RESIDENCIAS

Gobierno y autonomías aplazan el acuerdo sobre el nuevo modelo de residencias

Algunas autonomías consideran que el Gobierno no pone suficiente dinero encima de la mesa

Gobierno y autonomías aplazan el acuerdo sobre el nuevo modelo de residencias
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Patricia Martín

El Gobierno y las Comunidades Autónomas han acordado posponer la votación en torno nuevo modelo de residencias. Este miércoles se ha reunido el Consejo Territorial de Servicios Sociales pero en la reunión no se ha llegado a votar la última propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, ya que algunas autonomías han mostrado su oposición a un pacto que apuesta por centros residenciales más parecidos a hogares y con más personal.

Algunas administraciones territoriales consideran que el Gobierno no pone suficiente dinero encima de la mesa mientras otras piden más tiempo para estudiar la propuesta y llegar a un consenso. Entre los presidentes autonómicos más combativos con el modelo impulsado por la ministra Ione Belarra se sitúa el castellano manchego, Emiliano García-Page, quien cree que el nuevo modelo es "arriesgado" y que “si no se hacen las cosas bien, puede poner en riesgo miles y miles de puestos de trabajo vinculados al sector privado del ámbito residencial y de la tercera edad”.

El Gobierno lleva buscando un acuerdo desde hace meses con expertos, la patronal y los sindicatos, dado que la pandemia ha puesto de manifiesto que la atención en los geriátricos y a las personas dependientes tiene muchos déficits. El sector y las familias llevan años pidiendo más personal y medios, pero sus demandas no han sido escuchadas hasta que el virus ha puesto el problema en la agenda de las administraciones.

En este contexto, el Gobierno propugna un nuevo modelo residencial que ponga fin a las macroresidencias y donde se creen ambientes parecidos a los de un hogar. La última propuesta de Derechos Sociales fija que los centros que se proyecten a partir del acuerdo no superen las 75 plazas cuando se sitúen en zonas rurales y las 120 cuando se ubiquen en ciudades. Además, la vida en las residencias debería organizarse en pequeñas unidades de convivencia formadas por un máximo de 15 personas, donde haya una sala de estar, un comedor y un espacio para preparación de comidas.

Más personal

Además, el Ejecutivo prevé que el 65% de las habitaciones sean de uso individual en las plazas públicas de nueva construcción y que todas las habitaciones tengan acceso a baño adaptado. Se prevé además que los residentes y sus familiares participen en la decoración de los espacios donde van a residir, permitiendo la incorporación de su mobiliario y enseres personales.

Uno de los puntos fuertes del nuevo modelo es la mejora de las ratios de personal, respecto a las establecidas en 2008. Así, para la atención directa de primer nivel, el Ejecutivo quiere pasar de 0,28 trabajadores por residente como máximo a 0,43 en los geriátricos y de 0,44 de máximo a 0,50 en las residencias de personas con discapacidad en 2029.

Fuentes de Derechos Sociales han señalado este miércoles que el departamento capitaneado por Belarra "confía en tener un acuerdo a lo largo del próximo mes en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta un trabajador por cada 2 residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales y se establezcan núcleos de convivencia de 15 personas como máximo".

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