LEY DE CIENCIA

El Congreso amplía los nuevos contratos científicos a los asistentes técnicos de los investigadores

Sobre una propuesta de Cs, una serie de grupos parlamentarios, desde el PP a ERC, acuerdan que los contratos de actividades científico-técnicas incluyan también al personal de asistencia y al de gestión administrativa aunque no tengan la titulación académica requerida

El Congreso amplía los nuevos contratos científicos a los asistentes técnicos de los investigadores
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La reforma laboral del Gobierno generó un estruendoso debate político y efectos sectoriales menos ruidosos, como el que se produjo entre los científicos de este país cuando descubrieron el limbo al que caerían a raíz de la desaparición de los contratos por obra y servicio. Muchos estaban acogidos a esta modalidad, relacionada en gran medida con la idiosincrasia del gremio. Los contratantes remuneran según el proyecto en marcha, en la mayoría de los casos. Por ello, a primeros de abril, el Gobierno aprobó un decreto para poner en funcionamiento cuanto antes una de las novedades de la futura ley de ciencia: los contratos de actividades científico-técnicas.

Taparon así el limbo y el hueco abierto hasta la entrada en vigor de la ley, que al ser un proyecto y proceder del Ejecutivo ha de seguir un trámite más lento, aunque también más concienzudo y eminentemente parlamentario. Pese a ello, los grupos, de acuerdo con la versión de las fuentes consultadas, presentes en la Comisión de Ciencia e Innovación y en la ponencia que se ha encargado de modificar el texto, han actuado con rapidez y si las previsiones se van cumpliendo, el Congreso enviaría la nueva ley al Senado durante la segunda mitad de junio.


/ epe

Antes del verano no aparecerá la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero ninguna de las fuentes duda de que sí lo hará a primeros de otoño. Entonces, podrá aplicarse un añadido al artículo que regula los contratos por actividades científico-técnicas, que es el 32 bis.

El precepto dice esto: "El contrato se podrá celebrar con personal con título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Grado, Máster Universitario, Técnico/a Superior o Técnico/a, o con personal investigador con título de Doctor o Doctora".

Y se le añade lo siguiente, y ésta es la novedad pactada en el Congreso: "Asimismo, se podrá celebrar con personal cuya formación, experiencia y competencias sean acordes con los requisitos y tareas a desempeñar en la posición que se vaya a cubrir".

Se trata, por ejemplo, de los trabajadores/as que llevan años manejando los equipos y la maquinaria de los proyectos, técnicos de laboratorio principalmente, y que por las circunstancias que sean no poseen las titulaciones enumeradas antes. Puntualizan las fuentes que estas situaciones son más excepcionales, pero buscan la flexibilidad contractual con el sector. Es un personal, además, "fundamental" por el apoyo que dan a los investigadores.

Como lo son también los "gestores", indica otra fuente, "los/las que se encargan del papeleo", los que tienen títulos universitarios en materias diferentes a la científica y, sin embargo, atesoran una experiencia acreditada en el sector. Un diputado implicado en las negociaciones lo resume así: "La enmienda está pensada para personal técnico en funciones de asistencia a la investigación principal y personal burocrático-administrativo".

El decreto que puso la primera piedra

El Congreso recibió el proyecto de ley de ciencia a mediados de febrero, dos semanas después de que el pleno avalara el decreto de la reforma laboral. Lo convalidó por los pelos, gracias al voto equivocado que emitió el diputado del PP Alberto Casero. Los científicos con contratos por obra y servicio se vieron abocados a una situación de inseguridad laboral y jurídica.

En pocos días, el Consejo de Ministros activó el decreto 8/2022 para hacer indefinidos los contratos afectados, a los que se acogen aproximadamente 30.000 personas, según los datos que aportó la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. Además, con este texto, que por el Congreso pasó con un respaldo abrumador, el Gobierno aprovechó para preparar el terreno de lo que sería la futura ley, en la que el presidente, Pedro Sánchez, ha puesto una alta expectativa política.

Pedro Sánchez.

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De hecho, el decreto, su exposición de motivos en concreto, comienza con una descripción oscura del panorama, una muestra de los desajustes que hay que reparar. "España ha perdido más de 5.000 investigadores/as en el periodo 2011-2016, según los Indicadores de la OCDE de Ciencia, Tecnología e Industria 2017, y aunque dispone de personal de alta cualificación, éste desempeña trabajos para los que está sobrecualificado, o está desempleado, o establece su carrera en el extranjero", remarca el texto. El envejecimiento del personal investigador constituye otra amenaza.

La reactivación del sistema nacional de ciencia forma parte del listado de compromisos que el Gobierno ha suscrito con la UE, cara a la recepción de los fondos. La reforma de la legislación, ya que la vigente data de 2011, es uno de los retos. El proyecto ha atravesado ya todas las fases y sólo le restan dos pasos: la aprobación del dictamen en comisión y la ratificación en el pleno. Si bien no hay fechas oficiales para ambos hitos, las fuentes sitúan el primero en la semana próxima y el segundo, tras las elecciones andaluzas. Si todo va según lo calculado, el Congreso alumbrará la ley el 23 de junio.

La coincidencia política

En tiempos de estridencia, motivada por el proceso electoral de Andalucía y por la ausencia de un bloque estable de alianzas parlamentarias, resulta que la actividad legislativa no cesa. Hace unos días salieron adelante las leyes del "sólo sí es sí", contra las violencias sexuales, y la audiovisual. Las mayorías que las propiciaron fueron dispares, no obstante, de ahí el ruido.

Por lo que indican las fuentes de la Comisión de Ciencia en el Congreso, no existe ahora mismo ningún grupo que se haya posicionado en contra del informe redactado por la ponencia, que ya está hecho y al que sólo falta la redacción definitiva. Los letrados de la propia Comisión están en ello, dando forma al dictamen.

La enmienda que extiende y flexibiliza los contratos científico-técnicos ha sido transaccionada por varios grupos. Cuentan las fuentes que está integrada en el texto final de la ponencia. Dado el respaldo logrado, nada indica que vaya a quedar fuera.

El artículo 23 bis es el que regula el objeto de los contratos de actividades científico-técnicos, que serán indefinidos y "no formarán parte de la Oferta de Empleo Público ni de los instrumentos similares de gestión de las necesidades de personal" a los que se refiere el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; asimismo, la convocatoria no estará limitada por "la masa salarial del personal laboral".


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Los requisitos para acceder a tales contratos son los reseñados antes, es decir, trabajadores científicos con títulos académicos relacionados, desde licenciatura a técnico superior; o bien con "la formación, experiencia y competencias", o sea, otras titulaciones. Los llamados "gestores de la investigación" ejercen un cometido de naturaleza diferente, reseña una de las fuentes, y no sería justo que quedaran fuera de los contratos que regula la ley. Como explica ERC en la enmienda que presentó: "si es personal investigador, se requiere titulación universitaria, pero si es personal de administración y servicios, la variedad en la titulación requerida es muy amplia, por lo que mejor dejarlo abierto". Y así ha sido.

Una curiosidad a modo de cierre: ERC y PP, en este punto, registraron por separado sus enmiendas, pero la redacción era exactamente la misma. Al final, se transaccionó con la de Cs, que ha servido de base, con la de JxCat y con las mencionadas de Esquerra y Partido Popular.

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