JUSTICIA INTERNACIONAL

La abogacía española activa la recopilación de datos para demostrar crímenes de guerra de Putin ante el CPI

Los abogados cuentan desde hace unos días con un cuestionario seguro para recoger testimonios, mientras se ha facilitado el 'papeleo' para la protección especial de la UE a más de 150.000 personas

Refugiados ucranianos cruzan el paso fronterizo con Moldavia.

Refugiados ucranianos cruzan el paso fronterizo con Moldavia.

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Los ciudadanos ucranianos que han huido de la guerra de Putin y han llegado como refugiados a nuestro país cuentan desde hace unos días con un "mecanismo seguro" de denuncia que permitirá convertir su traumática experiencia en pruebas constitutivas de crímenes de guerra por la agresión de Rusia a Ucrania ante la Corte Penal Internacional (CPI).

El fiscal ante este órgano, Karim Khan, ha manifestado ser competente para realizar las investigaciones que puedan incardinarse dentro de los marcos delictivos de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. De hecho, la Corte ha desarrollado un portal para denuncias de particulares de hechos que puedan ser constitutivos de esos delitos.

El instrumento creado por la Abogacía en España, -un cuestionario de tipo telemático- está a disposición de todos los abogados de nuestro país, y en especial de los dedicados a asuntos de extranjería, desde mediados del mes de mayo. Ello ha sido posible tras un complejo proceso que ha permitido garantizar la seguridad de la recepción y almacenamiento de la información que aporten estas personas, que es de carácter muy sensible según señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Blas Jesús Imbroda, presidente de la subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía (CGAE).

 El formulario permite a los abogados plantear la posibilidad de denunciar crímenes de guerra durante las asistencias jurídicas que prestan a personas ucranianas huidas de su país, siempre que sea con su expreso consentimiento, y salvaguardando los datos y la normativa existente para su protección, con el objetivo de que toda esta información sensible llegue de forma adecuada a su destino.

PASILLOS HUMANITARIOS Y EDIFICIOS CIVILES

Además de sus datos personales, los refugiados que colaboran con este asunto deben rellenar, en colaboración con su abogado, diferentes campos en el formulario digital donde se les inquiere de modo concreto sobre los hechos que sufrieron o de los que fueron testigos con el objetivo de aclarar si entran en la calificación de crímenes de guerra que exige el Estatuto de Roma.  

Constituyen crimen de guerra "todos los ataques a la población civil, a los pasillos humanitarios, a centros civiles donde está la población refugiada, a hospitales, a escuelas…", explica Imbroda. El sistema implementado permite igualmente aportar evidencias, pruebas gráficas y videográficas que permitirán constituir prueba ante el CPI. 

La concreción es importante, y permitirá establecer si hay prueba suficiente para hablar de alguno de los cuatro delitos sobre los que tiene competencia la Corte según el Estatuto de Roma de 1998, y que son los de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión (de la Federación Rusa contra Ucrania). 

Todos los cuestionarios que recojan los abogados españoles serán remitidos a un comité de expertos constituido por la Abogacía y del que forman parte, además de Imbroda, está compuesto por el juez José María Asencio, el catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Alicante Jaume Ferrer y el abogado David Querol, además de otros expertos en derecho internacional y justicia penal internacional. 

Todos ellos analizarán los expedientes -que llegarán almacenados de forma segura en un servidor de acceso restringido- para determinar su pertinencia y solidez, y posteriormente, si procede, remitirlas a la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Imbroda señala a este diario la importancia que se ha dado a la seguridad del tratamiento de los datos, que es lo que ha obligado a retrasar este proyecto durante casi dos meses y a reclamar a una empresa externa un informe de vulnerabilidad. 

En el fondo de todas estas actuaciones pivota el reconocimiento de las dificultades que entraña que Rusia ni siquiera reconozca la jurisdicción de la CPI. No obstante, según los abogados españoles, no se puede ni se debe renunciar a disponer de la prueba necesaria para el caso de que Putin o alguno de sus generales tengan que abandonar su país y recalen en un Estado que sí aplique el Estatuto de Roma.

ATENCIÓN A REFUGIADOS

Según la norma aprobada por la UE, a quienes huyen de la guerra se les otorga protección temporal en la UE, lo que significa que se les facilita un permiso de residencia, acceso al mercado laboral, acceso a la vivienda, asistencia social, asistencia médica o de otro tipo y medios de subsistencia. Toda esta gestión se está realizando a través de los cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Los abogados españoles, por el momento, han facilitado el 'papeleo' para obtener esa protección temporal a unas 150.000 personas procedentes del conflicto, de las cuales 95.000 lo han logrado gracias a la intervención de letrados de los colegios de Madrid y Barcelona según ha señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Emilio Ramírez, responsable del área de Extranjería en el Colegio de la Abogacía de Madrid.

 Ramírez trabaja estos días en la organización de una jornada de información, dirigida a Ucranianos, con el fin de que conozcan en qué consiste exactamente la protección temporal de la que gozan en la UE y cuáles son sus derechos y deberes. 

Desde el principio de la crisis, los abogados de Madrid trabajaron sobre el terreno, también en la frontera con Polonia y coordinados con el Colegio de Abogados de Varsovia, para canalizar a llegada de refugiados en régimen de reagrupación familiar o acogida temporal desde la propia frontera. Una vez establecidos, se busca que sus experiencias sirvan para documentar, y si es posible sentar en el banquillo, a los responsables de los crímenes de guerra.

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