Pleno del Congreso

El Gobierno cambiará la regulación del CNI y agilizará la nueva ley de secretos oficiales

Sánchez anuncia una reforma en la normativa orgánica de los servicios de inteligencia, que requiere de una mayoría absoluta que no tiene asegurada | El presidente subraya que no conocía las decisiones operativas del CNI y lanza un durísimo ataque contra el PP por su corrupción

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Juanma Romero

El 'caso Pegasus' no pasará en balde. El Gobierno aprovecha este capítulo para impulsar dos medidas claves que le ayuden a apaciguar la crisis con la Generalitat y en concreto con su socio de ERC: reformará la ley orgánica reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para reforzar "las garantías de control" y asegurar el "máximo respeto a los derechos individuales y políticos", y al tiempo también aprobará una nueva ley de información clasificada, que sustituirá a la vigente ley de secretos oficiales de 1968.

El presidente, Pedro Sánchez, solemnizó esos dos anuncios este jueves en el pleno del Congreso, en una comparecencia extraordinaria pedida por los grupos de la oposición sobre el espionaje a dirigentes y activistas independentistas. Especialmente relevante lo era el primero, que ya se venía preparando en los últimos días, máxime después de que se conocieran las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo. Y no deja de ser una operación arriesgada, ya que cambiar la regulación orgánica del CNI requiere de mayoría absoluta y, como observaban miembros del Ejecutivo ayer miércoles, el bipartito no tendría por ahora la mayoría garantizada para sacar adelante la iniciativa, por el presumible rechazo del PP y de los socios habituales. No del PNV, que sí ha empujado a favor y propuesto cambios en la normativa de los servicios de inteligencia.

El jefe del Ejecutivo alegó que ya es "impostergable" alumbrar una nueva ley que releve a la norma franquista de secretos oficiales (modificada mínimamente en 1978). Esta nueva norma, vieja reivindicación del PNV, ya estaba incluida en el Plan Anual Normativo de 2022, como también confirmó el ministro Félix Bolaños el pasado 11 de mayo en el Congreso, así que se desprende que el texto llegará al Parlamento en el segundo periodo de sesiones (de septiembre a diciembre de este año). El líder socialista argumentó que los cambios en la ley orgánica 2/2002, de control judicial previo del CNI, persigue dotar de más garantías a los derechos individuales de las personas. "Vamos a continuar trabajando para redoblar la seguridad y blindarla lo máximo posible en el futuro", remarcó, tras anunciar también que la directora del CNI (hoy, Esperanza Casteleiro, tras la destitución de Paz Esteban) acudirá anualmente a dar cuentas anualmente en el Congreso.

Los "avances normativos" se acompañarán "mayores compromisos presupuestarios", como el mayor gasto en Defensa y el refuerzo de las capacidades del CNI

Sí aseguró, para la "tranquilidad total" de los ciudadanos, que la legislación española es "incluso más garantista" que la de otros países europeos, porque existen controles de naturaleza política (la comisión de secretos oficiales), económica (vigilancia de los fondos reservados) y judicial. Y se han "reforzado" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (con más hombres y mujeres y mayores recursos), se ha aprobado la estrategia de ciberseguridad y se ha actualizado la estrategia de seguridad nacional. Pero ahora faltan "avances normativos" que han de acompañarse de "mayores compromisos presupuestarios", como el mayor gasto en Defensa y el refuerzo de las capacidades del CNI (en 2022 se ha logrado recuperar la dotación del centro a los niveles de 2008, por primera vez en 15 años, dijo).

Alineamiento de la directiva

Los "avances normativos" en el CNI que el Gobierno impulsará son necesarios, según sostuvo Sánchez, para afrontar con "éxito" y mayores garantías los retos tecnológicos y sociales de este nuevo tiempo "mientras cumple su misión", al tiempo que se hace necesario "reforzar los mecanismos de control". Además de los cambios en la ley orgánica, el presidente explicó que se alineará la directiva de inteligencia —la última es de 2019— al marco de la estrategia de seguridad nacional de 2021 para aumentar las capacidades de los servicios secretos y también se redoblará la cooperación entre el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI, y los organismos encargados de la ciberseguridad. Además, se tendrán en cuenta las recomendaciones que emita el Parlamento Europeo sobre el uso de un instrumento de vigilancia tan intrusivo con Pegasus.

Sánchez suma a la "corrupción financiera" de Gürtel y la "instrumentalización" de las instituciones con Kitchen la "corrupción democrática" de no asumir los resultados electorales

Sánchez arribó a esos anuncios después de recordar que la semana próxima se cumplirán cuatro años de su llegada a la Moncloa a través de una moción de censura al PP y en la que ya prometió que encabezaría un "Gobierno incompatible con la corrupción y comprometido con la regeneración democrática". Desde 2018, dijo, ha tratado de cumplir con ese mandato y ya no hay "bula para apropiarse de dinero público", ni "policías paralelas". Hoy, presumió, "se defiende la Constitución" con los métodos que proporciona la propia Carta Magna y "sin saltarse la Constitución". Expresaba así justo lo contrario de lo que ocurría con los populares en el poder, contra los que lanzó una fortísima andanada: "La opinión pública española asistía entre atónita e indignada a una cascada interminable de escándalos de corrupción de sus gobernantes, que con una mano recortaban y con otra cobraban sueldos en b".

A la "corrupción financiera que representa el 'caso Gürtel" y la "instrumentalización" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que supone la 'operación Kitchen', se sumaría, a juicio del presidente, la "corrupción democrática" del PP, el "no asumir los resultados democráticos" de las elecciones y pensar que "el poder es solo suyo". Pero esos ataques a los conservadores no eran más que el preludio de la parte mollar de su discurso, la relativa al funcionamiento de la seguridad nacional y al espionaje al independentismo y el que él mismo sufrió con el 'malware' israelí Pegasus.

Sánchez insistió, como ya había hecho su Gobierno, que el Ejecutivo sí marca las "prioridades" en materia de riesgos para la seguridad nacional, pero "no conoce ni decide las decisiones operativas de los servicios de inteligencia". "Ha podido pasar con otro Gobierno", dijo, aludiendo al PP, "pero les garantizo que con este no pasará, es la esencia de la democracia, la limitación del Poder Ejecutivo y su sometimiento a la máxima legalidad".

Es decir, que él no supo si en 2019, con él ya en la Moncloa, el CNI espiaba al que entonces era vicepresidente de la Generalitat y que hoy preside el Govern, Pere Aragonès. La tesis, pues, es la que ha venido sosteniendo la Moncloa todo este tiempo: que, "en el marco de la directiva de inteligencia", el CNI decidía y pedía la correspondiente autorización judicial al magistrado del Supremo. Sí reconoció el presidente que el contexto de aquel momento explica las escuchas: es "evidente" que de 2015 a 2020, con el referéndum de autodeterminación, la declaración unilateral de independencia, los "sabotajes" en muchos puntos de Catalunya o los "incendios" en las calles que siguieron a la sentencia del 'procés', la crisis fue "fuente de enorme preocupación para la seguridad nacional".

18 seguimientos, "y no 65"

Pero esos momentos "tan difíciles" son tiempos "pasados". "No digo que el conflicto político en Catalunya esté superado, queda mucha tarea por delante, pero lo hemos devuelto al territorio del que nunca debió salir, la política", gracias al "diálogo", a la vía del "encuentro, la negociación y el acuerdo", a la que el presidente dedicará "todas" sus energías y "determinación política" porque no hay "tarea más noble" que la de "trabajar en favor de la convivencia" de los españoles. El presidente lamentó que la confianza en la interlocución con la Generalitat, que "tan buenos resultados" está arrojando, se haya "deteriorado". La mesa de diálogo es la "respuesta" del Ejecutivo. "Mi apuesta personal y rotunda es reanudar el diálogo con las instituciones catalanas para construir concordia", subrayó, elogiando la "valentía y el coraje" de quienes apuestan por el reencuentro frente a "quienes quieren romperlo todo y volver a 2017. Ahí estaba cumplimentando a ERC, echándole un capote frente a Junts.

El presidente reitera su apuesta "personal" y "rotunda" por el diálogo y, en un capote a ERC, elogia la "valentía y coraje" de quienes apuestan por esa vía

Sánchez, por vez primera, manifestó sus "dudas razonables" —como por cierto le pedían en su grupo— acerca del informe de Citizen Lab que espoleó la crisis con el Govern y que apuntaba a que más de una sesentena de dirigentes y activistas soberanistas habían sido espiados con los programas israelíes Pegasus y Candiru. Los afectados "merecen la empatía" del Ejecutivo, afirmó, pero, como contó la ya cesada directora del CNI y pudo comprobar el Defensor del Pueblo, los servicios de inteligencia españoles espiaron a 18 independentistas con el aval judicial, "no 65". Y subrayó que el propio informe de Citizen Lab reconocía la "imposibilidad de atribuir las operaciones de 'hackeo' a una entidad específica", por lo que una cosa son las "inferencias de una investigación académica" y otra los "hechos probados".

El líder socialista hizo hincapié en que la acción del CNI y los autos del juez se realizaron con "pleno respeto a la legalidad vigente". De modo que "la gran mayoría de los móviles afectados" por la intrusión con Pegasus, explicó, lo han sido "por actores desconocidos" (¿Marruecos?), como le ocurrió al propio Gobierno, ya que los terminales de Sánchez y de sus ministros de Defensa e Interior fueron 'hackeados' en 2021, y también sufrió un intento de ataque el dispositivo del responsable de Agricultura. El presidente presumió de "transparencia", de haber dado a conocer lo sucedido, y de "colaboración" máxima con la Justicia. Colaboración que seguirá, porque "toda solicitud de desclasificación" de documentos que reclamen los jueces "será atendida con la mayor celeridad". Cerraba así la puerta a que el Gobierno levante el secreto de oficio sobre las autorizaciones judiciales del seguimiento a los independentistas.

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