ACUERDO PARLAMENTARIO

PSC, ERC, Junts y comunes salvan el consenso lingüístico y pactan una nueva ley sobre el catalán

Los cuatro partidos logran pactar un nuevo texto legislativo que acompañará al decreto del Govern para encajar la sentencia del 25% de castellano en las aulas de Cataluña

PSC, ERC, Junts y comunes salvan el consenso lingüístico y pactan una nueva ley sobre el catalán
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Tres meses después de que saltara por los aires un pacto que tan sólo duró ocho horas, los partidos han reconducido la situación y han pactado una nueva salida a cuatro para impulsar retoques a la inmersión lingüística que encajen la sentencia que exige un 25% de clases en castellano en las aulas de CataluñaPSC, ERC, Junts y comuns han cerrado este lunes un nuevo acuerdo lingüístico que esquiva los porcentajes y que pretende acomodar el catalán como lengua vehicular y el castellano como lengua curricular, según el ámbito sociolingüístico del centro educativo.

La posconvergencia se descolgó del pacto inicial al constatar que una parte del independentismo era reacia al redactado, pero la presión -y la paciencia- de los otros tres promotores allanó un final consensuado que pasa por una respuesta doble. De un lado, a nivel parlamentario, se impulsará una nueva ley "sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria", así que no se reformará la ley de política lingüística y habrá algunos cambios en el redactado del 24 de marzo.

Así, se dejará claro que la lengua catalana es "normalmente empleada como lengua vehicular" mientras que el castellano es "empleado en los términos que fijen los proyectos educativos", eso es, curricular, al tiempo que estos serán validados por el Departament d’Educació –manteniendo, eso sí, la autonomía de los centros- siempre atendiendo a la realidad sociolingüística del centro en cuestión, y con el fin último de que la presencia de una u otra lengua tenga que ver con criterios pedagógicos.

Por otro lado, el Govern, vía decreto ley, explicita el veto o la eliminación de cualquier porcentaje y apunta que los proyectos lingüísticos son acreditados por Educació, que asume la responsabilidad legal sobre ellos, eximiendo a los equipos docentes de cualquier posibilidad de ser perseguidos.

La interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya fijaba el 31 de mayo como plazo máximo para cumplir con su directriz que se concreta en que, además de la asignatura de lengua castellana, los colegios deberían impartir otra asignatura en castellano y esta debería ser troncal. La nueva ley será tramitada por lectura única y por urgencia extraordinaria para que pueda ser aprobada en el próximo pleno, previsto para este miércoles y jueves en el Parlament.

La ley irá acompañada de un decreto del Govern que ejercerá un papel complementario. Si en el texto legislativo se apunta a que el criterio que prevale es el pedagógico y la educación en proyectos, en la iniciativa que promulgará el Govern (y que debe ser validado por el Parlament, veremos con qué apoyos porque, en este particular, el PSC se baja del bus) se define quién y cómo diseña y valida estas iniciativas educativas. Una forma de proteger a los directores de los centros, porque la responsabilidad recaerá en la Conselleria de Educació.

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