Votos fantasma y una enmienda sorpresa: el estresante viaje en el Congreso de la ley audiovisual

En siete días, cuatro grupos que votaron una cosa, luego votaron otra. ERC ha pasado del sí al no; el PP, del no a la abstención; Unidas Podemos, del sí al no; y EH Bildu, de la abstención al no. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado para que una ley que estaba atada se haya convertido en un amago de crisis política de consecuencias imprevisibles?

El desenlace de la ley audiovisual ha sido increíble. El pleno del Congreso la ha aprobado con sólo 130 votos a favor, los del PSOE, PNV, Nueva Canarias y Coalición Canaria, entre ellos. Si no fuera por el viraje del PP, que ha elevado la cifra de las abstenciones a 131, una mayoría política la habría tumbado, asestando con ello un golpe muy duro al Gobierno, en concreto al PSOE, que se ha quedado solo en la defensa de una polémica enmienda.

Más que una enmienda, una palabra. Durante el trámite de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, el jueves pasado, el grupo socialista sacó adelante un texto alternativo al artículo 110 que únicamente reemplazaba "un" por "dicho". Y se lio una buena.

El sorprendente final del viaje

El citado artículo 110 define la categoría "productor independiente". Fue uno de las más grandes caballos de batalla de la tramitación de la ley, ya desde su aterrizaje en el Congreso, en diciembre del año pasado. Un diputado inmerso en el proceso de negociación advirtió a este medio en febrero que ese, junto a la publicidad, iba a ser el escollo más complejo. Así ha sido.

Con la justificación de acometer una corrección eminentemente técnica, el grupo socialista incluyó la sustitución del artículo indeterminado por el adjetivo. Tal y como explicó otro diputado, justo después de la sesión de la Comisión del jueves, con ello alteró completamente el mercado de las televisiones. Las productoras independientes, de poder contratar con cualquiera de los grupos empresariales dominantes, quedaban mucho más limitadas en sus oportunidades de negocio.

Nada más enterarse, el sector afectado emitió un comunicado en el que expresó "el estupor" por "los cambios que el Partido Socialista introdujo en las últimas horas" de la tramitación parlamentaria. Además de ensalzar "el cierre de filas" asociativo, los firmantes pronosticaron "el final de una industria floreciente y supuestamente estratégica para el país" de entrar en vigor la ley con la nueva redacción del artículo 110. Porque ese cambio, una sola palabra, "implica un cambio de enorme calado con consecuencias muy graves". Al cambiar la obligación de no vinculación con un solo prestador, al limitarla, transformaba en dependientes a la mayoría de productoras independientes. La repercusión económica es importante.

En principio, en Unidas Podemos, la reacción fue de enfado, pero un enfado controlado. El apoyo dado al dictamen en la Comisión no peligraba, pero sí el discurso. Sin embargo, cuando el portavoz del grupo en el Congreso, Pablo Echenique, anunció el martes pasado en rueda de prensa que su formación había reconsiderado el voto, las alarmas saltaron. Su homólogo socialista, Héctor Gómez, se mostró optimista con el diálogo reiniciado con las formaciones políticas con escaño. Ese optimismo se convirtió en un susto este jueves. El PP, con el que nadie contaba, salió al rescate.

Cuando ERC entró en los presupuestos

A finales de octubre del año pasado, Esquerra supeditó su posición en el debate de totalidad del proyecto presupuestario a la negociación de la ley audiovisual. De pronto, esta norma a cuya aprobación obligaba la UE saltó a la palestra. La formación independentista exigió el blindaje del catalán en el catálogo de las plataformas audiovisuales como Netflix, HBO o Disney+. A falta de unas horas para que expirara el plazo de presentación de enmiendas de devolución del texto, que ERC incluso había redactado, Gobierno y republicanos alcanzaron un acuerdo, aunque sin precisar. Habría un porcentaje de blindaje de producciones y emisiones en catalán.

Un mes después, a dos días de que los presupuestos se debatiera y votaran en el pleno del Congreso, el PSOE y ERC precisaron ese porcentaje, el 6%. Fue el resultado de una intensísima negociación, resuelta de madrugada. Intervinieron Félix Bolaños, Nadia Calviño, María Jesús Montero y Adriana Lastra, muestra del toque a rebato que dio el presidente, Pedro Sánchez. El portavoz independentista en la Cámara, Gabriel Rufián, dijo en privado que ha sido una de las negociaciones más duras que ha vivido. El 25 de noviembre, el pleno aprobó los presupuestos con 188 votos.

Primer revés

Estaba ya el proyecto en el Senado, a la espera de un trámite calmado, cuando el Consejo de Ministros dio el visto bueno al proyecto de ley audiovisual. Pocas horas necesitó Esquerra para darse cuenta de que ese 6% concernía sólo a las plataformas nacionales, por ejemplo Movistar y Filmin. El Ministerio de Asuntos Económicos explicó que no podía plantear semejantes imposiciones a corporaciones con sede en otros países europeos.

Rufián, que apenas se había recuperado del sofoco de la negociación anterior, convocó una rueda de prensa de urgencia para avisar al Gobierno que el paso de las cuentas por el Senado no estaba asegurado.

A mediados de diciembre, faltando un suspiro para que acabara el periplo de los presupuestos en la Cámara Alta, el acuerdo surgió casi de la nada. Una conversación cara a cara en los pasillos del Congreso entre Lastra y el propio Rufián cerró los flecos pendientes, relacionados con la forma de comunicado el pacto. Esquerra recurrió aquí a un comunicado.

15 millones de euros propiciaron el apoyo de ERC a las cuentas. Es la cantidad que recibirían las producciones en catalán año a año. Fue el segundo acuerdo en 20 días sobre una ley que ya entonces, y no había empezado 2022, era un quebradero de cabeza.

Un trámite pausado y un acelerón final de infarto

El Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, optaron por ralentizar la tramitación de la nueva regulación del panorama audiovisual, crucial en la recepción de los fondos europeos. Tampoco podían despistarse, ya que la UE estaba al quite. Se produjo entonces un primer temblor. El PNV registró una enmienda a la totalidad. Si bien luego la retiró, demostración de la prioridad que el Ejecutivo había dado a la norma, se destaparon llamativas diferencias políticas. En privado, socialistas y "morados" se manifestaron sus discordancias, principalmente relacionados con el artículo 110, el de los productores independientes.

El acelerón comenzó a darse el 5 de abril cuando el Ejecutivo transmitió a la Mesa una petición para que el procedimiento de transacción se hiciera por la vía de urgencia. En apenas unos días, los grupos presentaron las enmiendas y en la Comisión de Asuntos Económicos, en cuanto terminaron con la ley de telecomunicaciones, empezaron con la audiovisual. La duración de la ponencia fue un visto y no visto. Fuentes socialistas detectaron que ni PP ni ERC votarían en contra. Al primer partido lo ubicaron en la abstención; al segundo, en el sí. Era lo esperado tras todo lo que negociaron a finales de 2021.

Había cierta relajación en el PSOE, por tanto. Y cierto optimismo. Así acudieron a la Comisión que habría de aprobar el dictamen. El desenlace fue el esperado. Con Unidas Podemos, ERC y PNV avalaron el texto. EH Bildu y Cs se abstuvieron.

Desde entonces, la locura. Una palabra que ha hecho cambiar de posición a numerosos grupos, ha resquebrajado el bloque de la investidura y ha convertido al PP, al partido contra el que Pedro Sánchez ha arremetido en su comparecencia de este jueves, en aliado inesperado, pero fundamental.