Justicia trabaja para determinar la edad de los menores migrantes en el plazo máximo de un mes

El Gobierno central continúa trabajando en el anteproyecto de ley que regulará un nuevo procedimiento para evaluar la edad de los menores migrantes. Una propuesta que incluye nuevos protocolos "más respetuosos con los derechos humanos". Así lo explicó esta mañana la ministra de Justicia, Pilar Llop, quién adelantó que la iniciativa puesta en marcha por el Ejecutivo exigirá que el proceso se complete en el plazo de un mes y prohibirá desnudar por completo a los menores para preservar su intimidad.

Llop aportó estos detalles durante su intervención en el 36 Congreso Nacional de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria bajo el título de 'Migraciones, Derechos Humanos y desigualdades'. La ley está ahora en trámite de anteproyecto y el Gobierno está pendiente de los informes de los órganos consultivos para elevarlo a segunda vuelta de Consejo de Ministros.

El protocolo de actuación actual es el siguiente: cuando los migrantes llegan a los puertos canarios la Policía Nacional hace la filiación de identidad. Si la persona manifiesta tener menos de 18 años pasa a un centro de menores y a estar bajo la tutela del Gobierno de Canarias. La Fiscalía de Extranjería abre expediente para determinar la edad. Las pruebas se realizan en los hospitales canarios y se remiten al Instituto de Medicina Legal para que efectúe los informes correspondientes que mandan luego a la Fiscalía de Extranjería.

La ministra aclaró que el nuevo procedimiento de determinación de la edad será competencia de los Juzgados de Menores y, sobre todo, deberá respetar los derechos humanos y prohibirá pruebas de carácter invasivo como son los desnudos integrales. Además, ha insistido en que en esta nueva regulación se "tiene en cuenta, en todo momento, el interés superior del menor" y se da respuesta a una reivindicación de hace muchísimos años de los colectivos y organizaciones en materia de protección de menores y de menores no acompañados, que piden procedimientos responsables y respetuosos con los tratados internacionales y los derechos de los niños. La ministra ha explicado que será un procedimiento de carácter integral, que implica a otras jurisdicciones como la Civil y de lo Contencioso Administrativo, y que se diseñan nuevo protocolos de actuación para las pruebas por parte del Instituto Nacional de Toxicología, en coordinación con los institutos de Medicina Legal, en cuanto a las pruebas que llevarán a cabo los médicos forenses.

Al llegar a las Islas los migrantes que son mayores de edad pasan a los recursos del Estado y muchos son repatriados, pero aquellos que se declaran menores van directamente a centros para chicos y son tutelados por el Ejecutivo regional. La Consejería de Derechos Sociales ha denunciado en varias ocasiones que con la oleada migratoria se producen retrasos de "varios meses" en las pruebas que determinan la edad lo que provoca un colapso de los centros que gestiona el Gobierno autonómico. Actualmente, según datos de Ejecutivo regional, en el Archipiélago hay 976 menores no acompañados pendientes de las pruebas. Desde consejería consideran que, de este grupo, "un porcentaje notable" es mayor de edad.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha apuntado esta mañana que el fenómeno migratorio "forma parte" prácticamente de las Islas, por lo que ha considerado que las soluciones "pasan por tener un sistema de protección de los derechos humanos que garantice la debida acogida, asistencia y también el cumplimiento de la normativa". Vallejo recordó que Canarias sigue siendo la comunidad que más menores no acompañados acoge, cerca de 2.500. "No podemos convertir esta tierra en el único punto de España a través del cual se presta asistencia, porque entonces la asistencia no es suficiente", añadió Vallejo, por lo que reclamó más solidaridad a resto de comunidades autónomas.

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Además, ha admitido que los recursos "siempre son escasos y nunca son suficientes para circunstancias como estas en las que efectivamente" se reciben a "más personas de las que seguramente" se pueden atender. Sin embargo, ha subrayado que "se están haciendo esfuerzos importantes" en el ámbito de la justicia, de los institutos de medicina legal de la Fiscalía y también desde el Gobierno de Canarias en el ámbito de Derechos Sociales para garantizar "sus derechos y la acogida digna de las personas que vienen".

Otros proyectos del Ministerio de Justicia

Llop aprovechó la inauguración del Congreso para anunciar otros proyectos puestos en marcha desde su ministerio, entre ellos el plan Justicia 2030. La ministra afirmó que los 25 millones de euros asignados a Canarias llegarán a las islas por completo entre este año 2022 y el próximo 2023. "Estos fondos se van a destinar a proyectos de digitalización y mejora de sistemas de gestión dentro del ámbito de la administración de la justicia canaria", aclaró. Hasta el momento han llegado 10 millones de euros.