eliminar cualquier tipo de proxenetismo"

La ministra de Justicia, Pilar Llop.

La ministra de Justicia, Pilar Llop. / Álvaro Monge

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Rubén Acosta

A la ministra de Justicia, Pilar Llop, le apena que la polémica política domine el debate sobre la ley de libertad sexual y la proposición para abolir la prostitución. Enfatiza que en una sociedad democrática no se puede permitir que se negocie con el cuerpo de las personas. Defiende el actual modelo de elección de los miembros del CGPJ y avisa a la Generalitat que los escolares deben hablar castellano y catalán por igual.

El debate sobre la ley del solo sí es sí y la abolición de la prostitución se ha enredado por las diferencias entre los socios del Gobierno ¿Cuál será a partir de ahora la actuación de la Justicia en estas materias?

Es una pena que cuando hablamos de leyes tan importantes como es la ley de garantías de la libertad sexual y como es también una ley abolicionista de la prostitución, presentada por el grupo Socialista en el Congreso, lo que haya quedado es que ha habido polémica. Me parece que no debería ser así porque lo importante es el contenido de las leyes. Hay que resaltar que la ley de garantías de la libertad sexual lo que hace es dimensionar de una manera nueva lo que son las agresiones sexuales, desapareciendo el concepto de abuso sexual, y un elemento esencial que es el consentimiento, con la idea de que el consentimiento nunca se presume sino que se manifiesta de forma explícita. También había muchas dudas interpretativas sobre los delitos por sumisión química. Hasta este momento la violación que se cometía por vulnerabilidad química, es decir, cuando se le echa a la víctima una sustancia para anular su voluntad, se consideraba abuso sexual pero eso desaparece y ahora será un delito muy grave. Desde el Ministerio de Justicia estamos trabajando a través del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con el fin de elaborar unos protocolos para la recogida de muestras biológicas de las mujeres y hombres que han sido víctimas. Es un delito a petición de parte pero si ya se recogen las muestras se tendrían las pruebas cuando la víctima presentara la denuncia.

¿Cuál es el objetivo de las medidas contra la prostitución, regular o prohibir?

Lo que pretendemos con la ley abolicionista es combatir todas las formas de proxenetismo, es decir, cualquier tipo de favorecimiento de la prostitución de otra persona. Hasta ahora lo punitivo era la explotación sexual pero es un concepto que exige una interpretación y unas determinadas condiciones en la víctima y lo que queremos es que se vaya a la raíz de la prostitución y eliminar cualquier tipo de proxenetismo. Los tribunales también tendrán que elaborar jurisprudencia sobre esto. La finalidad es erradicar la prostitución porque lo que hace es perpetuar el machismo. Que haya un sexo que pueda consumir los cuerpos de otras personas lo que hace es posicionar a los sexos en una situación de desequilibrio que no cabe en una sociedad democrática.

¿Cómo está el debate en otros países europeos? En ocasiones se alega que se llega a la prostitución por circunstancias sociales y como forma de sustento más que como negocio.

La idea del abolicionismo es que no podemos permitir, si somos verdaderos demócratas, que los cuerpos de las personas sean considerados un producto más del mercado. Lo más importante que hace el abolicionismo es centrarse en la recuperación y resocialización de la víctima y ofrecerle alternativas de vida, trabajo y de formación, además de ayudas para que la mujer no vuelva a la prostitución. No tiene nada que ver con el regulacionismo, que lo que pretende es que se regule laboralmente algo que es imposible de regular porque la prostitución no es un trabajo.

"La trata es un fenómeno muy complejo que afecta a todos los derechos fundamentales de la persona"

¿Estas son las diferencias que hay con Podemos?

No lo sé, la ministra de Igualdad ha dicho públicamente que ella es abolicionista, Podemos no sé si tiene diferencias de opinión. Lo que sí sé es que hay ayuntamientos en España que han adoptado medidas abolicionistas que castigan al cliente, que también se lleva en esta proposición de ley, siguiendo el modelo francés. Sin embargo hay ayuntamientos como el de Alicante que ha seguido el modelo prohibicionista que castiga al cliente y sanciona a la mujer prostituida. Se trata de un modelo que rechazamos totalmente, pero tampoco defendemos el regulacionismo por una cuestión de ética democrática y del modelo que queremos de sociedad ¿Queremos un modelo en el que jóvenes menores de edad reúnen sus pagas para que el fin de semana uno de ellos consuma prostitución? ¿Queremos que nuestros jóvenes sigan consumiendo pornografía que algunas veces es violenta y supone sometimiento de las víctimas?

Usted también ha anunciado una ley sobre la trata de personas. ¿Abarcaría todo el abanico de este delito o se centraría más en la explotación sexual?

La trata en todos sus aspectos. He encargado una ponencia multidisciplinar para elaborar un texto integral, es decir, que aborde no solo los aspectos penales de todo tipo de tratas, sino también los aspectos procesales, en materia de extranjería, social y de reinserción. La trata es un fenómeno muy complejo que afecta a todos los derechos fundamentales de la persona y aborda muchos aspectos porque también es importante atender a las mujeres extranjeras que son sometidas a explotación fuera de sus países de origen. El objetivo principal de esta ley es proteger a las víctimas y generar todos los elementos necesarios para también perseguir los delitos. Recientemente se han firmado tres tratados bilaterales con Nigeria que permitirán ser más eficaces en la persecución de las mafias de tratas.

A estas alturas de legislatura será difícil que se renueve el Consejo General de Poder Judicial antes de las elecciones generales, ¿no?

Para las elecciones generales quedan aún un año y medio.

Si se cumple el calendario, ¿me lo asegura cien por cien?

Se lo aseguro porque lo ha dicho el presidente del Gobierno en sede parlamentaria. Vamos a agotar la legislatura.

¿No esperan a ver lo que pasa en las elecciones de Andalucía?

Por supuesto que no. Este Gobierno tiene su propia agenda y su propio proyecto, que es de país y transformación social porque hemos adoptado medidas sociales durante y después de la pandemia, por los efectos de la guerra de Ucrania, por el volcán de La Palma y otros desastres naturales para que todas las personas tengan la seguridad de que este Gobierno está con ellas y lo ha demostrado de manera evidente con política y gestión.

¿Quiere decir entonces que la no renovación del CGPJ es un tema básicamente político por ambos lados que supera el ámbito judicial?

El sistema de elección no está en cuestión ahora, lo que está en cuestión es si se cumple o no se cumple con la Constitución ¿En qué cabeza cabe que no se cumpla con la Constitución en un Estado de Derecho? La norma dice que cada cinco años hay que renovar el Consejo y lo han pedido todos los presidentes de tribunales superiores de Justicia, lo reclaman las asociaciones judiciales y el propio presidente Lesmes, que lleva cuatro años prorrogado, y también el comisario europeo. Este gobierno defiende el modelo vigente porque es el democrático. El poder judicial no es un poder de los jueces o del sector de la Justicia sino que es un poder de los ciudadanos porque lo dice la Constitución. Emanar del pueblo español significa que debe tener su conexión con la ciudadanía y eso solo puede ser a través de sus representantes en el Parlamento porque si no se genera una desconexión y eso no lo podemos permitir.

"El presidente ya dijo en el Congreso que hubieron escuchas que le afectaron a él y a otros ministros, que ya están en manos de la autoridad judicial. Esto también ha ocurrido en otros países"

¿Esta nueva polémica que envuelve a la fiscal general del Estado a qué se debe? ¿Hay que cambiar el estatuto de la Fiscalía para no verse envuelta permanentemente en la lucha partidista?

Hay distintos modelos en otros países en los que la designación es del propio ministro de Justicia, es decir, que nosotros tenemos un modelo que responde a los estándares. También porque hay que tener en cuenta que aún así la Fiscalía actúa con autonomía e independencia porque una cosa es su nombramiento y otra su actuación. Es igual que el CGPJ, que es nombrado por el legislativo y después ejerce con autonomía porque así es en un Estado de Derecho. Respecto al nombramiento del fiscal de Menores ha habido una resolución del Tribunal Supremo en la que dice que el nombramiento no estaba suficientemente motivado, se anula y se devuelve a la Fiscalía para que lo motive. La Fiscalía ha nombrado a la misma persona motivándolo y eso es lo que ha pasado. No entiendo la polémica en este asunto.

Las diferencias entre las asociaciones de jueces y fiscales ¿no?

Estas diferencias son absolutamente legítimas y son más evidentes cuando hay elecciones al Consejo Fiscal, que han sido hace poco.

Tras el caso Pegasus y el enconado debate que ha generado se ha puesto en el candelero hasta dónde debe llegar el control de la Justicia sobre los servicios de inteligencia. ¿Cuál es su posición?

El presidente ya dijo en el Congreso que hubieron escuchas que le afectaron a él y a otros ministros, que ya están en manos de la autoridad judicial. Esto también ha ocurrido en otros países y ahí están los casos en Alemania de Merkel y en Francia del presidente Macron. Cuando hablamos de las escuchas que solicita el CNI por motivos de seguridad nacional siempre se solicita autorización judicial al magistrado correspondiente del Supremo. En este contexto, donde predomina la digitalización y los entornos virtuales para las conexiones, transacciones y la sofisticación de los aparatos espías, hay que aumentar la ciberseguridad de las infraestructuras críticas y abordar una reforma en materia de seguridad nacional que incremente las garantías que respeten los derechos fundamentales. Es un texto interno del que aún no se sabe el resultado.

¿Qué consecuencias puede tener que la Generalitat anuncie que no va a cumplir la sentencia del Tribunal Superior sobre la impartición del 25% del castellano en las aulas catalanas?

Hace cuatro años el presidente dijo en su investidura que esta iba a ser la legislatura del diálogo territorial y de la cohesión social, además del reencuentro con Cataluña a través de medidas audaces, como los indultos del procés, para recuperar la convivencia después de los momentos duros vividos en la etapa del PP. Pero lo que no se puede utilizar de ningún modo son las lenguas para el enfrentamiento porque son una riqueza cultural y uno de los acervos más importantes que tienen algunos territorios de España. Siempre hemos dicho que los chicos cuando salgan de su etapa educativa deben ser capaces de dominar las dos lenguas por igual. También sostenemos que hay que respetar las resoluciones de los tribunales porque estamos en un Estado de Derecho y las sentencias hay que cumplirlas.

¿Y qué camino queda cuando una institución se resiste a cumplir un fallo judicial?

El Tribunal Superior de Justicia tendrá ahora que determinar cuál es el nivel de ejecución y cómo se está ejecutando la sentencia. No obstante quiero recordar que en comunidades como Madrid y Andalucía también en materia educativa se promulgaron decretos por los gobiernos del PP para aplicar el veto parental, que no se olvide.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha vuelto a quejarse en el Parlamento de la falta de medios de la Justicia en las Islas ¿Qué planes tiene para revertir esta situación?

Se trata de una situación estructural de nuestro sistema judicial que no solo ocurre en Canarias sino en toda España. Lo que sí sabemos es que tenemos un modelo de Justicia que está absolutamente superado y agotado, es como un agujero negro que traga todo lo que se le eche y resulta ineficaz y frustrante desde la gestión porque por muchos medios que pongamos no logramos tapar el sangrado. Desde el Ministerio abordamos un proyecto global en cogobernanza con todas las comunidades autónomas que pretende dar un revolcón a todo el sistema de Justicia porque cambia el modelo por completo.

¿En qué consiste ese revolcón judicial?

Ya no tendremos juzgados unipersonales sino un tribunal de instancia, con una oficina judicial que sustente ese tribunal donde se reparta equitativamente el trabajo entre sus integrantes. No se va a suprimir ningún juzgado del territorio, lo que pasa es que esos juzgados evolucionarán hacia tribunales de instancia y eso permitirá que las nuevas unidades judiciales se vayan incorporando y dotará de mayor flexibilidad a la organización judicial. Este nuevo modelo estará definido en la ley de eficiencia organizativa y también habrán otras leyes. La de eficiencia procesal introducirá medidas de agilización de los procedimientos y sistemas alternativos de resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje en algunos asuntos civiles y laborales. También hay que introducir medidas de agilización en la esfera contencioso administrativa y en el ámbito de la casación porque el Tribunal Supremo tiene un problema de congestión no solo por la falta de renovación del Consejo, sino también porque tiene una gran carga de asuntos. La tercera pata de este triángulo es la eficiencia digital para intensificar los expedientes digitales e incluso realizar juicios a distancia. Los juzgados de paz desaparecen y se convertirán en oficinas judiciales municipales, algo que beneficiará especialmente a Canarias.

Aquí hay una reivindicación permanente de dotar de medios al Instituto de Medicina Legal, colapsado por la llegada masiva de menores migrantes ¿qué planes hay?

El tema de la determinación de la edad de los menores es algo que preocupa mucho al Ministerio de Justicia y ya tenemos un anteproyecto de ley de determinación de la edad, que es una reivindicación del sector judicial pero también de las organizaciones sociales que trabajan con menores. El nuevo procedimiento otorga la competencia a los juzgados de menores y el objetivo es resolverlo en el plazo de un mes. El sistema permite que se hagan más tipos de pruebas y, sobre todo, vela por el interés del menor para que no se hagan pruebas invasivas como los desnudos integrales. La ley prohibirá este tipo de pruebas.

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