DEVOLUCIÓN DE LA TASA DE RESIDUOS

El PSOE se acerca a ERC con una reforma encubierta y puntual de la financiación autonómica

  • El Partido Socialista aprovecha el trámite de enmiendas de un proyecto de ley dirigido a reforzar la lucha contra el terrorismo para modificar las leyes de financiación autonómica

  • El objetivo es incluir el impuesto de residuos entre los tributos cedidos a las comunidades y, así, satisfacer una reclamación que hizo ERC precisamente tras aprobarse la ley de residuos

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (i) saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) a su llegada ayer a la última jornada de la Reunión del Cercle d’Economia. EFE/Andreu Dalmau

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (i) saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) a su llegada ayer a la última jornada de la Reunión del Cercle d’Economia. EFE/Andreu Dalmau

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El diccionario de la Real Academia Española define "encubierto", en su primera acepción, como "oculto, no manifiesto". El modo con el que el PSOE plantea una reforma puntual y concreta de la ley de financiación de comunidades autónomas cabe en esa acepción. El objetivo que persigue es la inclusión en la lista de los impuestos cedidos a las autonomías de la tasa sobre "el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración". Hasta aquí, sin problemas. La "gracia" está en el método.

Porque el método pasa por una ley que no tiene nada que ver con lo que se cuenta en el primer párrafo de esta información. Es el proyecto de ley orgánica por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, en especial el terrorismo. Han leído bien. No hay alusiones a la financiación autonómica ni a la tasa de residuos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a una reunión del Consejo de Ministros.

/ DAVID CASTRO

Pero el PSOE, en sus enmiendas, alude a estas cuestiones. Propone la reforma de varios artículos de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), de 1980, y la Ley de financiación de las comunidades de régimen común y de las ciudades autónomas, de 2009, para blindar la cesión del impuesto de los residuos, tal y como demandó ERC durante el debate de la propia ley de residuos en diciembre de 2021 y el pasado marzo. Es una ley que entró en vigor recientemente y que la formación catalana rechazó: consagraba un tributo que derruía el canon que al respecto llevaba manejando años la Generalitat. Sus representantes tacharon la maniobra, impulsada por Hacienda, de invasión competencial y "precedente peligroso".

Las enmiendas trazan un camino directo hacia la devolución de la titularidad de la tasa, lo que en un contexto político de máxima tensión entre el PSOE y ERC es un gesto claro de acercamiento. En el grupo parlamentario de Esquerra supieron de las intenciones del grupo socialista este mismo miércoles. Enseguida, remitieron los textos al Govern, en donde se están estudiando con detalles las propuestas.

Fuentes del grupo republicano eluden hablar de acercamiento, incluso de intento de acercamiento, pero al mismo tiempo reconocen que el mensaje da respuesta a una reclamación que habían formulado para zanjar el conflicto competencial creado con la ley de residuos: reformar la LOFCA. Si bien el PSOE, durante la negociación de dicha norma, logró una especie de modelo transitorio (el nuevo impuesto estatal empezaría a aplicarse el 1 de enero de 2024), Esquerra no aceptó.

Por tanto, lo que no propició la ley de residuos, puede que lo propicie una ley de lucha contra el terrorismo.

La ley que sirve de pretexto

La Comisión de Interior del Congreso se está encargando del trámite. El plazo de enmiendas acabó hace pocos días; los diputados están trabajando con celeridad. Fuentes de este órgano parlamentario señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la idea es aprobar la ley a primeros de junio. Que se trata de una norma urgente es algo de lo que se han dado cuenta los parlamentarios que han comenzado a estudiar el texto, pues obliga una directiva europea y hace meses que tendría que formar parte del ordenamiento legislativo español. Cuando los tiempos se incumplen, la UE sanciona.


/ epe

En líneas generales, busca el refuerzo de la seguridad y la mejora del enjuiciamiento de los delitos financieros, así como la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención de los delitos fiscales. No obstante, a través de sucesivas directivas europeas desplegadas a lo largo del presente siglo, la orientación se ha encaminado claramente al combate al terrorismo. De hecho, según se indica en la exposición de motivos del proyecto, los atentados cometidos en París y en Bruselas en 2015 y 2016, respectivamente, supusieron una amenaza a "la paz y la seguridad de la Unión Europea" y "obligaron a fortalecer la lucha contra la financiación" de los terroristas.

La última de esas directivas, de 2019, persigue justamente lo mismo que el proyecto de ley cuya tramitación acaba de iniciar la Comisión de Interior: el uso de información financiera para investigar y enjuiciar infracciones penales. En la Agenda Europea de Seguridad consta este mismo fin. Es curioso que entre los procedimientos por los que aboga la futura norma aparecen algunos que se asemejan a polémicas de la actualidad política. Tal y como reseña uno de los integrantes de la Comisión a este medio, el proyecto sortearía determinadas autorizaciones judiciales. Pese a ello, no está en riesgo, de momento, el desenlace exitoso del trámite, ni siquiera el ritmo del proceso, que será muy rápido, por el fin antiterrorista.

Las enmiendas del PSOE

Se registraron el pasado día 11. En total, entre todos los grupos, son una veintena. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha accedido a ellas, ya que en la web del Congreso no se han colgado aún.

Usar una ley orgánica para, vía enmiendas, intentar cambiar otra ley orgánica no es un práctica ni novedosa ni irregular, pero no por ello no deja de sorprender. El PSOE ha visto la oportunidad para plantear una serie de modificaciones que se corresponden con lo que tanto el Govern de Pere Aragonès como su organización política, ERC, han pedido. La participación de los 13 diputados/as de Esquerra en el juego de mayorías del Congreso facilita mucho la aplicación de la agenda legislativa del Gobierno de coalición.

Pere Aragonés, en una sesión del parlamento catalán.

/ epe

Así, el grupo socialista propone usar la ley contra la financiación del terrorismo o de otras actividades criminales para cambiar el artículo 11 de la LOFCA, y así, añadir al listado de impuestos que "sólo pueden ser cedidos a las Comunidades Autónomas" el de depósito de residuos en vertederos, incineración y coincineración. Acto seguido, pide modificar el 19.2 para delimitar las competencias normativas sobre tales tributos, que en el caso del de los residuos es "la regulación de los tipos impositivos y de la gestión".

Hay más. El PSOE quiere añadir una nueva disposición transitoria, la cuarta, para determinar que la configuración y aplicación del impuesto cedido ha de ejecutarse mediante una serie de acuerdos enmarcados, a su vez, en los ámbitos institucionales de cooperación para la financiación autonómica, esto es, los órganos bilaterales y el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En lo que respecta a la reforma de la ley de 2009, también puntual, los socialistas, entre otras medidas, plantean por medio de una nueva disposición final de la ley de blanqueo incorporar un nuevo artículo 44 bis, y con él, fijar la cesión a las comunidades autónomas del rendimiento del impuesto de residuos, lo que vendrá reconocido por la ubicación en el territorio del vertedero o de la instalación en la que "se entreguen los residuos objeto del impuesto".

Otro artículo nuevo, esta vez el 52 bis, define el alcance de las competencias normativas: para el de residuos consistirá en la opción de incrementos los tipos de gravamen aplicables a cada una de las categorías de residuos e instalaciones previstas, justo, en la ley aprobada en marzo y en vigor desde el pasado mes de abril. Lo que no podrán regular es "la clasificación de residuos y de instalaciones".

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