El taxi contra Ayuso: huelga el 1 de junio por la nueva regulación VTC

Hartos de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, hayan “mentido al colectivo una vez más”, los profesionales del taxi han convocado una manifestación para el próximo 1 de junio que recorrerá “las principales calles de la capital” hasta la Real Casa de Correos. Así lo ha confirmado la Federación Profesional del Taxi de Madrid, la FPTM, que ha expresado su rechazo ante la “decisión de la CAM de ahogar el sector” con la modificación de la Ley de Transportes que permitirá a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) seguir circulando a partir del próximo mes de octubre.

De esta forma, según los taxistas de la capital se está poniendo “al borde del precipicio a más de 25.000 familias en pro de grandes grupos inversores”, asegura el presidente de la FPTM, Julio Sanz. Aprobado el texto a principios de mes en el Consejo de Gobierno de la comunidad, los profesionales del taxi consideran que se ha confeccionado un “traje a medida” para las empresas que operan los VTC.

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"Ante esta situación, sólo podemos esperar que el resto de grupos políticos muestren interés por la situación agónica que atravesamos en el sector y que se posicionen del lado de los autónomos de la región. De lo contrario, estarán apostando por una economía que vele por los intereses de grandes corporaciones y precarice y deje atrás a los trabajadores del sector", ha reclamado el presidente de la FPTM.

El pasado día 4, el Gobierno regional aprobó el proyecto de Ley para que los VTC puedan seguir operando a partir de octubre, aunque, eso sí, seguirán sin poder acceder a las condiciones reservadas en exclusiva para el taxi, como son la recogida en la calle o las paradas específicas. “La aprobación de este texto, del que además tenemos serias dudas jurídicas, es un traje hecho a medida para las empresas de VTC que cuentan con vínculos con el partido de Isabel Díaz Ayuso”, critica Sanz. 

Esto, que para ellos es un “atropello normativo y moral”, se ha perfilado, además, “sin contar con el sector”, y aseguran que, según el estatuto de autonomía y la propia doctrina del Tribunal Supremo, el Gobierno regional no tiene competencias plenas para llevar a cabo esta modificación legal.